Desde Santa Fe

La Fiscalía de Estado ya cumplió cinco años sin poder constituirse como querellante en la causa por el vaciamiento del ex Banco Provincial, desde 2016. Ayer era el Día D para lograrlo, pero la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe suspendió la audiencia por dos supuestas razones: 1) La renuncia de uno de los defensores, el abogado Marcelo Gervasoni, quien representaba a dos ex directivos del Banco que están señalados en el expediente. 2) Y los tiempos su melliza, la Oficina de Gestión Judicial de Rosario, que “no pudo producir la notificación fehaciente” a otro ex director que también está bajo la lupa, según fuentes judiciales.

La audiencia para que la Casa Gris sea querellante en la causa parece la audiencia que nunca se hace. La suspensión de ayer es la segunda en tres meses. El 1º de setiembre, la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe (OGJ) también la suspendió poco después de que el juez Pablo Busaniche declarara la prescripción de la acción penal y ordenara su archivo. El magistrado es hijo del empresario Osvaldo Busaniche, ya fallecido, que era uno de los 20 principales deudores del Banco, por una cifra millonaria.

Así como la audiencia de setiembre se postergó sin fecha, la de ayer también, por lo tanto ni el jefe de la OGJ sabe cuándo se realizará la próxima, que será la tercera. La de esta semana era una audiencia de constitución de querellante desdoblada en dos jornadas. El lunes, debía formalizarse el pedido de la Fiscalía de Estado para ser parte en el expediente. Y hoy, le tocaba el turno a la Asociación Bancaria, que presentó la primera denuncia en 1990 cuando estimó el costo del vaciamiento del Banco Provincial en 500 millones de dólares.

La Fiscalía de Estaco comenzó a analizar la posibilidad de querellar en el juicio, en junio de 2016, cuando el ex gobernador Miguel Lifschitz instruyó en ese sentido al entonces fiscal de Estado Pablo Saccone. Dos meses antes, en abril, la Cámara Federal de Rosario (Sala A) había ordenado la reapertura de la investigación al considerar que la causa no estaba prescripta. Un fallo histórico.

El 30 de junio de 2016, la Cámara de Diputados apoyó la decisión de Lifschitz de constituir a la provincia como querellante en la causa. Pero al día siguiente, el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, se declaró incompetente para intervenir en el proceso y decidió mandar el expediente a los Tribunales de la provincia.

A partir de ahí, comenzó el ping pong. El agosto de 2017, la Fiscalía de Estado solicitó ser parte querellante, pero el juez Rodríguez le respondió que ya no era competente y había dispuesto que la causa pasara a la justicia ordinaria. En realidad, Rodríguez la mandó a la provincia recién en octubre de 2018.

El expediente quedó radicado en el Ministerio Público de la Acusación, en el ámbito del fiscal regional Carlos Arietti, que recién se reactivó en agosto de 2021, cuando el juez Pablo Busaniche declaró “extinguida la acción penal” y el pase al archivo. El viernes pasado, los fiscales de Arietti apelaron el fallo Busaniche.

Mientras tanto, la Fiscalía de Estado espera constituirse en querellante, algún día, aunque ya pasaron cinco años del primer intento.