"En 2002 Santa Fe era la octava provincia más violenta del país y en 2015 pasó a ser la primera". En ese lapso 16 distritos lograron bajar su tasa de homicidios, mientras que esta provincia tuvo un panorama opuesto y fue la de mayor crecimiento en su índice. Esta es la principal conclusión del informe "Análisis de los homicidios dolosos en Santa Fe 2001‑ 2016" realizado para una maestría de la Universidad Nacional de Rosario y presentado esta semana por el diputado provincial el bloque Frente Justicialista para la Victoria, Leandro Busatto. "Me preocupa y se ve en las estadísticas que haciendo una comparación entre la ciudad y la provincia entre 1991 y 2011 la provincia nunca había llegado a un promedio de 10 homicidios cada 100 mil habitantes y desde 2012 nunca bajó de allí" dijo el legislador. En tanto según el Ministerio de Seguridad santafesino en 2016 el total de homicidios en toda la provincia fue de 361 con lo cual la tasa se ubicó en 11.27 cada 100 mil habitantes. De confirmarse estas cifras los crímenes habrían descendido un 10 por ciento el último año en todo el territorio santafesino.
Lejos del optimismo Busatto explicó que "en la capital provincial hay que poner ese dato en perspectiva. Venimos de tres años que han sido récord y ese descenso nos sigue manteniendo en un nivel de inseguridad alto. En 2016 la ciudad de Santa Fe tuvo una tasa de 30 homicidios cada 100 mil habitantes, igualándonos a Johannesburgo, Medellín o Río de Janeiro" disparó.
"Es indudable que hay un endurecimiento de la violencia de los homicidios dolosos y evidentemente no es advertido o pretende ser ocultado por el Gobierno provincial", dijo Nicolás Lovaisa autor junto a Alejandra Escalas, del trabajo para la Maestría en Comunicación Digital Interactiva dictada por la UNR. El especialista agregó: "Salen a decir que los homicidios bajan y es cierto en 2017, pero hay que ver dónde estabas cuando comienzan a caer las cifras. Hay claramente una consolidación de los homicidios en la provincia y la ciudad capital desde 2012 y el Gobierno no hace ninguna autocrítica".
El informe también compara la inversión presupuestaria en distintos aspectos como seguridad, educación u obras públicas de los últimos gobiernos provinciales. En este punto Lovaisa encontró que "la gestión de Antonio Bonfatti fue la que más policías ha incorporado en la provincia si comparamos las últimas cuatro". "Ha entendido que la respuesta a la cantidad de homicidios era con más policías en la calle y evidentemente no resultó. En 2001 había un policía cada 197 habitantes y en el 2016 hay uno cada 131. La situación no mejoró, sino empeoró", razonó.
Por otra parte, cotejando las inversiones de los gobiernos de Binner, Bonfatti y Obeid se puede observar que se han mantenido los niveles en cuanto a seguridad y educación aunque en las gestiones socialistas bajó levemente en desarrollo social. En contrapartida ha sido fuerte la disminución en obras públicas. "Esta inversión favorece a los sectores más desprotegidos básicamente porque requiere de mano de obra no calificada y eso hace que haya más fuentes de trabajo", explicó. "Estábamos en un promedio del 9 por ciento del total ejecutado en el gobierno de Obeid y en los últimos cuatro años, los de Bonfatti, finalizaron en un 2 por ciento de promedio", detalló Lovaisa al portal de noticias de la Radio Universidad Rosario.
Conflictos interpersonales
El trabajo señala que desde hace unos años, los partes policiales, de los cuales luego se nutren los medios periodísticos, califican como "conflictos interpersonales" a un gran porcentaje de homicidios que se cometen. El Gobierno Provincial ha incorporado ese rótulo. Tal es así que en su página web se destaca que, en 2015, "en el marco de las políticas implementadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se procedió a la apertura del Registro provincial de Mediadores y Comediadores, para los nodos Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y, por primera vez, el nodo Reconquista", con el fin de "desjudicializar la Solución de Conflictos Interpersonales".
"La implementación de estos métodos es fundamental en un contexto de significativo aumento de los conflictos interpersonales, que tienen su origen, entre otros factores, en la complejidad y exigencias de la vida actual, en el incrementos de los niveles de violencia y en distintas formas de discriminación", afirma el Gobierno.
A su vez, el Ministerio Público de la Acusación, en su informe de 2014, sostiene que en 6 de cada 10 homicidios cometidos ese año "víctima y victimario se conocían". El MPA sostiene que estos datos "surgen de los legajos" y conforman el 56.1% de los crímenes.
El dato relevado por el Ministerio Público de la Acusación, sobre que en 6 de cada 10 asesinatos había un conocimiento previo entre la víctima y el presunto victimario es importante, pero no explica ese porcentaje de crímenes al que hace referencia.
"El gobierno de Bonfatti entendió que la respuesta a la cantidad de homicidios era con más policías pero no resultó".
Para el ex Ministro de Seguridad Leandro Corti, "hay una distorsión entre lo que es la percepción social, se dice que la mayor cantidad de homicidios se da por asuntos intrafamiliares o hubo un conocimiento previo entre víctima y victimario y esto es falso". "Acá hay un anclaje en el territorio de contienda y disputas de distintas bandas", agrega.
"Pareciera que no son un asunto público. Se le niega carácter público y se la limita a una cuestión entre particulares donde el Estado, entonces, poco puede hacer. Es meter la basura debajo de la alfombra, es falsa, es no hacerse cargo de que hoy una parte importante de esos homicidios tienen que ver con expresiones de criminalidad organizada. Ahí debe hacer una política judicial, investigativa, suficiente. Y eso hoy tampoco se ve", agregó el ex funcionario.
Por su parte, el criminólogo Máximo Sozzo, director del programa "Sociedad y Delito" de la Universidad Nacional del Litoral, sostiene que la categoría "conflictos interpersonales" tiene el riesgo de "convertirse en un vehículo para esconder que algunos de esos conflictos están vinculados a mercados ilegales". "Se necesita un nivel de información mucho más profundo. Se requiere un trabajo muy serio en la producción de la información para diferencias esas situaciones. Es indispensable ese dato si queremos dar un debate serio, de lo contrario se construyen escenarios con datos endebles", puntualizó.
"Es absolutamente necesario para intervenir, porque no se interviene igual si los problemas son entre familiares, que si nace de la competencia del territorio por la distribución de drogas ilegales. Las respuestas estatales no pueden ser las mismas, por lo que se necesita afinar esas categorías", insistió el criminólogo.
