El juez federal Ariel Lijo procesó al represor Jorge Carlos Radice y a su hermana Norma Berta Radice por haberse apoderado de los bienes de las personas que estaban secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), haberlos incorporado a su patrimonio y después haber –mediante el lavado de activos– procurado alejarlos de su origen ilícito –o, mejor dicho, manchado con sangre–.

Radice integró hasta fines de 1979 el grupo de tareas que operaba en la ESMA, el GT3.3.2. Él cumplía tanto tareas administrativas como operativas. Dentro de las primeras, estaba apropiarse de cuanto tenían quienes caían en las garras de las patotas de la Armada. Para esas tareas, Radice pasaba a llamarse “Juan Héctor Ríos”.

Entre otras cosas, la patota de la ESMA se quedó con propiedades de personas secuestradas o desaparecidas, incluso con caballos de carrera e hizo firmar poderes para hacer lo que sus integrantes quisieran con sus bienes. En ese armado, Radice jugó un rol preponderante al ser contador al igual que su hermana menor, Norma Berta.

El plan del robo de bienes –que la justicia federal investiga desde 2007– contempló dos fases: el desapoderamiento y el posterior lavado para disimular de dónde salían el dinero o las propiedades. Para Lijo, Radice fue inicialmente quien pergeñó el modo de alejar de su patrimonio los bienes objeto de delito. Para eso, usó, dice el juez, a su hermana y a quien era su pareja –una exdetenida-desaparecida de la ESMA–.

Desde finales de los años ‘70 hasta ahora, los Radice intervinieron en, al menos, nueve operaciones inmobiliarias. Compraron dos unidades funcionales en Besares 2019 –que era una propiedad que había sido adquirida por un detenido-desaparecido–. En ese lugar funcionó Croma SA, una empresa que habían montado los represores de la ESMA para grabar comerciales y videos. Croma funcionaba gracias a la mano de obra esclava que proporcionaban quienes estaban detenidos ilegalmente en el centro clandestino. Los Radice también se quedaron con una propiedad ubicada en Warnes 350/52, que había pertenecido a Marcelo Hernández y quien, mientras estaba cautivo, debió firmar un poder general en favor de “Juan Héctor Ríos” –Radice–. Allí funcionó una de las inmobiliarias de la ESMA, al igual que en Jaramillo 3083/87, una propiedad que fue adquirida por el padre de los Radice en octubre de 1978.

Los Radice tuvieron once autos durante el período, tres embarcaciones y cinco caballos de carrera –robados a Conrado Higinio Gómez–. Además, se valieron de un entramado societario con ramificaciones en distintos países y en el que también participó el fallecido Miguel Ángel Egea.

Tanto Radice como su hermana fueron procesados por lavado de activos, un delito que prevé penas de hasta diez años de prisión. Lijo no les dictó la prisión preventiva. De todos modos, Radice –condenado a prisión perpetua– está preso en el penal de Ezeiza. Norma Berta no podrá salir del país.

En la investigación sobre el lavado de activos intervinieron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –convocada por el fiscal Eduardo Taiano–, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. La Unidad de Información Financiera (UIF) es también una de las denunciantes en la causa.