A seis meses de radicadas las denuncias, por acoso y privación ilegítima de la libertad con fines sexuales, contra el actual intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, los abogados de las víctimas, Natalia Páez y Luis Muñoz y Pérez, realizaron pedidos de imputación y pronto despacho para que la fiscala en comisión, Antonella Kranevitter, impute e indague al funcionario público.
Según confirmaron los letrados a Catamarca/12, ya se concretaron todas las pericias solicitadas por las querellas y también por la Fiscalía, pero no hubo resoluciones al respecto. Es por esta razón, que ambos presentaron pedidos de imputación y posteriormente solicitudes de “pronto despacho”, con el objetivo de lograr que haya resoluciones en causas.
En este contexto, Páez contó que ayer fue notificada por la fiscala formalmente. “Dispongo que pasen los autos a despacho para resolver lo que por derecho pudiere llegar a corresponder”, señala el documento. Según la abogada, el tiempo que otorga el Código de Procedimiento para resolver en este caso es de 5 días hábiles, por lo que “pronto deberían haber novedades” sobre las acusaciones.
La causa
La primera denuncia por privación ilegítima de la libertad con fines sexuales y violencia de género, fue presentada en Fiscalía General el 3 de junio. Carolina, la víctima, quien era una adolescente al momento de los hechos, confesó ante Catamarca/12 en aquel momento que “Si no lo denunciaba, hubiera terminado muerta o iba a mandar a matarme”.
Un día después, Shirli Cordero, también denunció penalmente al Intendente. Esta vez por acoso sexual y coacción, y paralelamente presentó un recurso de amparo en la Corte de Justicia para poder seguir trabajando, ya que el funcionario municipal se negaba a habilitarle su comercio si ella no accedía a sus propuestas sexuales. En este caso, la Corte resolvió a favor de la joven decretando la irregularidad en la que incurría Guaraz y contextualizando el caso como violencia de género.
Movimientos de mujeres, incluso del Partido Justicialista, que fue el que representó Guaraz para asumir su cargo, pidieron públicamente que sea apartado de sus funciones o destituido para que se pueda avanzar en la causa, pero esto no sucedió.
En este contexto, se solicitó también a la Legislatura provincial que actuara. También se le entregó una carta al presidente Alberto Fernández para que interceda y de esta manera lograr resguardo para las víctimas denunciantes.
Los abogados querellantes, teniendo en cuenta el accionar previo del Intendente -cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde 2008-, quien acumula una decena de denuncias sin resolución, se abocaron a controlar las actuaciones judiciales para lograr la mayor celeridad posible.
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