El ministro de Justicia de Alemania, Marco Buschmann, aseguró que tiene previsto presentar en enero un proyecto de ley para abolir del código penal la prohibición de publicitar servicios para la interrupción del embarazo que rige para los médicos y médicas del país.
Según confirmó Buschmann en diálogo con el grupo editorial Funke, la decisión se tomó a partir de un acuerdo entre los tres partidos que conforman el nuevo Gobierno del canciller Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el Partido Liberal, y formará parte de una “enorme acumulación de reformas” que se llevarán adelante en la política social alemana.
El primer paso, explicó el ministro, será eliminar el párrafo 219a del Código Penal, que prohíbe a los médicos, médicas y clínicas ofrecer información sobre prácticas de aborto. Su incumplimiento, actualmente, conlleva una multa o una pena de prisión de hasta dos años.
En 2019, el Gobierno de Merkel permitió que los médicos y hospitales por primera vez dijeran en sus sitios web que realizan abortos. Sin embargo, la ex canciller dejó la prohibición formalmente vigente y no les permitió a los profesionales e instituciones dar información más detallada.
Según Buschmann, el párrafo 219a que se intentará abolir a partir de enero constituye un "riesgo penal" para los médicos y médicas que realizan abortos legales y eso es "absurdo". "Muchas mujeres que se enfrentan a la cuestión del aborto buscan consejos en Internet. No puede ser correcto que los médicos más calificados para dar información no puedan hacerlo", argumentó el político liberal.
La ministra de Familia, Anne Spiegel, se expresó en términos similares. "Vamos a abordar rápidamente la abolición del párrafo 219a del Código Penal, que estigmatiza a las mujeres y criminaliza a los médicos", dijo la dirigente verde.
Los partidos de la llamada coalición semáforo (por los colores de las tres formaciones) también propusieron sustituir la ley de transexualidad de hace 40 años, que muchas personas trans consideran humillante, por una "ley de autodeterminación".
La ley actualmente en vigor estipula que las personas afectadas solo pueden cambiar oficialmente su nombre de pila y su sexo tras una evaluación psicológica y una decisión judicial. En el proceso, a menudo tienen que soportar preguntas íntimas y estigmatizantes.
"Podemos abordar ambas cosas rápidamente", aseguró Spiegel, entusiasmada, luego de confirmar que en breve se pondrá en contacto con su par de Justicia ya que "la abolición de la ley de transexualidad también afecta a ambos departamentos".
