La decisión de la Corte Constitucional de autorizar al Congreso la modificación de los proyectos para implementar el acuerdo de paz sin el aval del gobierno generó un gran revuelo político en Colombia. Mientras el conservador partido del ex presidente Álvaro Uribe lo consideró un triunfo, las FARC lo vieron como la mayor incertidumbre respecto a la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar lo acordado en La Habana.

Para el uribismo, principal partido de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y al proceso de paz, la decisión judicial significa un “éxito político”. De hecho, la sentencia de la Corte se produjo como respuesta a una demanda planteada por el senador Iván Duque, del partido Centro Democrático, que encabeza el ex presidente Uribe. Duque también cuestionó el parcial blindaje del acuerdo de paz en la Constitución al decir que “no se blinda la Constitución para proteger a los delincuentes”. No obstante haber advertido la Corte en su sentencia que sólo se aplica hacia adelante, Uribe se declaró preocupado porque las normas ya aprobadas sin las nuevas reglas mantengan su validez. 

“El paso que tenemos que pensar es qué hacer con todo aquello que se aprobó violando esas garantías (aprobadas ahora por la Corte), como la justicia para las FARC (como denomina a la Justicia Especial de Paz que también se aplica a las fuerzas armadas y de seguridad) y la amnistía para los responsables de delitos atroces”, señaló Uribe. El ahora senador, quien calificó de grave y ofensivo  lo aprobado por el Congreso sobre la paz hasta ahora, advirtió: “Tenemos que ponernos a pensar cómo reaccionar ante esa situación”.

La lectura más crítica de todas fue la de las FARC, que en una declaración formal de su secretariado, reproducida por el diario local El Tiempo, aseguraron que se “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio”. Para las FARC la Corte puso el acuerdo de paz firmado con el gobierno ante una inminente renegociación en el Congreso y estimula el saboteo de su desarrollo normativo, hechos ante los cuales plantearon la necesidad de una “reconducción del proceso”. La guerrilla dijo que “se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos”.