Por primera vez en la historia argentina, el 27 de enero se subastará el predio y la edificación en la que funcionó un enorme prostíbulo en Santiago del Estero. El antro fue famoso, Negro el 20, y la base de la subasta son 26 millones de pesos, porque el terreno tiene mas de 1.200 metros cuadrados y la construcción supera los 300 metros cuadrados. El caso se inició en 2012 cuando los que manejaban el prostíbulo reclutaron a una chica misionera con una promesa laboral. Cuando la joven llegó a Santiago del Estero fue violada por cuatro sujetos en reiteradas oportunidades y luego quedó virtualmente secuestrada porque no la dejaban salir: "no veía la luz del sol", declaró. Poco tiempo después, la llevaron a Misiones acompañada por un hombre que se hizo pasar por su novio y otro individuo que actuaba como amigo: el objetivo era llevarse a dos hermanas menores de la chica. Sospechando lo que ocurría, otro integrante de la familia hizo la denuncia. Tras una intensa batalla judicial que dio la fiscal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), los tres responsables fueron condenados a penas relativamente bajas -cinco y tres años de prisión- y el predio fue decomisado para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realice la subasta. Lo que se obtenga será transferido al Fondo de Asistencia a las Víctimas de Trata para resarcir a las víctimas de este caso.

Inmueble

El inmueble en el que estaba Negro el 20 está ubicado en una zona urbana cercana a la capital de Santiago del Estero. Cuenta con buenos accesos a las rutas provinciales que conectan la provincia con Córdoba y el norte del país. El terreno tiene una dimensión exacta de 1.240 metros cuadrados y está valuado inicialmente en 26.400.000 pesos.

La organización no sólo tenía ese prostíbulo, que funcionaba allí desde hacía 30 años, si no que contaba con un hotel alojamiento y con un laboratorio en el que se le hacían tests a las mujeres.

El sistema era brutal. Por cada pase de 15 minutos se cobraban unos 1.200 pesos de la actualidad y por una hora cerca de 3.000 pesos. A las chicas se les daba una pulsera por cada pase y a la mañana les pagaban en base a las pulseras que tenían. El perfil, como siempre, era el de chicas con hijas, jefas de hogar, desamparadas. Las jóvenes debían dormir en el lugar donde recibían a los clientes. El común denominador era la violencia que se ejercía sobre ellas.

La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal Pedro Simón y el juez Guillermo Molinari quien ordenó el allanamiento del lugar. La Gendarmería logró entonces rescatar a cuatro chicas y apresó a seis hombres. 

Los tres responsables fueron condenados en un juicio oral que se hizo en Santiago del Estero en 2014, actuando Indiana Garzón como fiscal y en representación de la Protex estuvo Luz Castany en todas las audiencias. Un punto clave fue que autorizaron a que la víctima principal declarara en Cámara Gesell, lo que evitó que la presionaran en las audiencias. 

La penas fueron bajas y la fiscalía apeló porque había pedido ocho y cinco años de prisión. Dos años después, los fiscales consiguieron el decomiso del inmueble, pero recién en abril de 2021 se logró que quedara firme. A partir de ese momento, el inmueble pasó al estado nacional y, en concreto, a la AABE, que lidera Martín Cosentino. Estuvieron presentes en ese último proceso la fiscal Garzón y la coordinadora del Area de Trata de la fiscalía, Andrea Ledesma Piga. La Protex esta a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Subasta

La Aabe, junto a la Protex, el Ministerio de Justicia y la Procuración Nacional participaron del diseño de la subasta. Para hacer ofertas hay que inscribirse en la página subast.ar hasta el 17 de enero y, en principio, la Aabe sólo lo puede adjudicar, como mínimo, al precio establecido. Si no hay ofertas por ese valor, unos días más tarde puede volver a subastar a un precio un cinco por ciento menor. El mercado inmobiliario presenta enormes dificultades en este momento, por lo que no parece fácil que haya buena ofertas por la propiedad.

Con estos procedimientos se logra que haya transparencia -la parte electrónica está a cargo de la Secretaría de Innovación- y, como resultado, que el resarcimiento a las víctimas sea el máximo posible. La joven violada y secuestrada tiene hoy seis hijos y tuvo que mudarse de provincia ante el hostigamiento.