La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, presentó un pedido de informes ante Alejandro Cilleruello, juez de menores que en primera instancia tuvo a su cargo la causa por el asesinato de Lucas González, para que notifique, entre otros puntos, "las circunstancias en que se produjo la detención" de los otros chicos que viajaban en el auto. El juez ya carga con un pedido de juicio político, presentado por las familias de los chicos que estuvieron detenidos todo el 17 de noviembre, mientras los policías que balearon a Lucas estaban libres. En tanto, la Fiscalía investiga a la abogada del Departamento Asesoría Legal de la Policía porteña que estuvo en el lugar y momento del encubrimiento. "Hay un patrón de encubrimiento", dijeron a Página/12 especialistas en el tema.
Cuando a las 11.23 del 17 de noviembre, más de una hora y media después de la balacera policial, los agentes hoy detenidos por el encubrimiento dieron intervención a la Justicia lo hicieron con la versión de que los chicos eran "delincuentes" con los que la brigada de civil de Gabriel Isassi, Fabián López y José Nieva habían tenido un "enfrentamiento". Joaquín y Julián ya estaban esposados en la esquina de Alvarado y Perdriel, mientras que Niven logró escapar y luego se presentó de forma espontánea en una comisaría, donde también quedó detenido. Con la versión del "enfrentamiento" instalada, la causa recayó en un Juzgado de Menores, a cargo de Cilleruello, quien mantuvo detenidos a los amigos de Lucas y no lo hizo con los tres agentes.
En este sentido, Graham aseguró en su escrito que el pedido de informe apunta a conocer los motivos de "la aprehensión y posterior detención". La defensora también busca "evaluar el accionar de las fuerzas de seguridad", por lo que pidió los nombres del "personal involucrado en la detención, indicando nombre, apellido y cargo; fecha y hora de aprehensión, y fecha y hora de ingreso al Centro de Admisión y Derivación, ex Instituto Inchausti". Los chicos recuperaron la libertad en la mañana del jueves 18 de noviembre, mientras que los policías recién fueron apresados tres días después del asesinato, cuando la causa cambió de manos y el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió detenerlos.
La solicitud también busca que se informe el estado físico de los adolescentes tras las detenciones, "adjuntando las actas médicas". La defensora preguntó si en el momento se les tomó declaración y, si así fue, si allí manifestaron "haber sido víctimas de hechos compatibles con malos tratos, tortura u otros tratos inhumanos, crueles y degradantes". "Dada la gravedad de los hechos denunciados y el fallecimiento del adolescente, se requiere tenga a bien responder el presente pedido en 48 horas", solicitó Graham. Contra Cilleruelo ya hay un pedido de juicio político presentado en el Consejo de la Magistratura. Lo presentó el abogado Gregorio Dalbón, en representación de las familias de Lucas y los chicos sobrevivientes.
En tanto, un nuevo foco de investigación se abrió en la causa luego de que el fiscal pidiera la detención de una abogada del Departamento Asesoría Legal de la Policía de la Ciudad, a quien acusa de participar en el encubrimiento. Con 14 efectivos detenidos, la mujer se transformó en la primera acusada que no es agente policial, aunque hasta el momento el juez de instrucción, Martín del Viso, no hizo lugar al pedido.
Al menos cuatro testimonios ubican a la abogada en Alvarado y Perdriel, donde se concretó el encubrimiento con arma plantada de por medio. Los padres de Joaquín y Julián, los chicos esposados en ese lugar, ubican a la "mujer rubia", de civil y con bolso al hombro, al menos entre las 10.30 y las 11. Tanto el fiscal como el juez ya ratificaron que el encubrimiento se produjo entre las 9.42, hora de la primera modulación policial, y las 11.23, cuando se da intervención al Juzgado de Menores.
Los dos padres aseguran que la mujer merodeaba de forma constante el auto de los chicos y que miraba para adentro. Un agente de la Policía Federal, fuerza que intervino a partir del mediodía, reconoció a la mujer de otros procedimientos. A partir de ello la Fiscalía pidió información al Ministerio de Justicia y Seguridad, que la identificó como Verónica Andraca, de la División de Asuntos Penales policial. La información es que ese día estaba de guardia de "asesoría", pero no asignada al operativo.
El oficial Sebastián Baidón, uno de los detenidos por el encubrimiento, confirmó en su indagatoria que la mujer se entrevistó con los tres policías de la brigada. Baidón, acusado de esposar a los chicos, contó que él mismo llevó a la mujer hasta Iriarte y Luzuriaga, esquina en la que Isassi, López y Nieva balearon a los chicos. El subcomisario Ramón Chocobar, en tanto, declaró que la "asistencia jurídica" se produce siempre en estos casos, por "protocolo". Desde el Ministerio aseguran que la "asesoría" es autónoma, que depende de la Policía y que, en todo caso, se trata de procedimientos protocolares.
"Ese tipo de abogados siempre aparecen tras los hechos", advirtió a Página/12 Ismael Jalil, abogado de Correpi, y agregó que "en esta causa lo llamativo desde lo institucional es que Gobierno, Ministerio y Jefatura tardaron 34 horas en fijar posición. Es posible que estuvieran esperando si prosperaba el relato policial". "Cuando un fiscal quiere investigar casos graves y complejos en lugar de encontrar apoyo y soluciones encuentra impedimentos", agregó a este diario la fiscal Mónica Cuñarro, con 39 años de experiencia en casos complejos.
Otras fuentes judiciales contaron a este diario que en varias comunas de la ciudad, como la 4 y la 8, existe lo que denominan "patrón de encubrimiento" ante casos similares. Así, enumeraron: no se da información certera a los fiscales, no se hacen los perímetros cómo corresponde, no se recaban bien las pruebas, no se buscan testigos presenciales, no se remiten filmaciones ni se buscan imágenes privadas. En ese escenario, aseguran, entran los abogados "asesores" a "reducir el daño".
El caso de Brandon Ruiz Diaz, por ejemplo, asesinado en Villa Lugano durante una fiesta, grafica algunas de las irregularidades del "patrón". En sus testimoniales ante la Justicia, los amigos de Brandon aseguraron que desde el principio señalaron a los asesinos, integrantes de un grupo narco, pero los agentes de la Policía porteña que llegaron al lugar los reprimieron a ellos a culatazos y balas antitumultos en vez de buscar a los culpables.
Entre las irregularidades que destacan fuentes de ese caso, indican que no se secuestraron todas las vainas, que no se identificó a los testigos presenciales, que no se entregaron las llamadas del 911 y que solo entregaron imágenes del domo tapadas por árboles, en las que no se veía la llegada de la Policía en el momento previo a reprimir.
