El fiscal federal Franco Picardi pidió que se incorpore el duro informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el multimillonario crédito otorgado al gobierno de Mauricio Macri como prueba en la causa penal que investiga si funcionarios del gobierno de Cambiemos cometieron delitos. El informe señala los errores y faltas cometidos por la administración de Cambiemos.

El pedido fue presentado por Picardi ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso. La fiscalía requirió a la magistrada que solicite copia del informe del FMI al Ministerio de Economía de la Nación porque su contenido "podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación".

En la pesquisa se investiga a Macri y a exfuncionarios por presunta "defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública".

Picardi detalló que el Fondo Monetario "elaboró un informe sobre el Acuerdo Stand By suscripto con la República Argentina en 2018" y remarcó que su contenido podría ser de "interés" en la pesquisa.

Como se informó, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó que "la estrategia y la condicionalidad (...) no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de la Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha".

Qué dice el informe del FMI

El crédito más grande que le otorgó el Fondo Monetario a la Argentina, de 57 mil millones de dólares (45 mil millones efectivos), no logró cumplir con los “objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal externa”, sostuvo el FMI en el lapidario informe.

Para el Fondo, el gobierno de Macri debió interponer controles de capitales para ordenar los flujos y evitar fuga de divisas, que es lo que terminó ocurriendo una vez que la situación estuvo fuera de control. 

También debió poner en práctica una reestructuración que previera un acuerdo posible para saldar la deuda, teniendo en cuenta las necesidades de financiamiento en el corto plazo.

Por último, el informe concluyó que la idea de hacer un ajuste para controlar la inflación no resultó. El FMI apuntó que la inflación es un fenómeno “multicausal”, más que simplemente algo monetario. 

Todas esas consideraciones del organismo internacional deberían constar en el expediente que instruye la jueza Capuchetti, según requirió el fiscal Picardi. 

"Querella criminal"

En marzo pasado, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández anunció que daría inicio a una "querella criminal" para investigar qué había pasado con el dinero que el FMI le otorgó al Estado argentino durante el gobierno macrista. Dos semanas después, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra Macri y su equipo económico --incluyó al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a los tres ex presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris-- por los delitos de "defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos" por los procedimientos aplicados en el acuerdo suscrito con el FMI en 2018. Con esos fondos, según sostiene la denuncia, los funcionarios macristas "ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional". 

En una entrevista con la CNN, el mes pasado, el propio Macri admitió que "la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo". Tras esos dichos, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un escrito ante la jueza planteando que estaban dadas las condiciones para pedir la indagatoria del expresidente: "Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional; y que el declamante, contradictoriamente, pretende negar, aunque lo admita luego de manera expresa: la generación de activos externos de libre disponibilidad (fuga de capitales)", sostuvo la Procuración.