Como respuesta al “avasallamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia”, abogadas y abogados dedicados a causas de lesa humanidad solicitaron al Congreso que inicie juicio político a los jueces de la Corte Suprema que habilitaron el 2x1 a represores y exigieron al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que renuncie a su cargo. “Es el secretario de Derechos Humanos y está negando el genocidio y sosteniendo la impunidad. Así como la sociedad expresó su repudio al fallo de la Corte, es positivo que también lo haga en los casos en los que los funcionarios no representan sus mandatos”, planteó Adriana Taboada, de la agrupación de abogados “Mario Bosch” que impulsó ambas iniciativas y que ayer tuvo una reunión con la CIDH en la cual le transmitió su preocupación por el retroceso en el juzgamiento de los genocidas.

En nombre de ese colectivo de querellantes en juicios de lesa humanidad, Taboada, Elízabeth Gómez Alcorta, Silvina Segundo, Pablo Llonto y Eduardo Tavani le pidieron formalmente al Congreso que enjuicie por mal desempeño a los supremos Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rozenkrantz en relación al fallo que habilita la libertad, a partir de un recálculo de su condena, del represor Luis Muiña. “Han frustrado inexcusablemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al favorecer la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado”, plantearon en el pedido formal que se sumó algunos proyectos similares elaborados por diputados.  

“El fallo deja libre a los condenados, es un indulto”, apuntó Taboada. La referente de la Comisión por la Memoria Zona Norte explicó que el pedido de juicio político, en el caso de Highton de Nolasco, “está agravado porque ella sentenció previamente en sentido contrario” al fallo que habilitó el recálculo de penas a partir de la aplicación del 2x1. En cuanto a Rosatti y Rozenkrantz “hay inmoralidad de origen con la que tienen que cargar estos dos jueces, ya que de no haber sido por la presión de la sociedad civil, hubieran ingresado a la Corte por decreto barriendo con todo el procedimiento legal que corresponde a este tipo de designaciones”. 

El pedido, al que esperan se sumen más organizaciones de la sociedad civil, fue una de las iniciativas que los abogados y abogadas que trabajan las querellas en los juicios de lesa humanidad de todo el país acordaron impulsar en el encuentro anual que compartieron hace 15 días en Santa Fe. La otra fue pedir la renuncia de Avruj. “No debe ni puede convertirse en el portavoz de los genocidas y sus familiares, cosa que ha hecho desde que asumió sus funciones”, advirtió Taboada. El colectivo Mario Bosch elevó el pedido de renuncia de Avruj a la Secretaría de Derechos Humanos el viernes. Mañana harán lo propio ante el Ministerio de Justicia y a la Presidencia porque “su desempeño se enmarca en el desmantelamiento del eje Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado que está impulsando el Ejecutivo de Mauricio Macri, un plan que busca transformar el sentido de lo que pasó, reinstalando la teoría de los dos demonios”, añadió Taboada, quien concluyó: “Avruj es un negacionista, es un funcionario que está sosteniendo la impunidad. Como sociedad debemos exigirle que se vaya, que no nos representa”.