El exministro de Justicia Germán Garavano y la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió recibieron buenas noticias para cerrar el año. Los dos le habían pedido a la jueza María Eugenia Capuchetti que anulara el informe que hizo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) para recabar declaraciones públicas de funcionarios macristas sobre dos magistradas que sufrieron las presiones de la mesa judicial de Mauricio Macri, la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y la casadora Ana María Figueroa. Capuchetti no anuló el informe, pero sí lo excluyó, por lo que ya no podrá ser usado como prueba en la investigación.
En línea con lo que habían planteado Carrió y Garavano, Capuchetti entendió que el informe violaba el derecho a la libertad de expresión y, por eso, no podrá ser usado en la causa.
El relevamiento había sido solicitado por el fiscal Franco Picardi, que lleva adelante la investigación sobre las presiones que el macrismo ejerció sobre magistrados/as que no comulgaban con sus ideas. Esas presiones, según declararon los propios damnificados, se hacían también a través de los medios públicos, por eso Picardi pidió a la DAJuDeCO que relevara medios de comunicación y redes sociales para verificar si así fue la operatoria. La oficina debía preparar otros informes que dieran cuenta, por ejemplo, qué se dijo desde el macrismo de los jueces laborales o del juez Alejo Ramos Padilla.
