La rotunda victoria de Roberto Baradel en las elecciones de los docentes de la provincia de Buenos Aires echó por tierra la estrategia del presidente  Maurizio Macrì y de la gobernadora María E.Vidal, que eligieron como antagonista al secretario general de Suteba, siguiendo las recomendaciones de sus estrategas de campaña. La idea de marketing era oponer al Ogro Malo con el Hada Buena, que es el arma electoral en la que basa sus esperanzas el gobierno para las próximas elecciones de renovación legislativa. 

A esos efectos, el oficialismo se basó en tres soportes:

1. El endurecimiento de las negociaciones paritarias, torpedeando la posibilidad de un acuerdo.

2. La denigración personal de Baradel sobre la base de informaciones falsas difundidas por medios adictos y redes antisociales.

3. El apoyo a la oposición interna en las elecciones de Suteba.

A pesar de su fracaso, el gobierno insiste. El Plan Maestro elaborado por el ministro de Educación y presunto candidato oficialista en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, persigue la eliminación de la paritaria nacional docente consagrada en la ley de financiamiento educativo. El actual conflicto, que sigue abierto, se desencadenó por la decisión ministerial de delegar la paritaria docente en cada provincia, suprimiendo la previa paritaria nacional que debe fijar el piso de las negociaciones provinciales. Ahora el gobierno pretende que una ley demuela ese piso de derechos. Pero lo hace sin decirlo en forma abierta. El proyecto de ley que se enviará al Congreso el 30 de mayo, afirma una serie de generalidades que a nadie le interesa discutir, y remite las decisiones reales a dos anexos. En uno de ellos se elimina de facto la ley de Financiamiento Educativo, por el principio de que una ley nueva deroga la anterior.

La tiza no se mancha

A diferencia de lo que suele ocurrir en las negociaciones paritarias, en este caso ni el gobierno nacional ni el bonaerense procuraron llegar a un acuerdo. Por el contrario se hizo manifiesta su voluntad contraria. En parte por consideraciones fiscales, ya que la cifra en que cerraran los docentes sería tomada como piso por los demás gremios. Pero en parte también por la voluntad de propinar un escarmiento a todo el sindicalismo exhibiendo la derrota de los docentes como una poderosa herramienta de disciplinamiento para todos los trabajadores. La rebaja del costo salarial es el objetivo prioritario del gobierno de los CEOs: no sólo se niega a devolver en 2017 algunos de los 7 a 12 puntos de participación en el ingreso que perdieron las distintas categorías de trabajadores en el comienzo de la Revolución de la Alegría, sino que está decidido a incrementar esa pérdida. Con una inflación que ya se advierte que no bajará del 25 por ciento y podría acercarse al 30, la insistencia en paritarias del 18 por ciento y en cuatro cuotas es batir un tambor de guerra. Por alguna razón, el gobierno cree que ese es el sonido que acompaña un paso de vencedores. En el caso de los docentes, el gobierno sostuvo que el salario mínimo ya había sido garantizado por decreto, de modo que no era necesario convocar a la paritaria nacional dispuesta por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075/06 y su Decreto Reglamentario 457/07. No es así: el artículo 4 del acta firmada en el ministerio de Trabajo el 25 de febrero, luego de una reunión en la que los sindicalistas docentes discutieron con los ministros Esteban Bullrich y Jorge Triaca, dice que el salario docente deberá estar al menos un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero agrega: “Sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente; si esto ocurriere, automáticamente deberá actualizarse”. Esto desmiente que no sea necesario convocar a la paritaria nacional que ordena la ley. 

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n) advirtió a los gobernadores que no contaran con el apoyo de la Nación para pagar a sus empleados, y varios respondieron que se sentían con músculo para enfrentarlos, siempre que la paritaria docente nacional no elevara el piso de partida. Eso explica que nadie haya hostigado al gobierno desde ese flanco durante el extenso conflicto.

En la provincia de Buenos Aires, el Hada Buena decidió mostrarse inflexible y sólo incurrir en modificaciones cosméticas a su mezquina oferta salarial. Con el asesoramiento de Jaime Durán Barba, procuró desplazar el eje de la discusión salarial a la calidad educativa, la capacitación y el ausentismo docente, de modo de colocarse en el rol de defensora de los alumnos y sus familias y estigmatizar a los maestros.

La niña sin miedo

El modelo de confrontación fue el de la estatua que apareció en Wall Street hace dos meses, en vísperas del Día de la Mujer: la niña sin miedo que enfrenta a un toro intimidatorio. Por eso, una de las tácticas escogidas fue enfurecer a Baradel, con infracciones constantes al juego limpio. Cada vez que se convocó a una ronda de negociaciones, mientras los paritarios seguían discutiendo el gobierno difundió anuncios públicos alegando que había mejorado la oferta, cosa que no era cierta. Contaba con la dificultad general para entender fórmulas numéricas complicadas y con la ayuda mediática para presentar ese engaño como realidad. El descuento de los días de paro a los trabajadores, la amenaza de fijar salarios por decreto y retirar la personería a los sindicatos que no aceptaran la conciliación obligatoria, pese a que la justicia dijo que no era tal, porque el Estado era juez y parte, contribuyeron a tornar insalubre el clima. Pero además, en dos tramos de la negociación paritaria de 2016 y en uno de este año, en cada instancia se produjeron tremendas amenazas de matar a un hijo o un nieto de Baradel. En su mail y su celular recibió mensajes que decían: “Si no te dejas de joder, tu hija o alguien de tu familia va aparecer muerta en una zanja. Te vamos a estar siguiendo de cerca, cuidado con lo que haces o decis. Una denuncia, un paro o una crítica y tu familia aparece muerta, compórtate en la paritaria, no sabes con quien te estas metiendo”. Un nuevo mensaje insistió, sugiriendo incluso una metodología: “Cuando aparezca alguien de tu familia muerto por un hecho de inseguridad, no le va a importar a nadie cuantas denuncias hayas hecho”. Como única respuesta, Macrì dijo en la Asamblea Legislativa, con una sonrisa torva, que Baradel no necesita que lo protejan. Desde La Plata, Vidal lo desafió a que dijera si era kirchnerista, desvirtuando el carácter del conflicto. Un ortiva paraoficial publicó la foto y el número de documento de sus hijos amenazados, de su exposa y de la actual.

Al mismo tiempo el aparato oficial de desinformación se arrojó al cuello del sindicalista, en un intento desesperado de deslegitimación basado en mentiras directas sobre la vida y las calificaciones del imponente Roby, como figura contrapuesta al Hada Buena. Afirmaron que no era docente, que no tenía título ni hacía aportes, que había viajado sesenta veces al extranjero en cinco años, que había estado en Miami y Dubai, que había comprado un auto de lujo, que había hecho regalos fastuosos a su hija y festejado su cumpleaños de 15 en el Parque Pereyra Iraola, que junto con Hugo Yasky había vaciado la obra social docente, OSPLAD. Nada de eso era cierto. Es docente, tiene título y además es abogado. Siempre hizo los aportes correspondientes, todos sus viajes fueron para asistir a encuentros de organizaciones sindicales americanas e internacionales de las que forma parte, nunca estuvo en ningún destino turístico. La foto del auto fue tomada de Mercado Libre, porque su propietario, que no tenía nada que ver con Baradel, lo había puesto en venta. Sus hijas tienen 26, 19 y 3 años. El último cumpleaños de 15 de una de ellas lo festejó en el bar contiguo al local de Suteba. Por la pérdida de afiliados y servicios de OSPLAD nunca fue imputado Baradel, sino seis dirigentes de la obra social, que fueron sobreseídos porque “la hipótesis de administración infiel no ha ocurrido”. Lejos de aislarlo, estos golpes arteros reforzaron la solidaridad entre los seis gremios docentes, que nunca antes se habían mostrado tan unidos. 

Por último, el gobierno provincial operó en los medios adictos a favor de la opositora lista Multicolor, conducida por el Partido Obrero. Pese a todo, la lista celeste-violeta obtuvo la reelección de Baradel e incluso mejoró sus resultados en comparación con los comicios de 2013. El padrón creció, de 88.000 a 91.705 votantes, Baradel pasó del 60,2 por ciento de los votos al 67,8 y la oposición cayó del 36 al 29,7 por ciento. El oficialismo logró recuperar la seccional más importante de Buenos Aires, que es la capital provincial, La Plata, y ahora conducirá el 92 por ciento de la seccionales. Las denuncias de fraude son risibles cuando la diferencia roza el 40 por ciento. Algo similar ocurrió en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos (FOETRA), el único sindicato del país con una conducción mixta: el secretario general, Guillermo Iadarola forma parte de la CGT, y su adjunto, El Gato Marín de la CTA. Sobre un padrón de 10.000 afiliados votó el 71 por ciento. Iadarola y Marín vencieron con el 73 por ciento a una lista opositora que aglutinó al PO, el PTS, la Izquierda Socialista y una pequeña agrupación del dirigente de ATE Hugo Cachorro Godoy. Ambos resultados ponen en cuestión la estrategia que el gobierno viene siguiendo ante los sindicatos y que se agudizó a partir de la marcha del 1º de abril. El endurecimiento discursivo y práctico puede fidelizar al núcleo duro que votó por Cambiemos en las PASO de 2015, pero a medida que se aleja en círculos concéntricos y desciende en la pirámide social, fortalece las opciones cuestionadoras.

Hecha la ley

Al margen de esa especulación electoral, el gobierno tiene objetivos muy claros y muestra una astucia para perseguirlos que no ha sido el rasgo distintivo de la derecha argenta. El borrador del Plan Maestro, que el gobierno presentó en marzo de este año, para recibir aportes hasta el martes 30 de mayo, es un proyecto de ley que consta de apenas cuatro artículos. El 1º se propone “garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje y apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza, reafirmando el rol estratégico del derecho a la educación consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente norma”. El 2º dice que la ejecución del Plan “comprenderá el cumplimiento de las Metas establecidas en el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente Ley”. El 3º designa al Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y a los Ministerios de Educación provinciales como autoridad de aplicación y el 4° es de forma. Es decir que para alcanzar la felicidad hay que ir a la letra chica de los anexos, una técnica legislativa horrible y apta para cualquier contrabando ideológico. Por cierto todas las metas son estimables, pero poco se dice de los medios para alcanzarlas. Un rasgo perverso es que la derogación implícita de la ley de Financiamiento Educativo, que garantiza la negociación salarial centralizada, fue escondida bajo la meta de “Mejorar los salarios docentes”. El oblicuo ataque a la ley de Financiamiento Educativo, que es mencionada en tiempo pasado como si ya hubiera pasado a mejor vida, dice que en el acuerdo marco entre los gobiernos nacional y provinciales y los sindicatos nacionales “se fijaba anualmente un piso salarial para el cargo testigo de un docente de nivel primario que inicia su carrera”. Pese a que ese acuerdo marco ha logrado “definir anualmente el salario mínimo para todos los docentes del país con un incremento real en cada periodo”, en muchas jurisdicciones se ha mantenido lo que el proyecto llama “la conflictividad docente, lo cual ha afectado la cantidad efectiva de días de clase”. Además afirma que “el incremento real en el Salario Docente fue menor al incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil”. También cuestiona el Fondo de Compensación Salarial Docente, porque afirma que no conseguía mejorar el salario docente respecto del resto de los salarios de la Economía, ya que se pagaba en forma selectiva. Beneficiaba a muchos docentes que cobraban uno o más cargos con salarios por encima del piso salarial en algunas provincias, pero no a los de otras provincias, que cobraban un solo cargo, con un salario apenas mayor que el piso salarial docente. La trampa aparece en el último tramo:

“En el último acuerdo marco nacional, se acordó que el salario mínimo de un docente será siempre un 20 por ciento mayor al salario mínimo, vital y móvil definido anualmente por el consejo del salario y la Nación garantizará esto, con fondos del nuevo Fondo Compensador. Por otra parte, el Ministerio del Interior negoció con las provincias beneficiarias del antiguo Fondo Compensador la disminución gradual de los fondos girados por este concepto según la siguiente escala: 2016 mismo monto que en 2015; 2017 = 75% de este monto; 2018 = 50%; 2019 = 25% de este monto y en 2020 desaparece este concepto. De esta forma, cada jurisdicción, según sus posibilidades y realidad económica será responsable de negociar los salarios docentes en los respectivos acuerdos marco jurisdiccionales y la Nación garantizará, a través del nuevo Fondo Compensador que el salario mínimo docente, independientemente de las condiciones de la provincia en donde el docente ejerza, se encuentre siempre como mínimo un 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil”. Por tratarse de una ley posterior, su sanción derogaría la ley de Financiamiento Educativo, fruto de años de lucha de docentes pero también de padres y alumnos. Esto no sólo empobrecería a los docentes, sino también a la democracia argentina.