El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la actual composición de 13 miembros del Consejo de la Magistratura podría llegar a generar dos milagros: uno, que oficialismo y oposición se pongan de acuerdo para aprobar una ley que defina una nueva integración del organismo encargado de elegir jueces y juezas y promover sanciones, y que además ocurra en sesiones extraordinarias; el otro, que el propio Consejo habilite la feria y trabaje en el verano para resolver una integración de transición con el esquema impuesto por los supremos, que implica volver a 20 consejeros/as, incluido el presidente del máximo tribunal (que hoy no es parte). Esto último es de una gran complejidad, porque son representantes de jueces y juezas, de la abogacía, la academia y el Congreso, lo que implica que cada estamento o corporación debe elegir a sus representantes y eso requiere un largo proceso y el movimiento de muchas personas. El lunes deberían decir formalmente cómo harán para cumplir, pero ya anticiparon que es prácticamente imposible. Ese mismo día el cuerpo tiene plenario.

“El 15 de abril se para todo el Poder Judicial”, vaticinó el camarista civil y consejero Ricardo Recondo en una reunión de la Comisión de Reglamentación que se hizo el miércoles último. “Ni siquiera vamos a poder pagar salarios”, alertó la diputada Graciela Camaño, una de las más picantes. La fecha señalada es casi peor que el dead line de la medianoche de “La Cenicienta”: el fallo de la Corte estableció que si para ese entonces no hay nueva ley o, en su defecto, el Consejo no volvió a su vieja composición de 20 miembros, sus decisiones serán nulas. Por eso, uno de los comentarios recurrentes de la reunión fue la posible futura parálisis de todo el sistema judicial. El máximo tribunal, después de 15 años de vigencia de la norma que dio una conformación de 13 miembros al Consejo, sostuvo que carece de equilibrio, porque el estamento político (donde conviven oficialismo y oposición) puede tener hegemonía de acción sobre el resto de las representaciones. Puede manejar el quórum, sería, y las votaciones que no requieren mayoría agravada. Esa fue la postura de todos los supremos, arengados por Horacio Rosatti. Pero Ricardo Lorenzetti se limitó a decir que el Congreso debía sancionar una nueva ley, porque reponer una derogada –como decidió el resto-- era un disparate jurídico.

Lo urgente

En medio de un clima que combina furia y resignación, el Consejo convocó a la reunión de mitad de semana al Colegio de Abogados de la Capital Federal, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y a la Asociación de Magistrados. Con su estilo habitual de pocas pulgas, el abogado y referente Jorge Rizzo -que acudió con Eduardo Awad, titular del Colegio de Capital- despotricó: “¡El fallo de la Corte es extorsivo!” También le reclamó al Consejo que se presente ante el tribunal y diga que es de imposible cumplimiento. Ofreció el ejemplo de los abogados: precisó que son unos 80.000 los que deberían votar representantes de transición y que para colmo el Colegio ya tiene sus propias elecciones de autoridades del 26 al 28 de abril, que además es una fecha posterior al límite de 120 días que puso la Corte. Sin contar los costos y la movilización a votar de tantas personas cuando los casos de covid están otra vez en aumento.

Los jueces y juezas federales no son tantos, unos 900, pero el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, dijo que ni siquiera pudo reunirse todavía con el órgano directivo para tratar la aplicación del fallo. El titular de la FACA, José Luis Lasalle, en la misma línea pidió 10 a 15 días y señaló, entre algunas dificultades, también la superposición de elecciones de colegios de abogados de las provincias. En el Consejo entienden que es demasiado tiempo. Ante ese panorama, Gallo Tagle planteó la posibilidad de tomar el resultado de la última elección de cada estamento, que fue en 2018, y que asuman quienes habían salido segundos/as. No todos los consejeros/as estuvieron de acuerdo. Hay quienes ven ahí un posible foco de judicialización, por si faltara más enredo.

Para volver, como plantea la Corte, al Consejo de 20 integrantes hace falta nombrar un juez/a, dos abogados/as, un diputado/a, un senador/a, un académico/a, más Rosatti. Una cuestión adicional viene de la mano de un planteo de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina), del colectivo Ni una Menos y de Proyecto Generar: llevaron una nota al Consejo donde plantean que es “indignante” que el fallo de la Corte carezca de perspectiva de género al no incluir la paridad en la integración de 20, que con la ley original de 1997 no estaba prevista. En la reunión de Reglamentación ese punto fue contemplado como otro posible foco de judicialización.

Rizzo, por su lado, y más allá de los eventuales esfuerzos por elegir representantes, exhortó a los consejeros/as de la política a que sean quienes impulsen también proyectos de ley en busca de consenso. Camaño tiene proyectos presentados, Tonelli también y Diego Marías trabaja en otro para que lo canalicen el PRO y/o Cambiemos. “Hasta una ley mala va a ser mejor”, dijo el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, en relación al escenario actual. Incluso consejeros y consejeras sugirieron mandar desde el Consejo una nota al Congreso con el propósito formal de señalar que deben designar dos legisladores/as para el organismo si se retorna al esquema de 20 integrantes, pero con el mensaje implícito de que apuren la ley. Fue una apreciación compartida y una apuesta que hacen varios: que una nueva ley evite designaciones que durarán menos que un suspiro (ya que en noviembre de 2022 es el recambio habitual) y que, en el caso del Parlamento traerían un foco de tensión adicional, ya que en el viejo formato del Consejo los representantes de la política abarcan a la mayoría, la primera minoría y la segunda, lo que podría habilitar más lugares para el radicalismo.

Como es ostensible, la Corte apostó a este descalabro, en una demostración de fuerza y predominio más. En el Consejo hay quienes creen que lo hizo para intentar meterse en el organismo, ya sea por la presencia de un supremo, o bien logrando injerencia por el propio peso de su decisión. Camaño les marcó a sus colegas: “Hay que decirlo y yo lo voy a decir: la Corte Suprema también tenía intereses en este fallo, ya no es sólo el estamento de la política, todos los estamentos tienen intereses y la Corte también. Hay que mirar este fallo con suma prudencia y diciendo los problemas que tenemos e involucrando al Poder Legislativo y a la Corte que también son parte del problema”. Igual que el resto, enfatizó que se debe buscar la forma de acatar. Es claro que cada referente y espacio buscan no perder poder tampoco. La posibilidad de nombrar jueces y juezas y controlarlos es una fuente de injerencia enorme.

¿Una nueva ley es posible?

Antes de que saliera el fallo de la Corte, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de ley de reforma del Consejo, inspirado en las sugerencias del Consejo Consultivo que había convocado Alberto Fernández este año en miras de una reforma judicial más amplia. Es una propuesta de 17 miembros, que no contempla a un supremo en el organismo, y que incluye la perspectiva y paridad de género. 

El Presidente aún no convocó a sesiones extraordinarias, podría hacerlo la semana que viene, e incluirá este proyecto en el temario. Aún en medio de los tironeos por el presupuesto, el tema del Consejo está presente en conversaciones en ambas Cámaras del Congreso, desde donde ya tendieron puentes con el organismo, más allá de la nota que éste puede enviar. Como se ve, un sector de consejeros/as, pide explícitamente una ley en extraordinarias, otro cree factible apurar la integración de 20. Desde ya que el cristinismo toma nota del mensaje supremo contra una norma que había sido impulsada por CFK cuando era senadora.

Al Gobierno, de todos modos, mal no le vendría que su proyecto lidere un posible debate y avanzar en una negociación que en otros terrenos ha resultado imposible. No parece una misión imposible. Hay sectores, como el radicalismo, que se muestran interesados en dialogar, porque tienen posibilidad de colocar gente propia y ampliar su representación, por ejemplo en el estamento académico. Otros, como el de Camaño (hoy Identidad Bonaerense), que en un comienzo llegó por un acuerdo con el oficialismo, buscará no perder espacio.

Aunque la Corte diga que la apuesta es “despolitizar” el Consejo, ese concepto en forma absoluta es irreal, porque es un órgano marcado por la negociación política incluso con los sectores de jueces/zas, abogados/as y académicos/as, que no son ajenos a la política aunque a veces jueguen a aparentar lo contrario.