Especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), y de la delegación salteña de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI), de la Nación, preparan un informe sobre la producción en el Chaco Salteño, para entregarlo a la Justicia provincial, luego que desde ese ámbito se dictaran este año al menos cuatro resoluciones que pusieron en riesgo de desalojo a familias campesinas. De esta manera, tal como intuyen, quieren despejar cualquier posibilidad de que los magistrados aludan desconocimiento del tema.
El informe en ciernes tiene previsto dar a conocer las modalidades de cría de animales en el Chaco Salteño y las extensiones que se necesitan para ello. Según algunos especialistas que trabajaron en la zona, dependiendo de cómo se encuentre el monte (si es que no se desmontó o fue víctima de las sequías), en la región cada vaca necesita entre 5 y 8 hectáreas para pastar y, por lo tanto, alimentarse.
Los casos más resonantes por estas resoluciones fueron los de la familia Segovia, que reclama unas 1500 hectáreas del Puesto El Blanco, ubicado en Pluma de Pato, en Rivadavia y límite con el departamento San Martín. El titular registral de las tierras, Gianfranco Macri (hermano del ex presidente Mauricio Macri), inició un juicio de reivindicación y la jueza Civil y Comercial de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), Griselda Nieto, le aceptó la demanda.
Con el juicio de reivindicación la jueza intimó a la familia, que ocupa las tierras hace un siglo, a desocuparlas. En ese acto reconoció la ocupación de solo 20 hectáreas que son donde se ubica el puesto. La familia reclama esa extensión porque considera que son las necesarias para seguir con la producción de animales a su cargo.
El otro caso es el de los hermanos Antolín y Nicomedes Soraire a quienes Nieto, también en un juicio de reivindicación, les ordenó desalojar el Puesto El Potrero, ubicado en Los Blancos, localidad cercana a Morillo, ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte. La causa en este caso fue iniciada por Ana Lourdes Bracaglia, la titular registral, y la extensión de tierras reclamadas por los campesinos es de 673 hectáreas.
La directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuariasde la SAFCeI, María José Castillo, había indicado que hasta noviembre de este año contaban con al menos cuatro resoluciones sobre juicios de reivindicación. Este proceso judicial se entendió como una nueva estrategia para sortear en los tribunales el artículo 9 de la Ley 7658 que dispone la suspensión de los desalojos del campesinado. Con la normativa vigente, la jueza Nieto manifestó tras las publicaciones periodísticas que no se iba a desalojar a nadie. Pero el riesgo observado desde el campesinado llevó a sus integrantes a realizar una marcha el 18 de octubre pasado que confluyó en la capital salteña.
Y es que si bien los casos de Segovia y Soraire son un botón de muestra, en la mayoría de las historias se manifiesta al menos una desigualdad en la posibilidad de contar con las tierras que se vendieron a personas que no vivían en ellas, en precios que van de los 10 a los 52 dólares la hectárea. Esas tierras nunca llegaron a ofertarse a quienes vivieron y trabajaron siempre en el mismo lugar.
Por ahora, la posición de la provincia respecto de las demandas en sede judicial es no intervenir para respetar así la “independencia de poderes”. Sin embargo, el coordinador de la SAFCeI en la zona norte de la provincia, José Videla Castro, indicó a Salta/12 que desde el Estado Nacional se entendió que es necesario un acompañamiento a estas comunidades, y desde allí que se planteó junto a la Universidad Nacional de Salta (UNSa), presentar el informe en la Justicia.
Mientras, la última reunión entre la provincia y los campesinos fue el 2 y 3 de diciembre, en una mesa que se conformó con los grupos que están incluidos en la Coordinadora Zonal de la Ruta 81 por un lado, y aquellos que tienen como entidad madre al Frente Nacional Campesino (FNC).
Por ahora solo se pusieron en consideración algunos puntos. Pero el real y significativo reclamo del sector tiene que ver con la regularización en la tenencia de las tierras. Para ello, es necesario un relevamiento por lo cual en la nueva prórroga del artículo 9 de la Ley 7658, que vence en diciembre de 2023, se había establecido la necesidad de disponer la partida presupuestaria correspondiente para realizar esos trabajos. Y es que en 11 años de existencia de la normativa, la mensura y regularización de las ocupaciones nunca se cumplió.
La secretaria de Desarrollo Agropecuario de la provincia, Milagros Patrón Costas, confirmó a este medio que en el presupuesto que se aprobó el martes pasado en la legislatura provincial, se incluyó la partida de 23 millones de pesos identificada como: Regularización dominial y asistencia. En cuanto a las reuniones, afirmó que el acuerdo es poder continuarlas a partir de febrero próximo.
