La pandemia generó condiciones inesperadas. Corredores (runners en la jerga) y ciudadanos en general ampliaron la diversidad de usuarios que demandan del Estado la gestión de sus necesidades recreativas en ambientes naturales próximos. Los andinistas hicieron de avanzada exploradora. Después de nueve años de trabajo, debates y presentaciones escritas, producto del consenso en instancias públicas o iniciativas en el Congreso nacional, el 9 de diciembre uno de ellos alcanzó la cumbre. Ese día, el proyecto de ley que presentaron en 2019 en la Cámara Baja de la Nación concluyó como trámite express en el Senado Nacional. Así cerraron el proceso que los montañistas agrupados en la Federación Andinistas Argentinos iniciaron por 2012.
En el histórico del recorrido, el colectivo intentó primero generar los cambios que observaban como imprescindibles por el lado del Código Civil. El objetivo era legitimar sus prácticas deportivas en la montaña. Es decir, generar instrumentos legales para solucionar dos temas urgentes: el acceso y libre tránsito por senderos de montaña, y mejorar las condiciones de seguridad básicas que necesariamente deben ser garantizadas desde la gestión estatal. En Argentina hay ejemplos de ese tipo de planificación política del espacio en la Patagonia Andina. Sin embargo, la excesiva parcelación del territorio en propiedades privadas agigantan, desde hace algunas décadas, los problemas recurrentes que recaen entre quienes practican la actividad de manera amateur o recreativa y sin fines de lucro.
En 2012 y 2014 se realizaron audiencias públicas en todo el país para unificar los Códigos Civil y el Comercial. Durante esas instancias, aparecieron ventanas de oportunidad para los andinistas, que buscaron insertar modificaciones sustanciales dentro del capítulo que detalla la servidumbre, acordes a las nuevas demandas y contextos. Esa vía no fue del todo fructífera. Para 2014, cuando se aprobó la unificación, el colectivo solo había logrado colar la mención del “mero recreo” en el artículo 2162 que trata la utilidad de la servidumbre entre propietarios privados. No era suficiente y optaron por la vía del Congreso nacional.
Andinistas reúne clubes de montaña de todo el país, entre ellos tres salteños: Janajman, Amigos de la Montaña y Andino San Lorenzo. Los locales fueron activos participantes en la redacción del proyecto que ahora es ley. Incluso en tramos finales del derrotero que siguió el expediente en 2021, otro actor importante fue el senador nacional salteño Sergio Leavy (FdT). Sus gestiones fueron claves para que el proyecto saltara casilleros administrativos y alcanzara estado parlamentario durante los primeros días de diciembre.
“Logramos que se trate en comisión mañana”, fue el mensaje que envió el legislador a Salta/12 el pasado jueves 2. Para el lunes 6, la Comisión de Legislación General del Senado había generado formalmente el dictamen que aconsejaba su aprobación. Con el visto bueno, se remitió el proyecto para su tratamiento durante la sesión programada el jueves 9. Ese día, mientras el Senado de la Nación era presidido por Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero), su par Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) explicó brevemente que el texto a aprobar “era el acordado y producto del diálogo”. Así, sin mediar oradores y por voto unánime de los miembros de la Cámara Alta, la iniciativa de los montañistas finalmente alcanzó la cumbre, se transformó en la Ley 27665 y el 24 de Diciembre fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación.
La escala local
Los accidentes y extravíos visibilizan la actividad de manera episódica, en narrativas que se suman de modos diversos en la gran conversación mediatizada. El caso más reciente es el peregrino Oscar Castro, perdido en un sector de serranías orientales en la capital salteña, conocido turísticamente por Cerro de la Virgen y próximo al barrio Tres Cerritos.
Otros hechos, aún frescos en la memoria local, transcurrieron sobre cordones, esta vez occidentales, entre agosto de 2020 y abril de 2021. Analía Ibáñez Sierra (montañista y psicóloga) y Fabiana Cari (estudiante de geología) desaparecieron por algunos días en zonas de media y baja montaña. La primera, perdió la huella descendiendo por el Cerro Pacuy en el municipio Campo Quijano (departamento Rosario de Lerma). La segunda equivocó la senda que transitaba por lo alto de la selva montana próxima a la ciudad de Salta a la que había llegado ascendiendo por la turística Quebrada de San Lorenzo, de propietarios privados, en el municipio homónimo (departamento Capital).
Consecuencia de esos dos sucesos, el exministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro encabezó una mesa intersectorial durante abril y mayo último. Allí confluyeron diversas opiniones que, según las instituciones representadas, dividían las aguas de las soluciones posibles en el mediano y largo plazo. Por un lado, quienes sugerían regular negativamente. Es decir, orientar el futuro plan de acción público hacia los usuarios, por la vía de la contratación obligatoria de guías o el pago de una entrada para el tránsito por senderos en áreas de reserva públicas o propiedades privadas que así lo permitieran. Por otro, quienes preferían regular positivamente, y orientaban la planificación pública hacia el relevamiento y ordenamiento de senderos transitados regularmente, tipos de usuarios que los recorren a diario y de propietarios del territorio que atraviesan esos senderos, utilización de aplicaciones para reportar salidas, capacitación a fuerzas de seguridad, y especialización de rescatistas según baja, media o alta montaña.
Dentro de ese proceso bajo la gestión del ministro saliente, la diputada provincial por el departamento Capital, Laura Cartuccia (Salta tiene Futuro), presentó un proyecto a principios del año legislativo 2021. Su contenido fue similar a la Ley 27665 recientemente sancionada en el Congreso. Ingresó a la Cámara Baja salteña el 27 abril y no obtuvo tratamiento durante el año. En su derrotero, solo consta que fueron giradas copias del proyecto a las comisiones de Legislación General, y Cultura y Deportes.
Sobre el futuro de la Mesa Intersectorial ante el reciente cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad de la provincia, fuentes consultadas por Salta/12 dijeron que si bien en la agenda del actual ministro, Abel Cornejo, aparece como pendiente reunir a los miembros de esa Mesa, la fecha aún es incierta.
En Salta, a pesar de contar con generaciones de andinistas que desarrollan la actividad de manera deportiva o socio recreativa sin fines de lucro, la regulación estatal positiva es aún muy incipiente. Por eso, en el contexto actual de pandemia y gran demanda de actividades al aire libre, gratuitas o a bajo costo, la nueva Ley de Fomento al Montañismo encuentra un momento propicio. También para quienes anhelan generar regulaciones más inclusivas, responsables y respetuosas con comunidades y ambientes, no solo para el libre tránsito por senderos de la alta y media montaña, sino también en las serranías bajas y próximas a centros urbanos.
¿Qué viene ahora?
En principio, los montañistas consultados por Salta/12 que participaron en la redacción de proyecto de ley nacional, esperan que las provincias, Salta entre ellas, adhieran durante 2022 a la norma recientemente sancionada. Fue una opinión compartida por Mauricio Bianchi, de Andinistas Argentinos, y Fernando Martinis, del salteño Club Janajman. Incluso para ambos, la reglamentación de la nueva herramienta sin duda demandará un trabajo colectivo en mesas de diálogo que deberán ser articuladas por cada jurisdicción y organismos, sean provinciales o municipales.
En la Mesa Intersectorial de abril pasado participó Fernando Martinis del Club Janajman. Para el montañista, una vez concretada la adhesión provincial, seguirá una etapa de debate y trabajo articulado entre distintos actores que podrán acordar cuestiones más particulares. “Por ejemplo, los ciudadanos que salen a caminar por senderos de montaña deberían reportar su salida, pero la policía también debe saber que esos instrumentos existen. Hay que estandarizar”, opinó.
Sobre el aviso de salida que se pediría como requisito a los ciudadanos (expertos o no en senderos de montaña), una de las iniciativas presentadas en esa Mesa fue el desarrollo de una aplicación móvil. Carlos Lucca, desde la Agencia de Información de Políticas Públicas de la provincia, informó a Salta/12 que hasta el momento no recibieron una invitación formal de parte del Ministerio de Seguridad para compartir el estado en que se encuentra el proyecto de la app.
Hasta el momento, tan sólo dos provincias (San Luis y La Rioja) aprobaron leyes provinciales de fomento al montañismo. Ocurrió en 2019 y 2020 respectivamente. En los dos casos, las normas provinciales contienen los mismos artículos que la iniciativa nacional. Sin embargo, sólo en San Luis varios municipios la profundizaron en ordenanzas. Con esos instrumentos ordenaron diversos circuitos pedestres utilizados regularmente, generaron condiciones de seguridad sumando aplicaciones digitales, y garantizan progresivamente el libre acceso y tránsito partiendo desde la demanda de disfrute del usuario próximo: sus vecinos.
Tan solo en los dos municipios salteños que forman parte del departamento Capital hay mucho por hacer. Hace décadas se imagina que las serranías del Este se transformen en un gran Parque de la Ciudad dentro del municipio Capital. Sus senderos conectan algunos picos muy transitados por ciudadanos, deportistas y turistas como el Cerro San Bernardo, el Cerro Aladelta y el Cerro de la Virgen. Sin embargo, muchas de sus sendas requieren señalización para mejorar las condiciones de acceso. También un trabajo coordinado entre organismos estatales para mejorar la seguridad y el cuidado de sus ambientes.
El otro municipio, San Lorenzo, desarrolló en pandemia una experiencia de gestión responsable dentro del área de reserva natural “Las Yungas” que se encuentra bajo su administración. Senderos demarcados con bastante claridad y el registro de quienes ingresan al predio (al menos de datos personales y un teléfono), hablan de un intento por generar desde esa comuna, las condiciones de seguridad mínimas necesarias para responder en caso de extravíos o accidentes. Para sus autoridades municipales es importante ampliar el alcance de la red de WiFi en las serranías.
En sus artículos, la nueva Ley de Fomento al Montañismo incluye al senderismo, el trekking, el ascensionismo, la escalada y “todas las técnicas necesarias para concretarlas”. Por otro lado, reconoce la existencia de sitios, recorridos y espacios de tránsito y uso ancestral e histórico. Una aseveración que probablemente levantarán comunidades originarias. Los andinistas saben de su presencia ancestral y la batalla que libran por el reconocimiento comunitario de sus territorios. Simplemente, la presencia humana en las montañas se pierde en los siglos.
Hemos caminado por ellas sin mediar patrones neoliberales de consumo del espacio ¿por qué no aprovechar una ley, que propone principios y se presenta ante la provincia y sus municipios montanos, como herramienta de código abierto?
