Este martes se realizará en los Tribunales Federales de Rosario la última audiencia del año en el juicio por desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco. Se trata del joven de 20 años que llegó desde Florencio Varela a visitar familiares y que antes de regresar fue detenido en la comisaría 7°, en octubre de 2014. Su cuerpo fue hallado días después en el río Paraná. El debate oral que comenzó el 6 de diciembre, con el acompañamiento en la calle de decenas de organizaciones que vienen apoyando a la familia de la víctima, continuará con la indagatoria a los policías que fueron procesados -dos pertenecían a Asuntos Internos y el resto a la comisaría-, con diferentes grados de responsabilidad. La audiencia cerrará así la primera etapa del proceso oral y público que se retomará en febrero, después de la feria judicial, cuando será momento de la producción de la prueba y testimonios. Se prevé que en abril finalice esa segunda etapa para luego dar lugar a los alegatos de clausura y esperar una decisión del tribunal, a mediados de 2022.
La primera jornada del debate estuvo dedicada a la lectura de las requisitorias de elevación a juicio que hicieron tanto la Fiscalía Federal como las querellas. En tanto, durante la segunda audiencia declararon algunos de los 19 imputados, como el entonces comisario de la seccional. El abogado querellante Santiago Bereciartúa, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, expresó que los dichos de los agentes tuvieron que ver con "salir a dar un discurso que los libere de responsabilidades. Nos dimos cuenta de que después de tantos años, manejan bien la causa y lo que hacen es tergiversar o interpretar de otro modo algunas pruebas, con un deslinde de responsabilidades. Se esbozó una teoría del caso que tiene que ver con que la detención de Franco fue el 7 y que lo liberaron esa misma noche", a diferencia de Fiscalía y querellas que ubican la detención la noche del 6.
Guillermo Campana, quien integra la querella en representación de una de las hermanas y el hijo de Franco, que en ese momento tenía tres años, consideró que los acusados "tienen muy bien estudiado qué decir, han tenido que salir a tratar de refrendar o de corregir lo que estaba mal en las actuaciones".
Bereciartúa agregó que a partir de febrero arranca la etapa de testimoniales -que será los jueves y viernes de cada semana-, donde habrá declaraciones de personas que estaban privadas de libertad cuando Franco fue detenido. "Tenemos que pensar que han pasado varias cuestiones y que cuando lleguen, además, van a haber transcurrido más de siete años desde el hecho".
"Con los testimonios se irá instalando nuestra hipótesis, que va a contrastar con la de los acusados", agregó Campana sobre lo que esperan. "Y en los alegatos de cierre daremos cuenta de qué hemos podido probar".
En cuanto a las expectativas, el querellante planteó que "la mayoría de las causas de violencia institucional o en las que hay involucrados policías tramitan en el foro provincial y tuvieron distinta suerte, sobre todo dependiendo del inicio de las investigaciones". En este caso, Campana consideró que al estar en el Federal "será bastante inédito (al momento de la decisión) y hay expectativa en relación a eso".
Bereciartúa planteó que en la Justicia provincial "hubo una evolución en cuanto a causas de violencia institucional, porque antes había casos en los que no se llegaba a nada. Este caso está en la Justicia Federal y es el primero de este segmento temporal -antes mencionó las causas por las que movilizaban las madres del dolor-, por lo tanto no sabemos cómo se va a resolver; ahí están las expectativas", dijo.
En cuanto a los tiempos, los querellantes coincidieron que entre abril y mayo finalizarán los testimonios, y que se espera que antes de mitad del año que comienza haya sentencia de primera instancia.
La teoría de la Fiscalía Federal es que Franco salió hacia la Estación de Trenes Rosario Norte para regresar a Buenos Aires, el 6 de octubre de 2014 por la tarde. "En los alrededores de la estación habría sido apresado por efectivos de la Comisaria 7°", reza la requisitoria fiscal. "Lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en absoluto estado de indefensión", señala la acusación fiscal.
