El 30 de diciembre se cumple un año de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En este marco, el miércoles 22 tuve el privilegio de ser invitada como columnista de Página/12 a un desayuno en Casa Rosada encabezado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra. Todas ellas, mujeres que han sido claves en esta gran conquista de derechos. 

Junto conmigo también participaron las periodistas Noelia Barral Grigera, Ingrid Beck, Luciana Peker, Flor Alcaraz, Mariana Iglesias, Alicia Alvado, otras mujeres importantes que pusieron el cuerpo y su voz a la lucha. La intención del encuentro era poder analizar lo que ocurrió en este primer año de implementación de la ley a partir de las evaluaciones que tenemos. Nos compartieron datos y cifras sobre el acompañamiento y el resultado por provincias que nos sirvieron para tomar dimensión de la magnitud de esta gran ampliación de derechos para las mujeres y cuerpos gestantes. Un hecho histórico, que quedará grabado en los cimientos de la construcción de esta nueva Argentina feminista. Quizás la crisis sanitaria nos impida poner en valor esta gran conquista de derechos, pero estoy segura de que con el tiempo es algo que quedará en evidencia. 

El impacto que tiene la posibilidad de decidir implica, sin lugar a dudas, un acceso a la salud. Ahora es importante poner en valor toda la lucha de tanto tiempo, conquistada en un momento tan especial, y sobre todo que exista una mirada federal. Porque cuando se sanciona una ley empieza el trabajo y la articulación con las jurisdicciones, los municipios con particularidades. El inicio del camino plantea siempre un montón de desafíos. Este primer año es muy importante ver el trabajo recorrido, porque ha brindado un diagnóstico de situación en cada provincia que fue muy útil para realizar análisis y para seguir generando políticas públicas en conjunto. 

Otro desafío es también la comunicación federal: informar es fundamental para que ese derecho se conozca y se pueda ejercer más. Por eso, les comparto algunas de las cosas importantes que debemos valorar para tomar impulso y seguir avanzando. 

Desde el 30 de diciembre de 2020, se lleva adelante una construcción federal y continua con cada provincia para avanzar en la implementación de la ley 27.610. En cuanto a la comunicación directa con la población para brindar información y también para remover obstáculos en el acceso a la interrupción del embarazo, sabemos que 19.000 personas consultaron en 2021 sobre interrupción del embarazo a la línea 0800 222 3444, mientras que entre 2010 y 2020 lo habían hecho 17.302. En relación con los centros de salud y hospitales públicos que garantizan la interrupción del embarazo (IVE/ILE), actualmente sabemos que son 1.243 en todo el país. En 2020 eran 903. 

Las interrupciones realizadas en condiciones seguras en el sistema público informadas han sido 32.758 en todo el país. En este año, 904 profesionales recibieron formación en la ley 27.610, sobre edades y consentimiento para el acceso a la IVE/ILE, consejerías, tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y atención posaborto. Se realizaron 57 asistencias técnicas a los equipos de salud provinciales para la realización de las interrupciones del embarazo. 

También se trabajó en el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes y se implementaron acciones federales de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos. Entre otras medidas, se distribuyeron botiquines de salud sexual a 5.500 centros de salud de todo el país. En definitiva, con dificultades y con diferencias se logró que la IVE se aplicara en todo el país. Claramente hay mucha diferencia en algunas provincias del norte. No podemos dejar de mencionar que hubo 35 acciones judiciales tratando de voltear la ley. Pero ninguna de ellas impidió el acceso a la IVE. 

Un tema no menor fue la persecución de las médicas por aplicar la IVE y el efecto que provocó en ellas, el miedo, ya que se las hostigó de manera aleccionadora. El caso de Miranda Ruiz, una médica de Tartagal, tiene un efecto ejemplificador, ya que afronta una causa que tiene pena de hasta un año de prisión. Eso es algo insólito que solo se entiende en el marco de una intención disciplinadora. Su caso fue importante para saber que hay zonas en que hay que trabajar más fuerte y contar con más profesionales que lleven adelante la IVE, porque esto garantiza la posibilidad del acceso para todxs. Si una persona tiene que hacer cientos de kilómetros para poder acceder, ese derecho a la salud se encuentra obstaculizado. 

Lo importante es que la ley se implemente bien, en paz, en forma efectiva, respetando derechos de quienes tienen la decisión del «no» y de quienes tienen la decisión del «sí». Porque esta es una ley que no obliga a nadie: es al revés, garantiza derechos con los mejores argumentos. Venimos revirtiendo esos argumentos negativos, como aquel que afirmaba que se iba a usar de método anticonceptivo, un verdadero delirio. 

Siempre pienso en como la vida me va sorprendiendo en cada paso que doy. Hoy miro para atrás y puedo ver un largo camino recorrido en cada movimiento. Mi mamá fue la persona que más falta me hizo y la que más cerca sentí esas noches de vigilia en el Congreso. Estoy segura de que me acompañó. Si esta ley hubiera existido en su época, mi historia sería diferente. Siento un profundo orgullo por haber participado activamente de esta gran conquista, puedo mirar a mis hijes a los ojos y que sientan orgullo de su abuela y su mamá. 

Voy a terminar con una frase que me dedicó la querida Luciana Peker, que me hizo emocionar hasta las lágrimas: «La revolución de las hijas sos vos, Florencia. Es impresionante la reivindicación de tu historia». Mamá, donde quieras que estés: ¡Gracias, esta guerrera es por vos!