Las 13 caravanas de motociclistas que encabezó a lo largo del año el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le costaron al Estado unos 881 mil dólares (cinco millones de reales). Así lo establece un relevamiento realizado por el diario Folha de Sao Paulo, en base a distintos pedidos de acceso a la información pública. Bolsonaro realizó su primera caravana de motos el nueve de mayo en Brasilia. Luego participó de las que se realizaron en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco y Paraná.
En cada movilización, el mandatario de ultraderecha aprovechó para defender el accionar de su gobierno y disparar críticas feroces a la oposición y a la Corte Suprema por las investigaciones en su contra. Además llegó a poner en duda la realización de las elecciones presidenciales del próximo año, para las que viene en caída libre frente al avance en los sondeos del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
¿Cómo fueron las caravanas de Bolsonaro?
Folha de Sao Paulo indicó este domingo que los 881 mil dólares que estos eventos le costaron a las arcas públicas de Brasil fueron para pagar, en parte, los gastos asumidos por los distintos estados para garantizar la seguridad de la población y de la comitiva del mandatario. El cálculo no incluye el viaje de Bolsonaro a Paraná del pasado seis de noviembre, un costo aún no reportado por la presidencia.
Las multitudinarias caravanas, en medio de los devastadores efectos del coronavirus en el país, fueron utilizadas por Bolsonaro para buscar una demostración de fuerza en medio de la fuerte caída de su popularidad, impulsada por el avance de la inflación y la exposición del gobierno federal por su manejo de la crisis sanitaria.
En las caravanas, Bolsonaro se mostró junto a su base más radicalizada, recurriendo a discursos que en algunos casos provocaron crisis institucionales. El presidente subrayó, por ejemplo, que no aceptaría los resultados de las elecciones de 2022 si fuera derrotado. También aprovechó para atacar a gobernadores y ministros del TSE (Tribunal Superior Electoral) y de la Corte Suprema, y repitió su rutina de rechazar el impacto de la pandemia sobre la población, generando aglomeraciones y abrazando a simpatizantes sin mascarillas.
En respuesta a las solicitudes en base a la Ley de Acceso a la Información, la presidencia informó los montos gastados en viajes, pero no compartió los detalles de los mismos. Los gastos de la comitiva presidencial en estos viajes están siendo analizados por el TCU (Tribunal Federal de Cuentas) a pedido de los miembros de la comisión investigadora de la pandemia en el Senado.
El 29 de septiembre pasado el asunto se trató en una sesión extraordinaria, bajo secreto, que finalmente fue suspendida por una solicitud de opinión. El proceso volvió a estar en la agenda el ocho de diciembre, pero el juicio volvió a posponerse por decisión del pleno y no hay ninguna fecha estipulada para su reanudación.
El TCU debe analizar no solo la auditoría de los costos de estas caravanas, sino también una más amplia respecto a los gastos de la tarjeta corporativa del presidente y sus familiares. En estos casos los gastos no son juzgados exactamente por el tribunal, explicó André Rosilho, experto en derecho administrativo. Los ministros del tribunal tienen la tarea de evaluar si hay alguna irregularidad en las cuentas.
"El TCU audita los gastos y emite una opinión sobre las cuentas del presidente, que a su vez son juzgadas por el Congreso", dijo Rosilho a Folha de Sao Paulo, y agregó que, si se identifica alguna irregularidad en los gastos realizados con los viajes en moto, el resultado puede ser remitido a la Fiscalía Federal, que en este caso puede iniciar una acción de mala conducta administrativa.
A lo largo del año, dirigentes políticos y parte de la sociedad civil cuestionaron si el uso de dinero público para permitir la participación de Bolsonaro en estas caravanas podría enmarcarse como un abuso de poder político. También se preguntaron si los discursos del presidente en este tipo de eventos podrían significar una propaganda electoral anticipada.
Especialista en derecho público y electoral, el abogado Ricardo Penteado dijo que no tenía forma de evaluar concretamente el caso de Bolsonaro, aunque sostuvo que el uso de equipamiento público para intereses políticos y personales ajenos al ejercicio de la presidencia puede representar una "improbidad administrativa".
Penteado también afirmó al diario Folha, sin referirse específicamente al caso del mandatario brasileño, que no es necesario que haya propaganda anticipada para que exista abuso de poderes. "Si utilizo una estructura pública para mi interés político, que aprovecharé para las elecciones, incluso si no es propaganda en el sentido puro de la palabra, no significa que no esté cometiendo una trampa electoral", advirtió el letrado.
Mayores gastos en San Pablo
San Pablo, gobernado por el opositor y candidato presidencial Joao Doria, fue paradójicamente el estado que más recursos invirtió para permitir la participación del presidente en las caravanas. De acuerdo al gobierno, los costos alcanzaron 1,5 millones de reales (alrededor de 260 mil dólares) en los dos eventos que se realizaron, uno en la capital y otro en el municipio de Presidente Prudente en el mes de julio.
Para los paseos en moto de Bolsonaro por el estado más importante de Brasil se movilizaron 1.433 policías que estuvieron acompañados por batallones territoriales y especializados del ejército, junto a equipos del Departamento de Bomberos y Rescate. Las caravanas también contaron con el apoyo de cinco aviones, diez drones y aproximadamente 600 vehículos, incluyendo motos, automóviles y unidades especiales.
En agosto, Doria aseguró que iba a acusar a Bolsonaro ante la justicia si participaba de nuevas caravanas en el estado. "No es obligación del gobierno del estado de San Pablo hacer seguridad de las motocicletas sin que el costo sea asumido por quienes las organizan y promueven", dijo quien se convirtió en el candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) luego de ganar con holgura las internas de la fuerza.
No es éste el único tema en el que Doria está enfrentado a Bolsonaro. El estado de San Pablo anunció en las últimas horas que vacunará niños contra el coronavirus en un claro desafío a la posición del mandatario, reticente a la inmunización de menores a pesar de la aparición de la peligrosa variante Ómicron.
