La fiscala Antonella Kranevitter no hizo lugar a los pedidos del intendente catamarqueño Elpidio Guaraz, acusado por acoso y privación ilegítima de la libertad con fines sexual. 

La defensa del funcionario público había solicitado que declaren los familiares de la sobreviviente, la psicóloga que concretó la pericia psicológica y la propia víctima, pero el Ministerio Púbico Fiscal no hizo lugar por considerar que se trata de una revictimización. Se espera que esta semana haya definiciones en cuanto a la imputación del funcionario.

En el decreto firmado el 22 de diciembre, Kranevitter, no hace lugar al pedido de la defensa técnica en cuanto a la solicitud de declaración testimonial de R.V, D.V y N.D, familiares de la joven denunciante “porque sus manifestaciones podrían constituir una eventual incriminación en el hipotético caso que su conducta implique comisión de un delito”. En este cotexto, vale recordar que la denunciante era menor de edad al momento de los hechos y debió huir de su casa para poder realizar la denuncia penal.

En cuanto a lo peticionado en relación de una nueva declaración de la sobreviviente y teniendo en cuenta que los abogados “no indican las circunstancias sobre las cuales debería versar su testimonio a los fines de meritar su pertinencia y más aún si ello supone una evidente revictimización de C.E.V. no a lugar”, dice la funcionaria judicial.

Por otra parte, la fiscala  les negó la posibilidad de realizar una pericia caligráfica a la víctima y también la de que la profesional que le realizó la pericia psicológica a la denunciante, sea interrogada ya que durante la concreción del estudio ellos pusieron un perito de parte.

Las negativas de la fiscala buscan proteger a la denunciante en un marco en donde hasta el momento la administración de justicia está demorada, ya que pasaron más de 6 meses de la denuncia. No obstante, estas negativas podrían ser utilizadas por Guaraz para apelarlas y de esta manera dilatar aún más la causa, en donde las pruebas y pericias ya fueron producidas y podría derivar en una inminente imputación para él.

Guaraz, debe responder también por otra denuncia, realizada un día después y que lo acusa de acosar sexualmente y coaccionar a otra joven del mismo pueblo en donde es Intendente.

La semana pasada, los abogados de las víctimas, Natalia Páez y Luis Muñoz y Pérez, realizaron pedidos de imputación y pronto despacho para que la fiscala en comisión, Kranevitter, para impute e indague al funcionario público.

La causa

La primera denuncia fue realizada el 3 de junio. Carolina, la víctima, quien era una adolescente al momento de los hechos, confesado púbicamente que “Si no lo denunciaba, hubiera terminado muerta o iba a mandar a matarme”.

El día 4 de junio, Shirli Cordero, también denunció penalmente al Intendente. Esta vez por acoso sexual y coacción, y paralelamente presentó un recurso de amparo en la Corte de Justicia para poder seguir trabajando, ya que el funcionario municipal se negaba a habilitarle su comercio si ella no accedía a sus propuestas sexuales. En este caso, la Corte resolvió a favor de la joven decretando la irregularidad en la que incurría Guaraz y contextualizando el caso como violencia de género.

Hasta el momento, y pese a que los tratados Internacionales de protección a las mujeres obligan a la justicia a actuar con celeridad en este tipo de causas, no hubo resoluciones y el Intendente sigue en su cargo sin ser imputado. 

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