Finalmente, la oposición de las derechas, unidas por la pavura al "populismo izquierdista” del FdT, logró “voltear” --según la confesión pública de Martín Tetaz-- la Ley del Presupuesto Nacional. Al mismo tiempo, los grandes medios se ocuparon de bajar del debate público el presupuesto de la CABA recientemente aprobado en la Legislatura. Su principal característica política es que no cambia nada de los anteriores que Macri y Larreta vienen imponiendo desde hace 14 años. Una vez más porteños y porteñas tendremos un presupuesto de ajuste que no contempla las asignaciones de partidas para lograr mejorar la vida de la mayoría de la gente de nuestra ciudad. Si convenimos en que el presupuesto es la hoja de ruta de la gestión gubernamental, el de la ciudad exhibe con toda crudeza cuáles son las prioridades del gobierno porteño: no se piensa que lo fundamental es que crezca la inversión en salud, educación, transporte, vivienda, cultura y en mejorar la vida de los 830 mil pobres y núcleos de clases medias cuyos trabajos e ingresos también se deterioraron.

Con la pandemia volviendo a crecer, en la ciudad se proyecta para el 2022 una política a medida de los intereses que la gestión porteña representa, continuando la inclinación a favor de las elites y repitiendo la actitud insensible sostenida durante la crisis sanitaria en la que, ni aun en los peores momentos, se hizo un esfuerzo para aliviar la situación económica y sanitaria de miles de ciudadanos y ciudadanas desamparados y de sectores productivos de las capas medias paralizados por la incertidumbre. Una vez más el marketing, con el ya muy fatigado caballito de batalla de los fondos retornados a la nación, reemplazó la falta de voluntad política para auxiliar a los núcleos sociales con las necesidades más críticas.

Siguiendo esta línea propagandística, Rodríguez Larreta continuó por segundo año consecutivo denominándolo “presupuesto de contingencia”, lo cual ya resulta claramente extemporáneo teniendo en cuenta que la coparticipación representa sólo el 12,6% de los ingresos y el otro 87,4% son propios, sin ninguna relación con este debate ficticio con la Nación. Es dable aclarar, además, que de las rentas propias, el 67,4% provienen del impuesto a los ingresos brutos aportados por las empresas de la ciudad. Queda clarísimo que, a diferencia de varias de nuestras provincias, la CABA no necesita de los fondos coparticipables para sustentar sus gastos. Inclusive, el presupuesto de casi un billón de pesos anuncia que tendrá un superávit (ingresos primarios mayores a los gastos primarios) de $181.085 millones. Es decir, que si no se prestan servicios de índole social no es por imposibilidades económicas, sino por una definición ideológica.

Si nos remitimos a un ejemplo paradigmático del año que finaliza, el caso del impuesto del 1,2% al consumo de tarjetas de crédito desnuda el enfoque sobre las políticas tributarias de la derecha. Se grava a los consumos con tarjeta, ya no solo para viajar a destinos turísticos exóticos, sino a todos los usuarios, incluyendo masivamente a los que compran alimentos.

En materia impositiva, tanto en la Nación como en la ciudad, los representantes de JxC vienen realizando una suerte de exaltación mística de que no votarán nuevos impuestos, copiando a los derechistas del tea party norteamericano. El sofisma salta a la vista con el tratamiento parlamentario del impuesto a los bienes personales. Su postura política no es negarse a aumentar impuestos en general, en realidad su rechazo es a no gravar a los muy ricos por sus grandes patrimonios locales y por los que transfirieron al exterior. La defensa de esos núcleos de supermillonarios es irrestricta. Ya la habían exhibido crudamente en oportunidad de la ley del Aporte Solidario al que también se opusieron infructuosamente en defensa de los triunfadores del modelo. Además, esta extraña idolatría a no crear nuevos impuestos es falsa. En todos los países capitalistas centrales se instauraron nuevos impuestos para afrontar la excepcionalidad de la pandemia y su impacto en los sistemas de salud. Justamente, la partida de salud del presupuesto porteño para el 2022 es $157.867 millones con un crecimiento de $34.968. Se trata de un número importante nominalmente, sin embargo, representa un incremento de solo el 28,5%, lo cual está por debajo de cualquier pronóstico inflacionario. He aquí un ejemplo de la concepción sobre las prioridades de la derecha de Rodríguez Larreta.

Otro perdedor clásico del presupuesto de la ciudad es la educación. Se anuncia que la participación en el gasto aumentará el 1%, pero en realidad en los últimos 10 años el rubro no paró de caer hasta perder un 14% en términos reales descontando el efecto inflacionario. Su peso dentro del total del gasto porteño se redujo del 23,8% a 18% en el mismo período. Mientras Larreta y su cuestionada ministra Acuña se la pasaron criticando los días de clases perdidos, recortaban el presupuesto en educación año tras año. Recientemente, el Presidente Alberto Fernández planteó la idea de la ética de las prioridades como un tema que define la ideología de un gobierno. En tal sentido, en nuestra ciudad nos encontramos con un ejemplo patético: en infraestructura escolar (obras nuevas, ampliaciones y readecuaciones) se planea gastar $3021 millones y en construcción y remodelación de comisarias $3161 millones. Es decir, prácticamente el mismo monto en comisarías que en escuelas, con la gran diferencia de la enorme cantidad de establecimientos educativos y el tamaño de las escuelas en metros cuadrados comparado con el de las comisarias.

Algo parecido ocurre con los hospitales públicos. En plena pandemia las obras de los hospitales Rivadavia, Piñero, Argerich, Borda y Muñiz, entre otros, serán de $1124 millones mientras que en obras, paradas y entornos del metrobús Paseo Colón se gastará $1604 millones. O sea, obras que son una parada con un techo y una línea amarilla pintada en el asfalto, a modo de carril exclusivo, demandarán más recursos de los porteños que todos esos hospitales.

En suma, Rodríguez Larreta y sus legisladores volvieron a votar un presupuesto de ajuste. 

Juan Carlos Junio es secretario general del Partido Solidario. Director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.