El 44,8% de las noticias emitidas por los canales de televisión abiertos del área metropolitana Buenos Aires ((Telefe, Canal 13, América TV, Canal 9 y la Televisión Pública) durante el año 2020 fueron elaboradas sin fuentes identificables, según un estudio realizado por la Defensoría del Público de Medios de Comunicación Audiovisual. Lo anterior refleja un retroceso respecto del resultado que aportó el monitoreo del año anterior, 2019, cuando el 39,2% de las noticias visionadas no presentó ninguna fuente de información. El 55,2% fueron construidas con una o más fuentes. El 39,1% tuvo una única fuente referenciada y el 16,1% utilizó dos o más.
La Defensoría, organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), realizó por octavo año consecutivo este monitoreo permitiendo de este modo analizar también la evolución de los datos recogidos.
El estudio, titulado “Qué es noticia para los noticieros de TV abierta-2020”, monitoreó 7.863 noticias con una duración de 362 horas de los noticieros emitidos por los cinco canales de aire del AMBA.
En esta oportunidad, y por razones claramente vinculadas con la pandemia de la covid-19, la salud fue el tema central de los noticieros de los canales de aire, superando ampliamente todos los demás ítems. Para atender el tema algunos canales introdujeron columnistas especializados/as en salud y ciencia, además de que funcionarios y funcionarias de los distintos niveles de gobierno fueron fuente de información en más de un tercio de las ocasiones.
En el primer período analizado (abril 2020), coincidente con el inicio de las medidas de cuidado, el tono en el discurso periodístico fue de acompañamiento a las medidas preventivas, se brindaron detalles e información especializada y se vieron noticias con perspectiva federal. En los períodos posteriores, se observó un diferente posicionamiento editorial, en el que se resaltaron las discrepancias entre dirigentes y funcionarios de los diferentes gobiernos respecto al ASPO y se puso foco en cuestionar la adquisición de vacunas y la campaña de inmunización.
El informe de la Defensoría destaca que “una tendencia que se sostuvo en los últimos años, fue la escasa visibilidad de temas asociados a una perspectiva de derechos, valorizaciones positivas y respetuosas de grupos sociales vulnerables tales como pueblos indígenas o migrantes, con un leve incremento respecto a géneros o niñez y adolescencia y personas mayores, especialmente en virtud de la pandemia”.
Otro dato significativo es que, a pesar de que los canales afincados en la capital se presentan como medios de cobertura nacional, dan cuenta fundamentalmente de noticias ocurridas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 45%), completando así el 47.2% del tiempo total de las emisiones, dato que se ubica por encima de los registros del año 2019.
A lo anterior hay que agregar que las noticias asociadas con niñas, niños y adolescentes, como ya se registró en monitoreos anteriores, fueron presentadas mayoritariamente como parte de la temática policial, en la que se caracteriza a niñas, niños y adolescentes como víctimas, delincuentes o victimarios. Situación reforzada –se informa- por el uso de cámaras de seguridad como fuentes de información en la mayoría de los casos.
En otro orden de cosas, la Defensoría del Público, a través de un comunicado, hizo pública su preocupación por las consecuencias de un nuevo fallo de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, en relación al decreto 690/2020 que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones y consideró a esa decisión como un paso atrás en materia de derechos de las audiencias. La Defensoría considera “un retroceso” que, mediante fallos judiciales, “se prive de efectos a esta norma, en momentos en que se necesita imperiosamente una acción protectora hacia los derechos de las audiencias”. El organismo considera que “es fundamental el reconocimiento de la comunicación en todos sus soportes y, en especial, el acceso a Internet como un derecho humano esencial. Y expresa preocupación por las decisiones que consolidan medidas regresivas”, solicitando al mismo tiempo “la regulación de medidas positivas para los sectores en condición de vulnerabilidad a fin de reducir la brecha digital y comunicacional y se recomienda la formulación de una política de tarifa social para democratizar el acceso a los servicios ofrecidos para las empresas prestadoras de servicios TIC”.
