Este año que termina se publicaron dos libros fundamentales que, leídos en conjunto, ofrecen un diagnóstico completo y minucioso sobre las políticas de comunicación y medios durante el gobierno de Mauricio Macri, junto a sus efectos transformadores, estructurales y, en algunos casos, persistentes. Como buenos diagnósticos, ambos trabajos diseccionan, describen, analizan y evalúan el periodo 2015-2019 a través de una amplia agenda de temas que fueron (tras)tocados por la administración macrista: regulaciones legales, convergencia digital, medios estatales y del sector sin fines de lucro, pauta oficial, conflictos laborales, ficción televisiva, política satelital, acceso a la información, contenidos de interés público y más.

Desde la Universidad de Buenos Aires, Damián Loreti, Diego de Charras, Luis Lozano y Mariela Baladron editaron “Futuro por Pasado. Regresión de derechos en las políticas de comunicación del gobierno de Mauricio Macri”. Por su parte, desde la Universidad Nacional de Quilmes junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) Martín Becerra y Guillermo Mastrini compilaron “Restauración y Cambio. Las políticas de comunicación de Macri (2015-2019)”, del cual el autor de esta nota es también coautor de algunos capítulos.

El común denominador de ambos trabajos es las afectaciones severas a la libertad de expresión que, efectuadas por múltiples vías, recolocaron a la comunicación en el espacio de las preocupaciones técnico-mercantiles, dejando en segundo plano su consideración como derecho ciudadano y asunto de interés público. La afectación a la libertad de expresión más estructural es la inédita concentración en el mercado comunicacional, que queda como testimonio hasta ahora inalterable e indeleble del periodo.

Damián Loreti sintetiza el rasgo saliente de aquel proceso en el que, afirma, “primó el modelo de generación de reglas sin discusión pública, basadas en demandas de distintos actores preponderantes de los mercados de medios y telecomunicaciones”. En la misma línea, Martín Becerra agrega que el gobierno de Macri “cambió el objetivo de la política estatal: en lugar de adecuar los grupos a la ley, adecuó las leyes a la estructura y necesidades del principal grupo”.

Contribuciones académicas como las mencionadas son insumos para un diagnóstico de situación: permiten responder ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el nuevo punto de partida?, y en el mejor de los casos ¿hacia dónde deberíamos ir de ahora en más? Incluso ofrecen herramientas para pensar en términos estratégicos qué camino ir haciendo y cuáles recursos son necesarios para lograrlo. Sin embargo, al momento de la formulación de diagnósticos y planes, le sigue la lógica de la implementación, que es en última instancia una cuestión de decisión política.

En este punto, el actual oficialismo movilizado por circunstancias extraordinarias vinculadas a la pandemia introdujo por Decreto de Necesidad y Urgencia (690/2020) su movimiento más notorio en materia de comunicaciones, que declaró a la telefonía móvil, el acceso a Internet y la TV paga como servicios públicos en competencia. El ahora judicializado DNU, sumó un capítulo más a la larga historia de ‘políticas’ de comunicación de corto plazo y efectos limitados.

Con una herencia compleja en términos institucionales y de estructuración de mercado, el gobierno exhibe en materia de políticas de comunicación lo que Mark Fisher en su libro Realismo Capitalista llama “impotencia reflexiva”. Es decir: “son conscientes de que las cosas andan mal, pero más aún son conscientes de que ellos no pueden hacer nada al respecto”. Si como dice el autor, la realidad es infinitamente plástica y capaz de reconfigurarse en cualquier momento, no hay razones para asumir la derrota. Lo que en octubre de 2009, tras la sanción de la LSCA resultó realista, hasta algunos años antes parecía imposible. En este punto, es necesario re-politizar nuevamente la comunicación en clave de derechos humanos, pero para esto es imprescindible la existencia de “un agente político que transforme en terreno de batalla lo que se da por descontado”, propone Fisher.

El desafío es complejo pero hoy más necesario que nunca. Pensar en libertad el futuro posible y deseable, para construir en el presente las condiciones necesarias para alcanzarlo, no es un ejercicio de voluntarismo utópico. Al contrario, es una metodología para construir políticas porvenir con “realismo” pero sin resignación.

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Becario posdoctoral del Conicet (UNQ/UNC). En Twitter, @skielrivero