En su último plenario del año el Consejo de la Magistratura decidió por unanimidad enviar un pedido formal a Alberto Fernández para que incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso el tratamiento de una nueva ley que modifique la integración del organismo y la adapte al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la composición actual. También mandará un planteo similar a Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del Senado, y a Sergio Massa, de Diputados. El Poder Ejecutivo, de hecho, presentó un proyecto de reforma del Consejo pocos días antes de la decisión del alto tribunal, donde propuso elevar el actual número de 13 consejeros y consejeras a 17, con un criterio de paridad de género en el reparto de los cargos. Será la base para un debate donde las distintas fuerzas políticas quieren dejar su huella y garantizarse representación. 

Como anticipó este diario, el Presidente ya había decidido incluir el proyecto de reforma del Consejo en las sesiones extraordinarias, con la expectativa de que que sea un tema que habilite acuerdos con la oposición. El fallo de la Corte generó una situación compleja para la que señaló dos caminos posibles: uno que a la corta o a la larga se debería cumplir es la sanción de una nueva ley; el otro es que si el Congreso no aprueba una norma en los 120 días posteriores a la sentencia, que vencen el 15 de abril, el organismo debe volver a su composición original de 20 integrantes. Esto último generó un gran revuelo porque obliga al Consejo, más allá de lo que ocurra en el ámbito parlamentario, a organizar la elección de las y los consejeros/as que faltan para aquella vieja integración: un/a representante de jueces, un/a de la Cámara Baja, un/a de la Cámara Alta, un/a académico/a, más el presidente de la propia Corte, Horacio Rosatti.

La semana pasada asistieron representantes de los estamentos a la comisión de Reglamentación, y plantearon serias dificultades para cumplir con el plazo por cuestiones de orden práctico. Las y los abogados del Colegio Público de Capital Federal que votarían representantes, por ejemplo, son unos 80.000 y tiene su propia elección de autoridades entre el 26 y 28 de abril, que es después de la fecha límite de la Corte. Los inconvenientes, alegan, serían múltiples: costos, organización, cantidad enorme de personas circulando en el escenario de pandemia. La Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados también vaticinaron problemas, y las universidades comunicaron algo parecido al presidente del Consejo, Diego Molea. En las dos cámaras del Congreso también tendrían que elegir, y establecer a qué bloque le corresponderían los dos lugares. 

Más allá de este panorama, al inaugurar el plenario de este lunes, Molea señaló que el Consejo tiene "vocación" de acatar el fallo y "llegar a buen puerto", aunque sostuvo que "la sanción de una nueva ley sería el mejor camino para que este Consejo pueda continuar con sus tareas". Uno de los grandes fantasmas, que los consejeros comentaron en las últimas reuniones, es que quede paralizada la actividad judicial si no se puede cumplir con la sentencia suprema, que estableció que en caso de no cambiar nada en cuatro meses, las decisiones del organismo serán nulas. 

Por todo esto enfatizó que se siguen los dos caminos en paralelo: dirigirse al Poder Ejecutivo y al Congreso (a este último también para alertarlo sobre las dificultades operativas) y organizar la elección de nuevos representantes. Una alternativa propuesta por el macrista Pablo Tonelli que quedó descartada por falta de unanimidad apuntaba a que se tome el resultado de las elecciones de jueces/zas y abogados/as de 2018.

La oposición política tiene interés en negociar una ley para el Consejo: saben que es un organismo de alta incidencia en temas que son de importancia en sus agendas, la designación de jueces y juezas y los procesos disciplinarios. 

De hecho algunos dirigentes presentaron ya tiempo atrás propuestas no tan alejadas de la del Poder Ejecutivo, como Graciela Camaño, y ahora hay quienes, como el abogado  Diego Marías, trabajan en propuestas para que analicen el PRO y el radicalismo. El organismo termina el 2021 sin haber avanzado en algunos concursos claves como los destinados a cubrir vacantes en tres juzgados federales porteños, dos lugares en la Cámara Federal de Comodoro Py y en tribunales orales, entre otros. 

Seguramente en esos nombramientos se juegue parte de la negociación política también. 

Por lo pronto, el plenario acordó en forma unánime habilitar la feria --algo infrecuente en el organismo--, continuar con la conformación de los padrones provisorios para la elección de consejeros y pedir colaboración a la Cámara Electoral, enviar una nota al Poder Ejecutivo para incluir el debate de la reforma del Consejo en extraordinarias en el verano, y otra nota a las dos cámaras del Poder Legislativo "con los inconvenientes que ha advertido el Consejo, las entidades participantes y sobre todo la necesidad del Consejo para sancionar una nueva ley".