Ayer, más de 100 mujeres que se desempeñan como personal de meaestranza en las escuelas, se manifestaron en las puertas del Ministerio de Educación de Salta, pidiendo que el Estado provincial les genere mayor estabilidad laboral. El motivo se debe a que, se supone, el año que viene el Gobierno designará a nuevas ordenanzas en las vacantes que se mantienen desde los sucesivos gobiernos de Juan Manuel Urtubey. 

A ello, se suma que la totalidad de las mujeres pertenecen al programa Potenciar Trabajo, donde mantienen un contrato anual de $16.500 por 4 horas. Y por el cuál, aún no han recibido una garantía de que serán nuevamente contratadas para el 2022. "No hemos recibido de forma escrita de que tenemos la continuidad", expresó la vocera de las trabajadoras Raquel Vega. 

Se trata de más de 150 mujeres de Capital que hoy están recibiendo el pago de su sueldos por parte de Nación, pero que es el Estado provincial quien efectiviza las contrataciones. Esta medida fue adoptada por ambas gestiones para asegurar el regreso a la presencialidad en las escuelas, y así, tener la garantía de que se contaba con personal de maestranza para cumplir los protocolos sanitarios. 

Las trabajadoras antes formaban parte del programa nacional Ellas Hacen, cuya política impulsaba el trabajo de las mujeres mediante cooperativas, pero que se vio interrumpido y transformado durante el macrismo. En medio de esas transiciones, las mujeres optaron por devolver las horas que ya tenían desde el Ellas Hacen a través del estamento provincial. Por eso, hoy devuelven sus horas de trabajo, tras el convenio que se firmó con el Ministerio de Educación de la provincia. 

Sin embargo, Vega dijo que en muchos casos son más de seis horas las trabajadas, pero recibiendo el mismo sueldo de $16.500. "Muchas compañeras dejaron porque era poca la paga, pero muchas nos quedamos con la esperanza de que nos iban a hacer quedar", contó la representante. Lo cierto es que aún no reciben ninguna novedad al respecto de parte de la cartera que dirige Matías Cánepa.

Vega sostiene que merecen una mejor estabilidad laboral dentro del área del Ministerio, debido a que estuvieron durante toda la pandemia trabajando bajo las riesgosas condiciones sanitarias. "Muchas de nosotras tuvimos Covid, y yo soy una de las que lo cuenta porque pude recuperme y sigo en la lucha", contó emocionada a Salta/12. Aseguró que su directora además está contenta con su labor y "sé que a muchas ya no pidieron para el próximo año". 

También, muchas de ellas ya cuentan con antecentes que demuestran el perfil laboral requerido en el caso que se llame a contrataciones. Vega afirmó que lo único que piden "es un trabajo digno" para "tener una mejora salarial porque a muchas la plata no nos alcanza". "La canasta familiar está muy alta y muchas somos las jefas de familia", contó, agregando que un gran número de trabajadoras se ve obligada a buscar otro empleo para poder llegar a fin de mes. 

El contrato con las mujeres inició el 22 de febrero y finalizó el 22 de diciembre, y si bien la cartera educativa no respondió a este medio sobre esta consulta puntual, en una situación similar que se planteó en Orán, sólo se aclaró que las contrataciones respondían al período lectivo. 

"Nuestra bandera somo nosotras mismas porque no tenemos ninguna bandera política. Y hoy estamos en las escuelas, por eso pedimos que desde el Ministerio de Educación, como ente ejecutor, nos den respuestas", expresó Vega. En ese sentido, pidió que al menos el sueldo pueda ser negociado desde un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero de 2022, será llevado a $33 mil para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa y a 165 pesos por hora para los jornalizados. 

En relación a las futuras contrataciones que llevaría adelante el área de Educación, Vega pidió que el grupo de mujeres sea tenido en cuenta porque lo cierto es que "las escuelas no tienen el personal suficiente porque hay mucha necesidad", al menos, así lo vieron en estos años de trabajo. "Queremos seguir trabajando, nos gusta y no solamente de ordenanzas, porque también hay muchas mujeres que están capacitadas para ocupar lugares administrativos", expresó. 

Las vacantes mencionadas se originaron dado que muchas ordenanzas se jubilaron y nunca se contrató a sus reemplazantes en esos puestos. 

Además, durante todo 2021 una de las principales demandas de las instituciones educativas fue la contratación de personal de maestranza. Ni bien arrancaron las clases, los gremios reseñaron en las reuniones con el gobierno las vacantes en los puestos que aún no estaban cubiertos. A esto se añadió que existían 548 ordenanzas comprendidas dentro de los grupos de riesgo ante la covid-19 y que debían tener una suplencia.

En ese momento se anunció que serían 700 las personas que trabajarían como ordenanzas en la Capital, pero sin precisar un número exacto para las localidades más lejanas. El pedido de la docencia era que se contraten a más 1500 ordenanzas en toda la provincia. Y para ese entonces, ya se adelantaba que su contratación sería a través del programa Potenciar Trabajo.