Los transportistas de personas con discapacidad, nucleados en la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes) expresamos que niños, jóvenes, adultos y ancianos, todas personas con discapacidades, son abandonados por el Estado nacional. En Rosario, como en muchas partes del país, no se atienden las necesidades de las personas con discapacidad cuando desde el Ministerio de Salud de la Nación y el PAMI, dilatan la entrega de medicamentos, prótesis y otros insumos, así como mantienen una deuda con las organizaciones que realizan las prestaciones básicas a este grupo de personas.
El gobierno nacional no cumple con lo que acuerda y una vez más nos sentimos estafados. Pretenden vaciarnos, debilitarnos, hasta que no podamos más. Desconocemos qué motivos llevan a los responsables del gobierno a no dar respuestas. Vemos como el Estado se retira.
Esta denuncia surge en virtud de que el año pasado hubo un acuerdo de aumento del 25 por ciento por la recomposición arancelaria, a pagarse en dos tramos. El primero, de 12.5 por ciento en octubre pasado, y el resto en marzo de este año. Este último no se cumplió.
En virtud de ello, desde Atraes señalamos que la situación no da para más, se ponen en riesgo miles de puestos de trabajo en todo el país.
Y para agregarle más dramatismo a la situación, el gobierno también atrasa pagos en el sector. Hoy hay retrasos de 9 y hasta 12 meses.
Obviamente, la situación lleva sin lugar a dudas al deterioro del servicio. Y muchos compañeros deben dejar de trabajar. Hoy me toca ver como muchos compañeros toman la drástica decisión de mal vender sus unidades, y tener menos unidades en la ciudad hace que no se llegue a muchas personas con capacidades reducidas.
Todo es cuesta arriba hoy para el sector. A la falta de pagos se debe agregar la presión tributaria tanto municipal, provincial y nacional que hace muy difícil poder seguir dando un servicio que es indispensable para muchas personas con discapacidades.
