Trabajadores del Hogar Granja Casa Joven, ubicado en General Lagos, denuncian el "vaciamiento" del centro de atención y contención de puertas abiertas, para jóvenes en conflicto con la ley penal. Aseguran que el decreto 713, firmado en abril pasado, para unificar el espacio con el centro socioeducativo que funciona en Alvear, tiene que ver con que "no se quiere pagar el costo político del cierre de un espacio abierto". Según denuncian, los cambios "apuntan a la baja en la edad de imputabilidad". Actualmente, en el lugar hay un solo chico alojado, que asiste a la escuela secundaria. Unos 12 empleados quedaron de un total de 26. El resto fue trasladado a Alvear, donde actualmente hay 21 empleados, en condiciones que consideran poco seguras.
Casa Joven se fundó a fines de los '90 para alojar a adolescentes de entre 16 y 18 años y resociabilizarlos con un sistema de puertas abiertas. Está ubicada sobre la ruta provincial 21, a la altura de General Lagos y depende de la Dirección de Justicia Penal Juvenil de la provincia. El sistema es idéntico al del espacio inaugurado en Alvear, en 2015. Los trabajadores aseguran que en las seis hectáreas de terreno de Casa Joven se dan las condiciones para albergar a media docena de chicos, a diferencia de lo que sucede en el nuevo espacio donde se están trasladando los recursos humanos y materiales, que resulta "menos seguro" para los adolescentes porque, por ejemplo, "tiene mucho espacio vidriado y no es apto para la convivencia durante 24 horas".
Aunque hace tiempo que se habla del cierre de Casa Joven, últimamente desde el Gobierno provincial se encargaron de dejar claro que eso no ocurriría, pero tampoco hay movimiento que permita avizorar una continuidad en el funcionamiento. "Cuando se corría el rumor de que cerraba, nosotros pusimos el cartel y a los pocos días apareció este decreto exprés, que se hizo en 20 días hábiles, desde Desarrollo Social y Justicia. Cuando preguntamos por qué no estaban entrando chicos nos dijeron que directamente no ingresan al sistema penal, como un logro del sistema; pero sabemos que no es así", se quejaron Fernando y Daniel Ragel ‑‑delegado de ATE‑‑, dos de los operadores de la granja. De hecho, tras el decreto, los juzgados de Menores comenzaron a mandar a los chicos a Alvear, donde al principio había menos alojados.
La situación les resultó llamativa, porque "durante cuatro o cinco meses" no hubo ingresos, pero salió el decreto y al día siguiente "había siete chicos en Alvear, y hoy son nueve adolescentes, que es toda su capacidad. Lo que nos preguntamos es ¿dónde estaban esos chicos que no ingresaban al sistema?". Para los trabajadores, la decisión de "vaciar" Lagos es "achicar gastos"; y como anécdota relataron: "El otro día nos quisieron llevar la garrafa porque en Alvear no tenían, pese a ser un espacio modelo".
Sobre el criterio para enviar a adolescentes a espacios de puertas abiertas o al Instituto de Rehabilitación al Adolescente (IRAR) ‑que el socialismo prometió cerrar en el gobierno de Hermes Binner‑, los trabajadores indicaron: "No sabemos cuál es. Es según cada caso; pero nosotros solemos trabajar con chicos que tienen causas hasta por homicidio". Y consideraron que "se está agravando la condición de encierro de los chicos, porque se habla de la construcción de dos pabellones de admisión en un espacio de calle Arijón al 600 para punibles y no punibles; entonces nos preguntamos si están pensando en la baja de edad de imputabilidad".
Lo último que se indicó desde Gobierno es que en Casa Joven se planea construir un centro deportivo y cultural para jóvenes con problemas de adicciones, pero no se les explicó a los trabajadores en qué condiciones estarán los chicos allí. Los trabajadores creen que todo tiene que ver con que desde el Estado provincial "no quieren pagar el costo político de cerrar un lugar de puertas abiertas"; pero mientras tanto no se sostienen las condiciones para albergar a los pibes.
El decreto firmado en abril pasado apunta la creación de un comité conjunto con varios puntos, entre los cuales se menciona una "refuncionalización" de los dos centros abiertos. "Aunque no entraron por meses, apenas se firmó el decreto empezaron a ingresar chicos a Alvear, pero no a Casa Joven", lamentaron. Los trabajadores aseguran que, aunque no está en juego su situación laboral, ven que mucho del trabajo que se hizo quedaría en la nada. "No queremos que se cierre porque es un lugar histórico. Sería volver a empezar", afirmaron. El alerta es por los pibes, ya que creen que los cambios van en detrimento de las políticas de inclusión.
