Después del escándalo que se generó con el hallazgo de un video en el que un ministro de María Eugenia Vidal confesó su deseo de contar con una Gestapo para perseguir dirigentes gremiales, la justicia federal de La Plata y el Congreso abrieron una investigación para desentrañar cómo funcionaba la mesa judicial del macrismo en la provincia de Buenos Aires y cuál era el rol que jugaban altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se sentaban a su cabecera. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia también resolvió pedir el juicio político de los dos camaristas que convalidaron la teoría del macrismo sobre la inexistencia de un plan masivo de espionaje y que, en todo caso, los espías actuaban por su propia cuenta, algo que terminó siendo desbaratado por la aparición de la filmación en la que se ven a tres de los máximos jefes de la exSIDE coordinando cómo armar causas.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó este martes al exministro de Trabajo de Vidal Marcelo Villegas y pidió que se identifique al resto de quienes participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en la que se discutió cómo diseñar un armado que terminaría con la detención del dirigente de la UOCRA platense Juan Pablo “Pata” Medina. La fiscal, además, pidió al juez federal Ernesto Kreplak una serie de medidas para avanzar con la denuncia que radicó el lunes la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, después de que el 23 de diciembre pasado hallaran la grabación en la sede de la exSIDE.

En simultáneo, la Bicameral, que preside Leopoldo Moreau, se reunió y resolvió conformar una subcomisión para abocarse a la investigación del rol de los integrantes de la AFI que encabezaron la reunión de junio de 2017. La subcomisión estará integrada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Aún falta que Juntos designe a su representante. Una primera propuesta fue que se sumara Gerardo Milman, exfuncionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y que se incorporó ahora a la Bicameral. Sin embargo, el diputado Cristian Ritondo pidió un tiempo para definir quién sería el tercero en la investigación. La idea es no perder el tiempo y comenzar con la pesquisa cuanto antes, confirmaron desde el FdT.

En mayo del año pasado, se creó una subcomisión para investigar el espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri que derivó en la presentación en marzo de este año de un informe extenso en el que se denunciaba una práctica sistemática de inteligencia ilegal y la existencia de un Estado mafioso. Ese informe fue el que fue desacreditado por la sentencia de la Cámara Federal porteña de la semana pasada.

Si bien la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya denunció quiénes son los tres funcionarios de la AFI que participaron en la reunión, la Bicameral, como primer paso, deberá pedirle a Caamaño que los identifique formalmente. En la Agencia confiaron a este diario que ya los tienen identificados.

Después, es claro que pedirán el video completo que se registró en la reunión en el Banco Provincia. La interventora Caamaño ya dijo que cree que se trata de una grabación hecha directamente por la AFI por la calidad de la imagen. Una hipótesis es que los espías hubieran instalado en ese lugar donde Vidal y su gabinete realizaban reuniones de alto impacto político un circuito de video para tenerlos monitoreados. Hay un par de datos para tener en cuenta: la reunión se produjo en junio de 2017. Para entonces estaba en apogeo el llamado Proyecto AMBA, que fue una iniciativa de la AFI a través de la cual se desplegaron nueve bases en provincia de Buenos Aires que se nutrieron de policías bonaerenses retirados. De acuerdo con lo trascendió en ese momento, el fin del Proyecto AMBA –en diciembre de 2017– se debió a la molestia que le generaba a Vidal saberse vigilada en su propio territorio. Otro dato es que, según surgió en la investigación que hizo la justicia federal de Lomas de Zamora, la AFI solía cablear lugares: lo hizo en una alcaidía del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el beneplácito de funcionarios del Ministerio de Justicia de Vidal.

Los tres espías

El área de los cableados, conocida como Operaciones Técnicas, estaba, de hecho, en manos de Diego Dalmau Pereyra, el tercero de los espías que fue identificado este miércoles por CFK en sus redes sociales. Al momento de la reunión, Diego Dalmau Pereyra era el director operacional de Contrainteligencia de la AFI –un cargo de máxima responsabilidad dentro de la central de espías–. Dalmau era un exoficial de inteligencia del Ejército que llegó a la Secretaría de Inteligencia en febrero de 1999. Lo llevó el entonces secretario Hugo Anzorreguy. Desde el gobierno de la Alianza quedó en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) y para diciembre de 2015, con la llegada de Macri al gobierno, se hizo cargo de Contrainteligencia. Desde allí, una de sus hazañas fue la conformación del grupo de espías conocido como Súper Mario Bros, integrado por policías de la Ciudad que fueron llevados en comisión a la AFI para hacer espionaje político. Para junio de 2018, Dalmau dejó su cargo y se fue como agregado a Chile. Tiene dos procesamientos: uno en la causa de los Súper Mario Bros y otro en la del espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Cuando Gustavo Arribas y Silvia Majdalani se hicieron cargo de la AFI, Dalmau y Darío Biorci fueron con ellos y se los presentó como hombres de confianza de la subdirectora, consignó CFK. Biorci, un exprefecto, fue el jefe de Gabinete de la AFI hasta finales de 2017. Cuando se modificó la orgánica de la Agencia, pasó a ser el director operacional de Terrorismo. Según contaron los espías en la Bicameral, Biorci era uno de los hombres más poderosos de la exSIDE, cuñado de la Señora Ocho y fue quien viajó a Paraguay para traer a Ibar Pérez Corradi, con la esperanza de tener una denuncia rimbombante contra Aníbal Fernández.

Juan Sebastián de Stefano, por el contrario, respondía directamente a Arribas y es hombre de Daniel Angelici. Comandó durante los cuatro años del macrismo el área de Jurídicos, una agencia dentro de la propia agencia que concentraba la vinculación con los jueces y, además, tenía un área para realizar las desgrabaciones de las escuchas que después terminaban filtradas a los medios. De Stefano fue también quien visitó al juez Luis Carzoglio para motorizar la detención de Hugo y Pablo Moyano, casualmente dos dirigentes sindicales también.

Tanto Dalmau como De Stefano fueron citados por la Bicameral el año pasado. El único que compareció fue Dalmau. De Stefano, que se recicló en el gobierno de la Ciudad –donde integra Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) –, solo presentó un descargo escrito ante los diputados y senadores.

La denuncia contra los camaristas

De Stefano y Arribas fueron dos de los grandes beneficiados por el fallo de la semana pasada de la Cámara Federal porteña en el que los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi –llegados al tribunal durante el macrismo– convalidaron la teoría del cuentapropismo.

La Bicameral resolvió pedir el juicio político de los dos camaristas ante el Consejo de la Magistratura. “Todo lo sucedido demuestra que hay un sistema que dicta sentencias de autoamnistía para el macrismo en Comodoro Py”, le dijo Moreau a Página/12 después de la reunión de la Bicameral.

Desde la Comisión, también se presentarán en la causa que está actualmente en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi para pedir medidas que permitan entender que el espionaje giró de acuerdo a las órdenes de Macri. Entre otras cosas, aportarán una carta del columnista de La Nación Carlos Pagni en la que él relata que el entonces presidente se comunicó tras la publicación de una nota en la que se denunciaba cómo funcionaba el espionaje y concertó una cita con Arribas. Al encuentro acudieron Pagni y el accionista Julio Saguier. La Bicameral pretende que ambos sean citados como testigos.