Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados aprobó ayer sobre tablas, en una sesión especial, las dos emergencia que pidió Omar Perotti: en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2022 y en el Servicio Penitenciario por seis meses, que en este caso ya tenía media sanción del Senado. El voto favorable de radicales, socialistas, macristas y celestes generó reacciones. “Es el espíritu navideño”, dijo Rubén Giustiniani al subrayar el cambio de clima. “Madurez política” y “voluntad de construir consensos ante una realidad complicada que vivimos desde hace mucho tiempo”, lo llamó la diputada del Movimiento Evita, Lucila De Ponti. “Celebro este cambio de rumbo del Poder Ejecutivo”, aplaudió Oscar “Cachi” Martínez, del Frente Renovador. Mientras que su colega del PJ, Matilde Bruera, interpretó las leyes como otro “parche”, que no alcanzará ante la escalada de violencia. "Hoy estamos frente a la capitulación de un proyecto de seguridad democrática”, dijo la legisladora al reivindicar las tres leyes de reforma policial y del sistema de seguridad que Perotti propuso en noviembre de 2020, cuando su ministro era Marcelo Sain, pero que la Cámara nunca trató y "mandó al tacho de basura”.

La sesión especial la convocó el presidente de la Cámara, Pablo Farías, pero el dictamen se acordó sobre la hora, en el mismo recinto, en un cuarto intermedio que pidió el jefe del bloque socialista, Joaquín Blanco. La emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022 es un proyecto de su colega Lionella Cattalini, mientras la emergencia carcelaria de 180 días –ya aprobada por el Senado- fue propuesta por el senador Rubén Pirola, del bloque de Armando Traferri.

La legisladora puso especial énfasis en destacar el gesto de confianza de la oposición: "La seguridad es una cuestión de Estado y nos tiene que encontrar a todos comprometidos, velando y trabajando para garantizarla al conjunto de santafesinos y santafesinas”.

“A pesar de las promesas de paz y orden, se perdieron dos años fundamentales en materia de seguridad. Entendemos que el gobierno de Omar Perotti quiere dar vuelta la página y comenzar un nuevo tiempo en el Ministerio de Seguridad; confiamos en este cambio de actitud y vamos a seguirlo muy de cerca", añadió.

Las leyes salieron casi por unanimidad, con la abstención del diputado Carlos del Frade (Frente Social y Popular). De Ponti agradeció a sus colegas “la voluntad de construir consensos” para facilitar al ministro de Seguridad Jorge Lagna las "herramientas” que necesita ante “la complicada situación que vivimos desde hace mucho tiempo. “Simplemente, gracias. Y el beneplácito, por que las leyes se aprobaron casi por unanimidad”, les dijo.

En el mismo tono, “Cachi” Martínez celebró el “cambio” de Perotti. “Si había una pata débil que teníamos era la incapacidad de construir consensos. Hubo un cambio de rumbo y yo lo celebro, de escuchar a todos los poderes y a todos los sectores políticos”. “Ojalá que esta capacidad de dialogar entre el Ejecutivo y la Legislatura se repita en otros temas, como el presupuesto”, que ayer ingresó al recinto con media sanción del Senado.

En sus alabanzas, Martínez sorprendió con otro dato. “Celebro la gestión del actual ministro Lagna, que ha recibido el apoyo de los que tienen experiencia en la materia, como es el caso del diputado Pullaro”, elogió. “Celebro la capacidad de autocrítica” de la Casa Gris y “en especial del ministro Lagna”. “Espero que el gobierno siga transitando por el camino del diálogo”. Ya se sabe que la Legislatura es gobernada por una mesa que integran los senadores Traferri y Felipe Michlig y los diputados Farías y Pullaro.

La diputada Bruera advirtió sobre los “análisis sesgados” de la problemática que viven Rosario y la provincia. “El problema es el crimen organizado que se instala con fuerza en Rosario en 2014, cuando se vincula con el Poder Judicial y con el poder político que es lo que se está investigando ahora”. “El vínculo de la criminalidad organizada con el poder económico” originó “este desastre que estamos viviendo en Santa Fe y mientras eso no se corte no va mejorar el problema de seguridad en la provincia”, alertó.

Perotti “puede tener su responsabilidad” en la crisis, “yo no tengo problemas en criticarlo” –dijo Bruera-, pero “hay una grave responsabilidad” de la Cámara de Diputados, que cajoneó durante más de un año el “plan integral de seguridad” que había propuesto el gobernador en noviembre de 2020, cuando Sain era su ministro de Seguridad. “Eran tres leyes serias que ni siquiera se discutieron. Nuestra obligación era discutirlas, no cajonearlas. Era una reforma policial y un plan de seguridad democrática”. La Cámara nunca los trató, mientras “se pasaron dos años persiguiendo al ex ministro de Seguridad que planteaba profundizar las investigaciones para desarmar los vínculos del crimen organizado con el poder. Esa es la responsabilidad que nos cabe como legisladores”, criticó Bruera.

“Hoy estamos frente a la capitulación de un proyecto de seguridad democrática. Si no hay reforma policial integral, por más patrulleros que se compren no habrá seguridad". La Policía de Santa Fe "no está formada para investigar el crimen organizado que es la causa de toda esta violencia. Las emergencias que votamos son sólo otro parche más”, concluyó.

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