La Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario advirtió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la situación "regresiva" en materia de derechos humanos en el país, impacta en Santa Fe, donde el fenómeno de violencia institucional "se agravó". En una de las reuniones de la semana pasada ‑‑de la que también participó el ex defensor provincial, Gabriel Ganón‑‑ se les informó sobre los casos de Maria de los Angeles París, la docente muerta en el contexto de una violenta privación ilegal de la libertad; y el de Elina Rivero, que se encuentra en coma luego de haber sido golpeada y detenida en la Comisaria 7º, donde años atrás ocurrió la desaparición forzada de Franco Casco.

El alerta tiene que ver con los resultados que arrojó una investigación empírica de la cátedra que vincula las violaciones a los derechos humanos de baja intensidad ‑‑como las distintas formas de detenciones arbitrarias a personas menores de 16 años y de 18 años y adultos‑‑ con violaciones más graves. Es decir, con hechos que constituyen casos de tortura y malos tratos, muertes en custodia, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. "Creíamos que el fenómeno estaba erradicado en Argentina pero que en Santa Fe se ha instalado con mucha contundencia", señalaron.

Desde la Cátedra recordaron que la situación es conocida por la CIDH, que recientemente otorogó medidas cautelares y existen peticiones admitidas y pendientes sobre violaciones a los derechos humanos, ocurridas en Santa Fe. Además, la existencia de patrones uniformes y constantes de prácticas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por los cuerpos de policía, ha sido planteada por representantes de las defensorías públicas de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe durante el 154º Período ordinario de Sesiones de la CIDH, en 2015; y en el 159° Período Ordinario de Sesiones, de 2016.

En el encuentro, se informó acerca de la vinculación de estas violaciones a los derechos humanos con hallazgos obtenidos como resultado del trabajo empírico de la Cátedra. "Referimos al negacionismo institucional, cada vez más manifiesto, por parte del poder ejecutivo y judicial provinciales, del fenómeno sistemático y extendido de la violencia institucional. Como ejemplo de ello, denunciamos que este negacionismo es tan intenso y sostenido que hasta el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, faltó a la verdad en la audiencia ante la CIDH sobre la situación de los adolescentes y la justicia penal en la provincia, afirmando, entre otras falsedades, que en la provincia no se detiene en comisarías a ningún menor de edad". Y plantearon: "Quienes de alguna manera confrontamos ese negacionismo estatal, sobre todo cuando lo hacemos desde espacios institucionales, sufrimos represalias, las que se han ido intensificando y agravando".

La CIDH tiene una petición de medida cautelar por la destitución de Gabriel Ganón como defensor general.