El Gobierno definió que el incremento tarifario en luz y gas para la mayoría de los usuarios estará entre el 17 y el 20 por ciento en 2022, muy por debajo de la inflación que se proyecta para el período. A la vez, se comenzará a aplicar una política de segmentación de hogares en función de su capacidad económica, que si bien se viene anunciando hace tiempo, ahora parece encaminarse a dar su primer paso. En los casos en donde el el poder adquisitivo esté por encima de la línea que defina el Gobierno, los incrementos serán mayores a la pauta y también posiblemente bien por encima de la inflación. Esto sería así porque el oficialismo apunta a que las tarifas que afrontan esos usuarios se vayan acercando paulatinamente al costo real del servicio. Todavía se desconocen los criterios y el alcance de la segmentación.

Los aumentos se concretarán durante el verano, a medida que se vayan convocando a las audiencias públicas. El primer paso ya lo dio el Enargas, con el llamado para discutir los precios del transporte y distribución de gas natural. Las grandes incógnitas son cómo se va a definir el universo de usuarios "que pueden pagar el costo real" y qué suba efectivamente enfrentarán. Desde la Secretaría de Energía estiman que alrededor del 80 por ciento de los usuarios recibirán alzas dentro de la pauta del 17-20 por ciento. El resto, es decir, una quinta parte del total, tendrán subas superiores.

Plan 2022 

"El 2022 se proyecta una recuperación económica que permite apuntalar la suba tarifaria, que a su vez sigue cuidando la recuperación salarial, porque está por debajo de la inflación", indican fuentes oficiales. En efecto, el incremento del 17 al 20 por ciento está muy por debajo de la suba de precios proyectada para el año próximo. Sin embargo, la factura de subsidios eléctricos sobre el PBI apunta al 1,5 por ciento, algo menos que el 1,8 por ciento del 2021. El Gobierno argumenta que un factor a favor es la finalización del período de vigencia de los precios promocionales de gas de la Resolución 46, firmada por el entonces ministro Juan José Aranguren, junto al crecimiento de la economía, que engrosa el denominador. Sin embargo, no está claro cuánto pueden pesar esos elementos y cuánto jugará la rebaja de subsidios en los hogares de mayores ingresos que deriva de la segmentación que comenzaría en 2022.

Por lo pronto, el Gobierno no tiene margen para que suba la factura de subsidios energéticos porque se trata de una de las líneas clave en la negociación para un nuevo acuerdo de deuda con el FMI. El organismo mira con recelo las cuentas fiscales, que en buena parte son inflexibles por el peso del sistema de seguridad social. Por eso tanta presión sobre un elemento algo más maleable como los subsidios. Allí se encuadra la decisión de la segmentación, que no estará exenta de un fuerte cimbronazo político, de la magnitud del aumento que reciban los hogares perjudicados en relación a los que queden dentro de la mencionada pauta.

A la hora de comunicar los criterios de segmentación, el oficialismo explicará que tanto el ENRE como el Enargas "vienen trabajando hace rato en estos temas", con la compañía de equipos del Conicet junto a funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía. "A medida que se identifique a los usuarios que pueden pagar, se apuntará a que paguen el precio pleno, de manera gradual pero sistemática y a mediano plazo", detallan en Energía. Actualmente, el Estado mediante subsidios cubre aproximadamente el 60 por ciento del costo de la energía eléctrica en residenciales.

"El objetivo es que la política de segmentación no tenga daño colateral", plantea el Gobierno. Lo cierto es que es un tema muy sensible políticamente, porque es probable que termine afectando a sectores medios, que ya vienen castigados de la crisis 2018-2019 y la pandemia. De hecho, la segmentación se viene prometiendo y aplazando desde la misma asunción del presidente Fernández, con el punto de tensión política máxima entre el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el ministro de Economía Martín Guzmán, que calificó a los subsidios energéticos como "pro-rico".

Un anticipo de la dirección hacia la segmentación dio el ENRE en noviembre, cuando pidió a Edenor y Edesur que “adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento de más de 1.500.000 usuarios residenciales".