En 2005 la aerolínea chilena LAN desembarcó en el mercado aerocomercial argentino mediante la compra de la empresa Aero 2000. Esta última había sido creada tres años antes como una sociedad casi virtual, dado que no poseía aviones propios y no tenía empleados. Sin embargo, la operación con la firma trasandina, que derivó en la creación de Aero 2000-LAN, tuvo como objetivo adquirir el principal y único activo de la sociedad argentina propiedad del ex directivo de Dinar, Miguel Ziadi: las rutas que había conseguido y que le fueran adjudicadas (Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy). Rápidamente con esta compra LAN pudo comenzar a volar debido a que la operación fue un “sello de habilitación”. La aerolínea chilena pagó 500 mil dólares, mucho más de lo que podría representar el casi nulo patrimonio de la empresa argentina (sólo hacía vuelos charter con aviones alquilados). Los gremios aeronáuticos denuncian que detrás de la adjudicación de rutas a empresas insolventes, como Flybondi y American Jet, buscan repetir este esquema de negocios.

El gobierno inició el año pasado un proceso de flexibilización del negocio aerocomercial, que se inauguró formalmente con la primera audiencia pública en la que distintas empresas privadas presentaran sus planes de operación y sus pedidos de rutas. En su mayoría se trató de compañías con intención de operar en el segmento denominado low cost (bajo costo), entre las que destacaron firmas con sus peculiaridades, como Flybondi y Avianca (ver aparte). Ambas están denunciadas pero se les otorgó las rutas requeridas. Desde entonces, los gremios del sector aeronáutico se aunaron en una posición en defensa del espacio aéreo argentino y del trabajo del sector. En las próximas horas darán a conocer un comunicado con esa posición, mientras que las dos aerolíneas siguen acumulando denuncias en la Justicia.

La semana pasada la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) enviaron una carta a Juan Pedro Irigoin, titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil, donde adelantan acciones penales en caso de que el organismo no cumpla con sus obligaciones en el marco del Código Aeronáutico e ignore las irregularidades en el otorgamiento de rutas a Flybondi. APLA ya la denunció penalmente 

Los gremios advierten que el objetivo de esta adjudicación es revender las rutas o aumentar el valor de la compañía para ser absorbida por otro jugador que esté en condiciones de volar esos destinos. Flybondi sólo cuenta con una oficina en Puerto Madero, pero estimaciones del sector aseguran que con las rutas adjudicadas como patrimonio podría venderse en 7 u 8 millones de dólares. Avianca pagó 10 millones por McAir.

El otorgamiento de las rutas aéreas a Flybondi, sin aviones ni pilotos e investigada por presuntas irregularidades, fue confirmada hace pocos días por el gobierno. En unas de las causas que enfrenta está imputado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por sus vínculos comerciales con Richard Gluzman, dueño de Flybondi. Las rutas aprobadas contemplan los destinos de Miami, Nueva York y Beijing. El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que corresponde incluirlo en la pesquisa por un supuesto “negociado” con esas compañías a la empresa Flybondi y las relaciones con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. 

La empresa también está impedida por sus limitaciones técnicas. Tras la audiencia Gluzman recibió un llamado del Ministerio de Transporte para que presenten algún avión que pueda estar disponible para evitar que se “caigan las autorizaciones”. La compañía anunció la semana pasada la firma del primer acuerdo de leasing de un Boeing 737-800 que llegaría al país en los próximos meses, cuya promesa le valió la adjudicación de las rutas. 

Desde APLA enviaron una nota a Irigoin en el que rechazan que el acuerdo del 5 de mayo sobre un avión presentado para acreditar capacidad técnica y operativa cumpla con los requisitos necesarios. La aeronave, un Boeing 737-800, matrícula C-FYLC y propiedad de Avolon Aerospace Leasing Limited, podría recién se matriculado el año próximo. “La unidad está afectada a las operaciones de TUI Airlines Nederland hasta noviembre y después, para traerla al país se requiere de un chequeo. El más rápido, uno del tipo Charly o Delta, demora dos o tres meses más”, explicó a PáginaI12 el titular de APLA, Pablo Biró. 

“Por tal motivo y a efectos de evitar el negociado que implicaría para Flybondi adquirir valor a través de rutas, es que le requerimos se abstenga dar trámite favorable al otorgamiento de las mismas hasta tanto pueda traer al país una aeronave que efectivamente acredite capacidad técnico operativa”, señala APLA, que advierte sobre la posibilidad de realizar denuncias legales a Irigoin. Por su parte, desde UALA enviaron una carta al titular de la ANAC para denunciar que Flybondi incumple los requisitos básicos del Código Aeronáutico. Según el artículo 105 del mismo, “no se otorgará concesión o autorización alguna sin la comprobación previa de la capacidad técnica y económico-financiera”. El gremio se suma al reclamo de que la ANAC suspenda las autorizaciones de rutas e insta a la Oficina Anticorrupción para que inicie una investigación penal y civil por posible asociación ilícita. La empresa comenzó además a sufrir una sangría de socios que había presentado como respaldo económico. Los primeros en bajarse de la promesa de dar su aporte económico fueron el Grupo Indigo y el holding hispano-británico IAG, disconformes con la forma de manejar la empresa.