En el año que termina la política cinematográfica local pasó al primer plano, por encima de los mayores o menores logros de los films en sí. La escalada de reclamos del sector, dirigidos a la presidencia del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, no se detuvo desde el primer día de 2021 hasta el momento de cierre de esta nota. Se acusa a la administración de Luis Puenzo de inacción, carencia de una política global, falta de federalismo y, en suma, escasa consecuencia en la defensa del cine argentino. Sobre todo la producción más desprotegida. Esta última es, como resulta lógico, la razón misma de ser del órgano que rige el cine local, que en su carácter de expresión cultural necesita de apoyo y protección para poder aunque más no sea asomar la cabeza entre el alud de “tanques” que todas las semanas copan las multisalas. No sólo las multisalas: la pandemia sirvió para disparar a la estratósfera el negocio de las plataformas de streaming, el nuevo monstruo que pisa fuerte en el área audiovisual. Va a seguir haciéndolo. Lo cual, dicho sea de paso, constituye uno de los muchos puntos de conflicto entre las entidades del medio y la Presidencia del Incaa.
Los reclamos de las entidades de productorxs, directorxs, guionistas y demás trabajadores del medio son del más variado pelaje. Uno de esos reclamos, apenas funcional si se quiere, es la falta de diálogo que esos representantes del medio logran tener con el Presidente del órgano de regulación y fomento. Según aseguran, el director de La historia oficial no responde y, cuando lo hace, es de mala manera. Esa falta de diálogo llevó a que, tras haber solicitado una audiencia con la Jefatura de Gabinete que hasta el momento no se concretó, la asociación Apima, que representa a un centenar productores de primera línea, optara por enviar una carta a la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
La carta tiene fecha 20 de diciembre y se hizo llegar en coincidencia con el encuentro que CFK mantuvo con representantes de la cultura. El motivo más urgente es el de la defensa del Fondo de Fomento Cinematográfico, con el que el Incaa dispone las partidas destinadas a cada película, bajo la forma de créditos y subsidios. Ese fondo peligra: antes de hacer las valijas, la administración Macri dejó una bomba escondida en un cajón. Se trata de un inciso colado de rondón en el Presupuesto 2017, según el cual a partir del 1º de enero de 2023 esas asignaciones, producto de ingresos que el propio cine genera, dejarían de ser manejadas en forma directa por el Incaa, que es un ente autárquico, para pasar a serlo por la Jefatura de Gabinete.
El riesgo es que ante cualquier emergencia, el ministerio se viera obligado a darle otro destino a esas partidas, dejando el Fondo de Fomento Cinematográfico con recursos insuficientes o nulos. Ello pararía en seco la entera producción cinematográfica argentina. O al menos la que más lo necesita, que es la producida con presupuestos escasos o medianos. Los grandes grupos, que son dos o tres, tienen espaldas y pueden asociarse a capitales extranjeros, por lo cual eventualmente podrían darse el lujo de prescindir de esos fondos. Privilegiar a la producciones “grandes” y relegar a las más pequeñas a un carácter “de segunda”, es otra de las acusaciones, y no la menor, que las asociaciones del sector hacen a la administración Puenzo.
La carta
En marzo de 2020, el diputado Pablo Carro (FdT) presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto para anular el inciso insidioso. Desde ese momento, nada: el proyecto quedó atascado en el Congreso, a la espera de tratamiento. Fue ante esta situación que Apima, apoyada por una veintena de asociaciones del medio, optó por el expediente epistolar, informando de la situación a la Vicepresidenta de la Nación, "seguras y seguros de que no le será indiferente". Lo que se ofrece ahora, tal vez para lubricar la propuesta y hacerla andar, es una prórroga de 50 años, apostando tal vez a que medio siglo sea plazo suficiente para derogar el envenenado inciso. “Esa asignación específica [N. de la R.: el Fondo de Fomento Cinematográfico] representa una política de Estado que ha sido el motor de la existencia de nuestra industria audiovisual”, dice la carta.
Pero el texto de la asociación de productores, entre cuyos adherentes se cuentan la macroasociación Unidos por el Cine, la organización de cineastas independientes Colectivo de Cineastas, todas las entidades de documentalistas, la Asociación Mujeres por el Cine, la Cartelera Transfeminista y TEA Imagen, no se limita a poner sobre la mesa este problema concreto. En un segundo punto va más allá: “Nos preocupa mucho la ausencia de una política audiovisual para el cine de parte del Presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo. Desde que asumió la Presidencia del Incaa, hace ya más de dos años, con el apoyo de nuestro sector, no sólo incumplió en su propuesta de cambiar el Plan de Fomento [del macrismo]. Durante su presidencia no fomentó la producción, exhibición y distribución de nuestro cine, no aumentó el Costo Medio que continúa siendo el mismo de 2019, no se abrieron llamados a concursos ni créditos como manda la Ley de Cine y los subsidios para rodaje resultan insuficientes para producir dignamente. Hemos perdido la soberanía audiovisual y no se cumple la Ley de Cine”. Parece el balance anual de una empresa que si no está en quiebra, se dirige a ella.
El escrito, que no se guarda nada, blanquea una denuncia que a esta altura ya es vox populi. “El Presidente Luis Puenzo le da dado la espalda al sector y ha cortado el diálogo con la mayor parte de las entidades. A eso se suma un actuar soberbio y de maltrato hacia varios Consejerxs del Consejo Asesor, órgano de cogobierno del Incaa. Entendemos que esta actitud prepotente por parte del Señor Puenzo no representa la voluntad de nuestro gobierno, siempre atento a la cultura argentina.”
En pie de guerra
De acuerdo con la Ley Nº 24377, que es la que rige, el Consejo Asesor es un órgano de cogobierno, cuya función consiste en controlar y asesorar a la Presidencia del organismo. Lo integran representantes de los distintos rubros del quehacer cinematográfico, incluidas las distintas regiones del país. Aunque todos sus miembros ya habían sido elegidos por las respectivas entidades, el Incaa demoró un año en reconocerlos, período durante el cual el Consejo obviamente no funcionó. Finalmente se reunió en octubre pasado, contando con la presencia del Presidente del Instituto, pero por algún motivo no explicitado la reunión correspondiente a noviembre no se concretó. Finalmente, el 13 de diciembre, último cónclave hasta la fecha, este organismo emitió un informe bastante llamativo.
Uno de los temas en discusión es que hasta el momento la Presidencia del Incaa no ha hecho llegar a las entidades el desglose de la ejecución presupuestaria, así como el presupuesto 2022. “[El Presidente del Incaa] preguntó de dónde salió la información de que el Incaa debe enviar la documentación de esa forma desglosada”, transcribe el informe. “Consejeros comentan que de esa forma la gestión anterior [N. de la R.: Se refieren a la gestión de Ralph Haiek, el Presidente designado por el gobierno de Macri] enviaba el informe”. Sigue el informe: “Se pidió que conste en actas el siguiente texto: ‘Que el Presidente del Incaa modere sus modos de intervención en respuesta a algunas manifestaciones de desacuerdo de lxs consejerxs. Se trata de conductas autoritarias que limitan la palabra a compañeras y compañeros y resultan en un efecto disciplinador y restan funcionamiento al Consejo Asesor”.
Sobre el tema clave, que es el del fomento, el Presidente del Incaa anunció que en enero va a presentar oficialmente el nuevo Plan, que originalmente se había anunciado para noviembre. Actualizaría el discutido costo medio y los nuevos topes y porcentajes de las vías de fomento. “No han dado ningún lineamiento al respecto”, señala el informe. De paso, los consejeros “emplazan” a la difusión de un nuevo Plan en el término de 30 días. Se cumplen el 13 de enero. El 19 de enero es la próxima reunión del Consejo.
Fuera de la ley
Uno de los ejes sobre los cuales todo el medio cinematográfico viene batallando desde hace años es el de la necesidad y legitimidad de gravar la actividad de las OTTS (siglas con las que se designa a las plataformas de streaming). Hasta el momento las OTTS tributan al Estado el 21 % de IVA, impuesto que no pagan las empresas sino los abonados. Lo que se reclama es el mismo 10 % que aporta cada entrada de cine, porcentaje que en su momento pagaban también primero los VHS y luego los DVD, y que debería ir destinado no al Tesoro Nacional, sino en forma directa al Fondo de Fomento Cinematográfico, que el Incaa maneja en forma autárquica. La idea es que estas grandes empresas las plataformas internacionales paguen un gravamen que se corresponda con los ingentes ingresos que perciben en el territorio argentino, uno de los que cuenta con un mayor porcentaje de abonados en la región. No se trata de una ocurrencia delirante: en España, por ejemplo, las cosas funcionan de esta manera.
Obvio es decir que las presiones en contra de este proyecto son poderosas, y no hay que ser Sherlock Holmes para relacionar esas presiones con el hecho de que el escrito duerma a las puertas de la Cámara como oso en invierno. “Presidencia manifestó que están escribiendo un proyecto de ley que amplíe las funciones del Incaa a todas las manifestaciones audiovisuales y así pelear por los fondos de las plataformas”, apunta el informe del Consejo Asesor. “Menciona que hay sectores que no quieren que los fondos de las plataformas vayan al Incaa”. No se trata, por cierto, de un descubrimiento comparable con el del átomo. Una pregunta para hacerse: ¿no será que se requiere algo de voluntad política para “convencer” a las plataformas?
Más allá de estos números y políticas macro, ¿cuál es la realidad concreta de la actividad cinematográfica, aquí y ahora en Argentina? Igual a la de toda la última década, pero peor. Esto es: se produce mucho (un promedio de 100 películas al año), no se regula nada el intocable ámbito de la exhibición, al cabo de la primera semana las películas no cumplen la media, caen de cartel y que pase la que sigue. Y las que siguen son Spìderman: Sin camino a casa y Matrix: Revoluciones, que ocupan la mitad de las salas de las que dispone cada complejo. De muy buenos estrenos recientes argentinos, como El perro que no calla, de Ana Katz, o El perfecto David, estrenadas el 25 de noviembre y el 9 de diciembre, a la semana del estreno, ni noticias. Ahora dicen que esta última se repondría este mismo jueves, tal vez como premio consuelo.
Fuera de la ley II
Las multisalas ni se preocupan por cumplir con la cuota de pantalla: prefieren pagar la multa, equivalente a algunos cientos de kilos de pochoclo. No es tan incomprensible que les preocupe poco el cuidado del cine local: no son cineclubes, son cadenas expendedoras de popcorn. No aspiran al prestigio sino al negocio. Sólo están en esto por el dinero, como dijo alguna vez Frank Zappa. Lo aterrador es que las salas oficiales, los espacios Incaa, con el Gaumont a la cabeza, se manejen con los mismos criterios.
En realidad no se manejan con los mismos criterios, sino peores. Las cadenas cumplen la ley: mantienen cada película un mínimo de una semana, y si no cumplen la media, pagan. En las salas Incaa muchas películas no llegan ni siquiera a la semana: ya es costumbre que los estrenos del Gaumont no alcancen el séptimo día. Muchas desaparecen al sexto, tal como a fines de noviembre denunció la actriz, guionista y realizadora Ana Katz en Twitter. ¿Es posible que el organismo oficial que rige el cine argentino se ponga al margen de la ley que deposita en él la defensa de ese cine? Parece que sí.
Tampoco es que las películas lleguen al martes siguiente en las mejores condiciones. En el mismo tuit, Katz puso en blanco sobre negro una práctica común en la sala de bandera del cine argentino. En los primeros días “se conceden” las cuatro vueltas de rigor; en los dos últimos quedan en los horarios “culturales” de las 12.30, 13.30 o 14.30. No va nadie, la media se cae, la película es un fracaso, baja de cartel. Si esto sucediera en el Cinemark o el Showcase sería escandaloso. ¿Cómo llamarle al hecho de que ocurra en la sala “de bandera” del cine argentino?
Películas-fantasma
En Buenos Aires, claro, todo siempre “luce” más, todo se mediatiza en cuestión de segundos, todo puede generar rápidamente un escandalete público, y para evitarlo se cuidan un poco más las formas. Es así que, comparado con los Espacios Incaa de las localidades de Lobos, de Tilcara, de La Banda o de Villa Regina, el estado de conservación, de equipamiento y de programación del cine Gaumont es equivalente al de una sala de Tokio. Por el contrario, una función diaria, de películas que son lo que antes se llamaba “de cruce” (las que bajan de cartel en una sala clase A y “caen” en una B o C), proyección defectuosa, escasa aislación sonora, butacas de tapizados rasgados, ventilación sofocante, instalaciones semiderruidas, programación que parece hacerse de forma automática desde la orgullosa cabecera del país pobre son el modo en que se difunde cine argentino en las sufridas provincias.
“Faltan pantallas, falta fortalecer el circuito de salas estatales, falta difusión, falta cuota de pantalla en las salas privadas”, reseñaba Juan Mascaró, secretario de la sociedad de documentalistas DOCA, días atrás en estas páginas. “La delegación argentina que participó un mes atrás en el festival IDFA de Amsterdam, uno de los más importantes en el campo documental, estuvo representada por dos documentales digitales. Esas películas tendrán enormes problemas para acceder al circuito de salas estatales, porque el Incaa sigue repitiendo que ‘son para televisión’. En síntesis, la producción sigue estando asegurada, con muchas dificultades e inequidades, pero la difusión y exhibición no.”
En octubre pasado, en un país en el que el porcentaje de desnutrición en la primera infancia es del 32 %, productores tamberos santafesinos tiraron a la basura miles de litros de leche, porque no llegaron a un acuerdo de precio con las grandes fábricas. El caso del cine no es tan grave, claro está. El desperdicio de trabajo, de talento, de interacción con el público, de realimentación cultural no puede medirse en litros ni toneladas, se trata de capital simbólico.
