Desde la sanción de la Ley 27.610 se registraron en la provincia de Buenos Aires 16.700 abortos, de los cuales, el 95% corresponden a interrupciones voluntarias (IVE) y 5% a interrupciones legales (ILE). El 90% de las mujeres y personas gestantes que solicitaron acceder a un aborto lo hicieron antes de la semana 12. El 75% correspondió a tratamientos de tipo farmacológico con uso de Misoprostol mientras que el 24% a tratamientos quirúrgicos. La mitad de los abortos se atendieron en el primer nivel de atención de la provincia: centros de atención primaria, unidades sanitarias, entre otros. Hoy son 125 municipios los que cuentan con efectores municipales que garantizan el acceso, lo que representa el 93% del territorio de la provincia. Estos son algunos de los datos que se desprenden del Informe “1 año de la sanción de la ley nacional 27.610. Aborto voluntario, legal y bonaerense” del Ministerio de Salud de la provincia.

“Se desmitifica la idea de que iban a llegar hordas de mujeres con semanas de embarazo avanzadas. Las que llegan muy tarde son niñas o mujeres muy marginadas, que tienen menos acceso a la información y llegan más tarde, o están en situaciones de violencia y son muy pocas, menos del 4 por ciento”, dijo a Página/12, Carlota Ramírez, Directora de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia. “Estos datos son también coincidentes con la literatura internacional que dice que el 90 por ciento llega en el primer trimestre. Las mujeres no esperan para abortar. Es claramente mucho más fácil abortar en su casa acompañadas que en el hospital con intervención quirúrgica”, agregó.

La funcionaria explicó además que ese número de abortos es un subregistro. Por la cantidad de tratamientos de Misoprostol entregados y usados, 42.567 en lo que va del año, evalúan que la cantidad de abortos duplicaría el registro oficial. “Nuestro registro tienen apenas un año y medio de implementación. Los equipos en estos momentos están un poco detonados porque aumentó la demanda, pero además está la pandemia. Entonces les pedimos que registren pero lleva tiempo completarlo y hay equipos que priorizan la atención y no el registro... hay que trabajar en eso para mejorar el registro”, explicó.

Según el informe, se trabajó desde el inicio para que los 135 municipios cuenten con efectores municipales, y que los mismos conformen junto con los establecimientos de salud provincial una red de acceso al aborto de la provincia. En diciembre de 2019 eran 51 municipios los que contaban con al menos un establecimiento municipal de salud que garantizaba el acceso a ILE, es decir sólo el 38% de los municipios. En diciembre de 2021 son 125 municipios los que cuentan con efectores municipales que garantizan el acceso, lo que representa el 93% del territorio de la provincia. Por otro lado, de los 10 municipios que aún quedan sin efectores municipales que garantizan el acceso, hay 5 de ellos que cuentan con un efector provincial que sí lo garantiza: Carmen de Areco, Junín, Monte Hermoso, Lobos y Zarate. Todavía hay 5 municipios que no registran actualmente ningún efector: San Miguel, Lezama, Tornquist, Capitán Sarmiento y Coronel Rosales.

“Desde el inicio de la gestión incorporamos 298 nuevos centros de salud y hospitales (municipales, provinciales y nacionales) a la Red de Acceso a Aborto de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 90 se incorporaron desde la promulgación de la ley, alcanzando actualmente un total de 494 establecimientos públicos (en diciembre de 2019 eran 196)”, dice el informe.

“Es una política. La dirección depende de la Dirección de Equidad de Género, para nosotras la meta de todas las políticas es la equidad. Por eso la equidad territorial era muy importante, ver qué pasaba en cada municipio, porque significa que la mujer puede resolverlo en su localidad, no tiene que viajar. Esa fue una decisión. Sí tiene que ver con una meta de nuestra dirección, la salud sexual en clave de equidad”, explicó Ramírez. “Estamos empezando la evaluación de la calidad, que no es buena y es despareja. Pero primero teníamos que empezar a garantizar el acceso. Ya estamos trabajando en mejorar la calidad. La idea de implementar el registro único nos permite hacer el monitoreo de todo el territorio”, agregó.

--¿Qué es lo que falta?

--Nos proponemos al final de la gestión tener toda la provincia verde. Que todos los municipios puedan garantizar al menos un equipo que garantice la práctica. Por otro lado, también hay gradientes de verde, según la proporción de efectores o establecimientos que garantizan el acceso al aborto. Lo que queremos es que todos los municipios tengan más de un equipo. Necesitamos ampliar la red de equipos. Hay una demanda muy grande. Tenemos 500 equipos en la provincia pero muchos tienen lista de espera. La demanda crece mes a mes.

--¿Por qué crece? ¿Porque se conoce la ley?

--Sí, en la literatura mundial también se ve. Hay gente que todavía no sabe, mujeres que todavía no creen, entonces tenemos una demanda que todavía no se estabilizó. Tenemos los hospitales provinciales que están absorbiendo la demanda del primer nivel. Necesitamos ampliar los equipos de primer nivel de atención que son los equipos municipales para que no se colapsen los hospitales que además están colapsados por la covid. Hay un desafío grande de ampliar la red de efectores de primer nivel de atención, las salitas.