La misma tarde en la que la Justicia ordenó una serie de allanamientos para investigar el armado de causas contra dirigentes sindicales por parte de la gestión de María Eugenia Vidal, el Senado votó sobre tablas una declaración de repudio contra las expresiones que se conocieron del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en una reunión con empresarios, en 2017, se manifestó a favor del armado de una "Gestapo" para perseguir sindicalistas.
"Es de una gravedad institucional inusitada para nuestra democracia e instituciones y para todo el pueblo argentino lo que hemos conocido en los últimos días", apuntó la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tullio, quien impulsó el proyecto de declaración contra Villegas y se encargó de señalar a uno de los supuestos actores de aquel armado judicial que aún está en su cargo, el Procurador General de la Provincia Julio Conte Grand.
"Ese señor parece que no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos aunque perdamos la votación, hay que hacerle juicio político. Salió este video y Conte Grand sigue siendo procurador", denunció la senadora por Buenos Aires e insistió: "No lo quiero más como Procurador de mi provincia porque es un delincuente".
Conte Grand pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora Vidal a jefe de los fiscales y defensores oficiales, algo que no pudo ser modificado por la gestión de Axel Kicillof por no contar con los votos necesarios en el Senado provincial.
"Hace dos días la interventora de AFI se presentó en tribunales de La Plata con material grabado donde en las instalaciones del Banco Provincia y las voces que allí aparecen son una verdadera asociación ilícita", reconstruyó la denuncia Di Tullio y agregó: "Escuchamos cómo arma el Estado un delito que es la persecución judicial hacia los sindicatos. No hubo Estado de derecho durante cuatro años en nuestro país, me cansé de visitar las cárceles de la provincia de Buenos Aires a compañeros presos".
La iniciativa se votó sin la presencia de Juntos por el Cambio (JxC), que se había retirado del recinto tras exigir la nulidad por una nimiedad reglamentaria, con el objetivo de voltear la aprobación de las modificaciones al impuesto de bienes personales.
