Mientras el pueblo chubutense todavía disfrutaba los resabios de una primera victoria en la lucha contra la megaminería, a una semana de que el gobernador Mariano Arcioni debiera derogar la ley de zonificación minera frente a las masivas movilizaciones de rechazo, efectivos de la policía de la provincia detuvieron a Marcos Wilipan, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Trelew, y a otros dos participantes de las manifestaciones. A los tres se los acusa de haber producido daños a las instalaciones del diario El Chubut, mientras que familiares, compañeras y compañeros de los detenidos denuncian una persecución política y el intento de deslegitimar la lucha popular en la provincia. “Es una actitud revanchista de aleccionamiento y deslegitimación de la determinación del pueblo”, sostuvo Miguel Angel Prudente, dirigente provincial del MTE, a Página/12.
La sanción de la Ley de Zonificación Minera el 15 de diciembre --pese al rechazo popular, y a contramano de lo expresado por el gobernador Arcioni durante su campaña electoral en 2017--, en una sesión legislativa que, en principio, no tenía en agenda para ese día el tratamiento del proyecto, generó movilizaciones y manifestaciones en contra de la norma y del accionar de la clase política. La primera parte de la historia termina con la derogación de la ley y el triunfo popular, pero “luego empezó la secuela, que son las investigaciones penales por hechos vandálicos y atentados a edificios públicos, que dio lugar a estar detenciones”, explicó el abogado e integrante de la Dirección de Acceso a la Justicia, Eduardo Hualpa.
En los últimos días, la policía de Chubut llevó a cabo siete allanamientos y la detención de 54 personas, a tres de las cuales se les dictó una prisión preventiva de 60 días: Jonathan Luna Almada y Víctor Cotud, vecinos que participaron de las movilizaciones, y Marcos Wilipan, dirigente de la rama de Vendedores Ambulantes y Feriantes del MTE en la provincia patagónica. Imputados por los delitos de “daños, incendio estragoso y robo doble doblemente agravado y colectivo”, se enfrentan a posibles penas de entre tres y diez años de prisión efectiva.
Particularmente, se los acusa de haber provocado daños a las instalaciones del diario El Chubut de Trelew, “uno de los arietes mediáticos que ha utilizado la minera para lograr el contexto social que permitiera la aprobación de la ley, tratando de instalar la cuestión de que iba a haber trabajo y progreso, y boicoteando el rechazo a los proyectos de zonificación”, explicó Prudente. Según contó, “las manifestaciones estaban infiltradas por policías de civil, sin ninguna orden judicial”, y fue el testimonio del comisario Néstor Arga, de la plana mayor de la jefatura de Policía, el que señaló a Wilipan como quien comandaba al grupo que realizó los destrozos.
“Lo tomamos como una persecución política porque no es la primera vez que el gobierno provincial identifica a nuestra organización con este tipo de actos”; destacó el dirigente del MTE, y recordó la ocasión en la que fueron acusados de atacar un local partidario del PRO, algo que luego fue desestimado al no existir pruebas. Una situación similar a la que viven hoy en día los detenidos, mientras que “los policías que durante seis días balearon al pueblo todavía no tuvieron que dar explicaciones”. “De los 54 detenidos, un solo compañero es de nuestra organización, es impensable que una persona pueda comandar a 53 personas que no se conocen entre sí y que son de diferentes ciudades”, señaló Prudente, para quien las acciones judiciales solo buscan “deslegitimar el profundo rechazo popular al proyecto de zonificación”.
El caso chubutense recuerda lo que sucedió en Andalgalá, Catamarca, en abril de este año, cuando se realizaron detenciones arbitrarias luego de movilizaciones populares en rechazo de las mineras asentadas en la provincia, con denuncias de infiltrados y lobbies mineros dentro del poder judicial. “Parece que el gobierno quedó en una situación muy débil después de estar obligado a derogar la ley, y la persecución de personas que señala como responsables de los hechos, pura y exclusivamente con testimonios policiales, es desproporcionada”, señaló Hualpa, al respecto. Para el abogado, “preocupa que los funcionarios judiciales actúen más para tener resultados que mostrar, que con fundamento real de que los detenidos sean los responsables”, debido a “una presión muy fuerte de la prensa para que se esclarezca el hecho”.
La situación en Trelew y en todo Chubut llevaron a que la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, viaje a la provincia para “interiorizarse y tomar contacto con las familias y las organizaciones”. “Queremos que se retomen las formas democráticas de actuación de los poderes públicos, y que los conflictos sociales no se resuelvan en el plano del derecho penal”, apuntó Hualpa. Otro punto que señaló que la población observa con “preocupación y desconfianza que estas causas avancen con rapidez mientras que cuando hay violencia institucional y la víctima es el pueblo, no”.
Tanto el abogado de Derechos Humanos como Miguel Ángel Prudente y todo el MTE consideraron que lo correcto es investigar lo sucedido, pero que se debe hacer respetando “el derecho a la libertad y las garantías de las personas”.
Informe: Sofía Moure
