En los últimos días se dieron a conocer los nombres de las personas que aún faltaba identificar en el video que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la justicia federal para que se investigue el funcionamiento de la mesa en la que funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, junto a empresarios promovían el armado de causas judiciales contra el sindicalismo. Salió a la luz que tres de ellos eran altos miembros de la AFI macrista que conducía Gustavo Arribas. Se trata de Sebastián De Stefano, exdirector de asuntos Jurídicos; Darío Biorci, exjefe de gabinete de la agencia y Diego Dalmau Pereyra, primer director operacional de Contrainteligencia. Ese hallazgo, que evidencia que el espionaje ilegal macrista no se nutría de “cuentapropistas” sino que se trataba de un sistema aceitado, también permitió leer de otro modo las conversaciones y dejó en evidencia que los agentes de la AFI eran quienes coordinaban y organizaban las operaciones. Mientras el juez federal Ernesto Kreplak ordenó ayer una serie de allanamientos, desde el Gobierno se limitaron a seguir repudiando lo ocurrido, pero indican que no emitirán opinión al respecto ya que “todo lo debe resolver la Justicia”.

El mecanismo que tenían para actuar quedó perfectamente detallado por Biorci, que en el video explica el procedimiento con precisión: “En distintas obras, generamos distintas acciones. La acción se supone que va a generar una reacción por lo que ustedes están contando”, comienza. Luego, les pregunta: “¿Qué posibilidades tenemos, con absoluta sinceridad quiero que me contesten, de que alguno de sus asociados, no digo ustedes mismos que también lo pueden hacer o no, se presten a que podamos hacer un trabajo de cambiar en aquellas personas que tienen la responsabilidad de llevar la obra adelante?”. “En el momento en que se hace esa parada a propósito generamos la reacción del sindicato. El sindicato va a ir a apretar, va a generar toda esta palabra que el ministro puso y nosotros los vamos a estar grabando”, les promete.

El objetivo era que los empresarios provoquen a la delegación platense de la Uocra –el sindicato elegido en esa ocasión– y que éste reclame, pare la obra y tener una excusa para realizar la denuncia judicial. Esas provocaciones podían ser, desde quitarles varios días las viandas a los trabajadores, despedir empleados, o no respetar el convenio colectivo de trabajo. Luego de eso, contaban con que un representante de la Uocra se acerquen a la obra para discutir con el dueño de la constructora. Ese momento, según lo que ofrece la AFI, quedaría todo grabado. No está claro si los empresarios aceptaron ser “cableados” –como se dice en la jerga de los espías– para que ese material posteriormente se sume a la causa que presenten ante la Justicia. Todo indica que este tipo de maniobras se aplicaron porque en la causa contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, hubo escuchas telefónicas.

“Hay cuestiones que ustedes entenderán que, por una cuestión de preservación de ustedes mismos, no podemos compartir, que son parte del BackOffice”, les dijo a los empresarios el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas. Una afirmación que bien puede considerarse que no era la primera vez que realizaban una acción de ese tipo. De acuerdo al plan, luego de generar las provocaciones y lograr la reacción del sindicato, comenzaba un proceso de “doble tenaza”: los empresarios presentaban notas en mano al exministro de Trabajo y también realizaban una denuncia judicial. Las notas, más tarde, eran pedidas por el juez como prueba y el Ministerio las ofrecía para engrosar la causa. Biorci, para concluir, les dice: “es prioridad guiar todo a través del ministerio. Sería bueno poder identificar las obras que podemos parar. Poder marcarlas para juntar los elementos, armar la operación y poder marcar el registro de lo que sucede. La idea es que nadie se inmole”.