Al ex intendente de Aguaray Enrique Prado, condenado recientemente a seis años y medio de prisión por haber sido encontrado culpable del robo de los caños del Gasoducto del NEA (GNEA), le levantaron ayer la prisión domiciliaria, por lo que permanecerá en libertad hasta tanto quede confirmada la sentencia.
La medida fue ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de un recurso interpuesto por el abogado de Prado, Fernando Teseyra, contra la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 en el juicio que concluyó a mediados de este mes.
La condena también incluía al empresario mendocino Diego Alos, que recibió seis años y también se encuentra con prisión domiciliaria, pero que en este caso no presentó ningún recurso contra esta medida, por lo tanto su situación no varió.
El tercer condenado fue Adrián Vera, un operario al que le dictaron una pena de tres años y ocho meses, y es el único que la cumple en prisión, ya que está alojado en el Penal Federal de General Güemes. Al juicio llegó en condición de detenido ya que estuvo prófugo de la Justicia hasta mediados de este año.
La prisión domiciliaria de Prado había generado revuelo, no solamente por considerársela leve, ante la evidencia de un delito en el que fue condenado, sino también porque circularon fotos en los últimos días en la que se lo veía en su casa disfrutando de una reunión de amigos, mientras veían un partido de fútbol por televisión.
El Tribunal había basado su decisión de aplicar una prisión domiciliaria, a pesar de quedar la instancia de apelación abierta, en el artículo 309 del nuevo Código Procesal Penal que indica que: “Cuando recayere condena a una pena de prisión de cumplimiento efectivo respecto de un imputado que no estuviere en prisión preventiva, el Tribunal de Juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 210 de este Código a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena”.
Pero ese mismo artículo concluye en que “Durante la instancia de impugnación las partes podrán solicitar al Tribunal de revisión la modificación de las medidas de coerción que se le hayan impuesto al imputado”.
Justamente eso es lo que hizo la defensa del ex intendente y que Casación entendió debía ser revertida la prisión domiciliaria porque existen derechos que asisten a personas condenadas pero sin sentencia firme, por lo que hasta que no se resuelvan los planteos de fondos de la apelación Prado permanecerá libre, solamente respetando algunas restricciones para evitar su fuga del país.
Los tres condenado fueron encontrados culpables de robarse al más de 200 caños del gasoducto del NEA, cuya construcción se había paralizado a la altura de Aguaray, en el 2015, con la llegada del macrismo al gobierno nacional.
Los caños tenían un valor de 5 mil dólares cada uno, y la entrega de los mismos al empresario Alos fue una de las primeras acciones que emprendió el ex intendente apenas asumió en 2019, con la excusa de que generaban un daño ambiental.
Pericia contable por el caso Méndez
Otro intendente que debe rendir cuentas a la Justicia es el destituido intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, que se encuentra investigado sospechado de haberse quedado con fondos que pertenecían al municipio.
Por ello la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos (UDEC), ordenó la realización de una pericia contable con la posibilidad de participación de peritos de las defensas en la causa que se sigue contra el Exintendente de y otras 11 personas.
El objetivo de la medida es determinar la vinculación entre el dinero que se recaudaba entre los puestos de control municipal y el dinero secuestrado en la causa.
La causa se inició mediante una denuncia web de identidad reservada realizada en septiembre pasado contra el entonces Intendente de Salvador Mazza. En ese momento la Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Pablo Cabot, dispuso la realización de 18 allanamientos.
Como resultado de los operativos fueron secuestrados un total de U$S 854.178; EUR 9070 y $ 34.342.350, dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.
