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Diecisiete años después de las 194 muertes que sacudieron la vida política, social y cultural del país, la historia del boliche República Cromañón está lejos de ser un caso cerrado. Culminadas las cuatro instancias judiciales, sancionadas algunas responsabilidades políticas y cobradas las penas de empresarios y músicos, hay cuentas pendientes que por las que los sobrevivientes y familiares luchan aún. La más emblemática es la propiedad del local de Bartolomé Mitre al 3000, que el 30 de diciembre de 2004 se convirtió en escena del crimen.
Los familiares de las víctimas piden la expropiación de ese inmueble. El gobierno de la ciudad y el oficialismo en la Legislatura porteña se la niegan. El reclamo empezó con un proyecto de ley de 2019, un año después de que la Justicia devolviera las llaves del lugar al empresario Rafael Levy, titular de la offshore propietaria de ese sitio.
Ese proyecto perdió estado parlamentario a instancias del oficialismo de Juntos por el Cambio, que lo dejó caer. “Lo dejaron caer por la cobardía de decirnos que ‘no’ en la cara”, consideró Silvia Bignami, madre de Julián Rozengardt y referente del Movimiento Cromañón que aglutina a sobrevivientes y deudos.
Desde hace años hay dos grandes grupos de familiares, el que representa Bignami y el que encabeza Nilda Gómez, Familiares por la Vida. Las organizaciones tienen ópticas diferentes pero son coincidentes en la necesidad de que el ex República Cromañón sea un Espacio Integral para la Memoria.
Caído el estado parlamentario de aquel proyecto, este año se presentó otro de expropiación y patrimonialización. Pero hasta ahora, la jugada del oficialismo macrista es la misma.
Las excusas del gobierno porteño
La excusa que los legisladores que responden a Horario Rodríguez Larreta les dieron a los familiares es el costo económico, el precio, el dinero que le demandaría a la Ciudad tomar y responsabilizarse por ese espacio.
“Dicen que el proyecto no avanza por la plata. O sea, la misma razón por la que ocurrió Cromañón, que demostró la corrupción y la connivencia entre el Estado y los empresarios. El gobierno porteño prefiere cambiar baldosas y canteros de la calle Corrientes en vez de preservar la memoria de ese lugar”, criticó Nilda Gómez, madre de Mariano Benítez y titular de Familiares por la Vida.
Pero también hay otra cuestión inherente a Juntos por el Cambio: “Son coherentes en seguir protegiendo a los empresarios”, agregó Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Mientras tanto, Levy, quien le había alquilado al fallecido Omar Chabán, sigue siendo dueño de esa propiedad que, a su vez, es parte de otras cuatro que le pertenecen y que son fruto de un juego de toma y daca entre tres de las cinco sociedades offshore de las que también es titular.
“Hay una decisión del gobierno de la ciudad de no avanzar en ninguna expropiación. Priorizan el negocio inmobiliario y, en el caso de Cromañón, es obscena la protección a los empresarios por encima de recuperar ese espacio para la conciencia”, cuestionó la diputada.
“No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”
Nilda Gómez indicó que el proyecto impulsado por los familiares “se basa en la experiencia de otras víctimas anteriores a nosotros, que hicieron un camino apoyado por la sociedad: las Madres de Plaza de Mayo”.
Por esa lucha, explicó, “se logró que hubiera espacios de memoria para que no se vuelva a cometer un genocidio. Nosotros queremos un sitio de memoria para que ningún gobierno vuelva a caer en la ineficiencia y corrupción que mató a nuestros hijos”.
Silvia Bignami sumó una cuestión simbólica no menos importante: “No se quiere instalar a Cromañón como un tema de memoria”.
Al respecto, hay entre algunos un debate abierto, si el lugar debe ser declarado como espacio ‘de la conciencia’ o ‘de memoria’, que son los vinculados al terrorismo de Estado. Se trata de un matiz que deberá resolverse.
La esperanza de que intervenga el Estado nacional
La iniciativa tiene el apoyo de varios bloque opositores pero la correlación de fuerzas les es adversa. Y ante este escenario, no sería arriesgado pensar que este proyecto correrá la misma suerte que el anterior.
En rigor, en 2008 hubo un intento de expropiar y “resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la ciudad”. No prosperó. Por entonces, el jefe de gobierno era Mauricio Macri.
Si otra vez el oficialismo en la Legislatura hace que el nuevo proyecto duerma el sueño de los justos, la esperanza está en que el gobierno nacional intervenga.
“Tienen la obligación de proteger y patrimonializar ese inmueble. Podrían hacerlo como lo hicieron con (la confitería) El Molino. Es algo que se puede resolver”, propuso Bignami.
Por lo pronto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está trabajando con los familiares en ir reconstruyendo las historias. De alguna manera, apoya el posicionamiento de los familiares sobre la expropiacion. Montenegro admitió tener “esperanzas” en que la Casa Rosada dé una señal más contundente.
La última vez que familiares y sobrevivientes hicieron este pedido al gobierno nacional fue el año pasado, en la marcha por el 16º aniversario. Dejaron una carta en Balcarce 50 pidiéndole al presidente Alberto Fernández que tome cartas en el asunto. Este año no harán lo mismo porque aún resta la respuesta a aquella nota.
