La expropiación del inmueble donde funcionó República Cromañón no es la única deuda pendiente por la que luchan los sobrevivientes y familiares de los 194 fallecidos. Diecisiete años después, aún reclaman una ley de reparación vitalicia, un monumento que recuerde a las víctimas, la protección del santuario ubicado frente a Plaza Once y otras demandas que el gobierno porteño fue olvidando o se niega a saldar.

La ley de reparación

La falta de una ley de reparación integral con carácter permanente que brinde una contención económica y sanitaria a los deudos y sobrevivientes “es una metáfora del descuido del Estado porteño hacia las víctimas”, criticó Silvia Bignami, del Movimiento Cromañón.

En rigor hay una ley, la 4786 que data de 2013, pero tiene algunos problemas. Primero, no es permanente y está sometida a sucesivas prórrogas; la primera fue en 2018 y la segunda a principios de diciembre de 2021. Segundo, no se aplica íntegramente en su perfil de contención sanitaria.

Para Nilda Gómez, titular de Familiares por la Vida, “no está bien que esa ley tenga una extensión cada tres años” y, por eso, “es necesario que sea vitalicia”. Es decir, que les evite a las familias una revictimización trianual frente a los funcionarios y legisladores de turno.

La última vez que lo hicieron fue un ida y vuelta de destratos. Al respecto, Nilda apuntó contra Claudio Romero, legislador de Juntos por el Cambio y titular de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura.

“¿Por qué nos hace ir cada tres años? No nos atiende, vive como un faraón y cree que es el dueño de la plata de la Ciudad. Debiera saber que está en ese lugar porque (en 2006) lo sacaron a Aníbal Ibarra” como consecuencia de Cromañón, le reprochó.

“Tiene que tener mucha maldad y ser muy miserable una persona que piense que la pérdida de un hijo ya no duele más y que uno no tiene que ir más al psicólogo”, prosiguió la madre de Mariano Benítez.

La salud de los familiares y sobrevivientes de Cromañón

La salud es otro déficit en esa ley, que prácticamente está circunscripta a una ayuda económica casi simbólica. “Se les consigue el subsidio y todo lo otro no se hace. Es un destrato muy fuerte del gobierno porteño hacia los sobrevivientes y familiares”, criticó la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro.

El costado deficitario está en la caída de varios servicios de salud mental y ayuda con la medicación que aún precisan las víctimas. Los programas de contención no son lo que eran hace 17 años.

Cabe recordar que ya son 52 los padres y las madres de Cromañón que murieron en estos 17 años, muchos de ellos con enfermedades agravadas por la pena de la pérdida de su hijo o hija.

Varios no llegaron a cobrar las costas de los juicios, como Lucio y Rita Belascuaín, padre y madre de Gustavo, muerto en Cromañón. Ambos dependían del sueldo de su hijo y cuando este murió quedaron en el desamparo. “Me acuerdo que durante una sesión en la Legislatura, un periodista le preguntó a Rita por qué estaba ahí. Ella respondió: ‘Porque pedimos un suicidio’, dijo en vez de ‘subsidio’. Se confundió pero tal vez expresó lo que sentía”, recordó Nilda.

“Hay una ausencia del oficialismo hasta en el acompañamiento en los aniversarios”, cuestionó Montenegro. Parte de ese destrato también quedó evidenciado hace meses, cuando en plena pandemia las familias recibieron notificaciones de la Dirección de Cementerio para renovar los nichos que, en rigor, habían sido dados a perpetuidad cuando ocurrió la masacre.

El santuario de Bartolomé Mitre

Otras de las cuestiones irresueltas es la manutención y resguardo del santuario en homenaje a las víctimas, ubicado en Bartolomé Mitre y Ecuador, y la realización del largamente prometido monumento a las víctimas del 30 de diciembre de 2004.

Las deudas de las Justicia y las otras

Por otra parte, y más allá del juicio político a Aníbal Ibarra y los cuatro procesos que determinaron las responsabilidades materiales de la masacre, hay otra cuestión judicial que sigue pendiente. Refiere a los vínculos de Rafael Levy y las empresas offshore de las que él es titular. Hay una causa que data desde 2005 y de la que no se sabe nada.

También “hay otras deudas pendientes que la Justicia no pude resolver”, sumó Silvia Bignami y se refirió a la responsabilidad política de Ibarra. “Estuvo bien destituido pero luego siguió ocupando funciones. Cualquier cargo público que él tenga en la actualidad, nos ofende”, puntualizó.

A este punto le sumó otro de carácter “más bien simbólico”. “El Estado debería crear las condiciones para que los jóvenes vuelvan a tener diversión, entretenimiento y movilización sin riesgos de ser víctimas del gatillo fácil o el femicidio. Sí, es un deuda más bien simbólica, pero tiene a Cromañón como trasfondo histórico”, explicó.

El reconocimiento a los rescatistas

A la lista de asignaturas pendientes, Nilda Gómez agregó la falta de reconocimiento “a la gente que actuó en la crisis, durante el rescate” de la noche del 30 de diciembre de hace 17 años. Mencionó a los estudiantes y psicólogos sociales de la Escuela Pichon-Rivière y a los que trabajaron con Alfredo Moffatt, que en las últimas semanas debió publicar un pedido de ayuda económica para sobrellevar su vida. “Nunca se los reconoció y fueron clave aquella noche”, recordó Nilda.

"Cromañón no es un caso cerrado”

“Como verán, Cromañón no es un caso cerrado”, apuntó la titular de Familiares por la Vida. “Los proceso judiciales terminaron y las penas fueron cumplidas. Pero siempre digo algo: de la cárcel se sale, de la tumba no. Solo voy a dejar de reclamar si mi hijo reviva. Y como eso no va a suceder, siempre nos van a tener dando vueltas”.