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Carlos Pedro Tadeo Blaquier no está en condiciones, a sus 94 años, de afrontar un juicio. Eso sostiene el dictamen del Cuerpo Médico Forense que evaluó el estado de salud del dueño de la empresa Ledesma, emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Los peritos de la Secretaría de Derechos Humanos estuvieron de acuerdo con que Blaquier presenta un deterioro cognitivo severo que le impediría estar en las audiencias. Procesado en 2012, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema fueron claves para transformar –a lo largo de casi diez años– la demora en impunidad y que el empresario logre esquivar el banquillo. "Estamos evaluando presentar el pedido de juicio político para los jueces de la Casación y de la Corte", confió el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, en diálogo con Página/12.
El 13 de diciembre pasado, Blaquier llegó a la sede del Cuerpo Médico Forense (CMF), acompañado por su hijo y en silla de ruedas, para hacerse un estudio presencial después de que el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que tiene sus dos causas elevadas a juicio, así lo ordenara. Le habían hecho un peritaje telemático pero los peritos de la querella y del Ministerio Público Fiscal pidieron verlo en persona.
Los expertos del CMF marcaron las lagunas del abogado que se hizo cargo del Ingenio Ledesma después de casarse con la hija de los dueños, Nelly Arrieta de Blaquier. Para ellos, Blaquier tiene un deterioro cognitivo al menos moderado que dificulta su desempeño y le resta autonomía psíquica suficiente. Los peritos de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) sostuvieron que no se encuentra dentro de la normalidad psicojurídica.
El panorama parece definido ya, aunque aún resta que se pronuncien otros peritos. Para llegar a esta situación, Blaquier contó con la inestimable ayuda de la Casación y la Corte para ganar tiempo y esquivar dar explicaciones ante un tribunal oral --y, por ende, ante las víctimas y los familiares-- sobre su rol y el de su empresa --una de las agroindustriales más importantes del país-- en los secuestros y las desapariciones ocurridas en 1976 en Jujuy.
Recién en 2012, un juez que no era de la jurisdicción, Fernando Poviña, se atrevió a procesar a Blaquier. Lo hizo en dos causas. La primera incluyó tres secuestros ocurridos en los primeros días del golpe. Uno de los secuestrados fue el médico y exintendente Luis Arédez, esposo de Olga Márquez, emblema de la denuncia contra Ledesma. La segunda causa estuvo centrada en lo sucedido con 20 personas que fueron secuestradas entre el 20 y 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches de los Apagones, cuando el corte de suministro eléctrico permitió que las fuerzas de seguridad –que usaban los transportes que proveyó la empresa– se llevaran a decenas de personas. Los secuestrados pasaron por el centro clandestino de detención que funcionó en la hostería de Guerrero. Algunos desaparecieron, otros fueron liberados y otros incluso pasaron a prisiones remotas del lugar, como la Unidad 9 de La Plata.
Después de que la Cámara Federal de Salta confirmara los procesamientos en 2013, Blaquier debió seguir su camino hacia el juicio oral. Sin embargo, la Casación revocó los procesamientos en marzo de 2015, cuando ya soplaban vientos de cambio. Lo hicieron los casadores Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Al dictarle una falta de mérito, la Casación logró impedir que Blaquier se sentara en el banquillo y dilatar las definiciones para que el paso del tiempo jugara a favor de la impunidad. Los casadores incluso rechazaron el recurso del fiscal Javier de Luca para llevar la cuestión ante el máximo tribunal para revertir lo que era un sobreseimiento encubierto.
La Corte no se quedó atrás. Tuvo en un cajón durante otros seis años la resolución de la causa. En julio, los cortesanos Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco anularon el fallo de la Casación, a la que acusaron de haber obstaculizado indebidamente el proceso. Carlos Rosenkrantz votó en sintonía con los intereses de Blaquier y Ricardo Lorenzetti no participó de la deliberación. Fueron casi diez años en los que se estiró la definición de una causa cuyo principal imputado ya superaba los 80 años al momento de ser procesado.
"Los años pasan para todo el mundo, pero acá está claro que el Poder Judicial se tomó su tiempo porque buscaba impunidad", opinó Pietragalla Corti. "Eso fue lo que hizo Casación y después la Corte", añadió.
El reclamo por la resolución de la causa Blaquier fue una de las banderas de organismos y defensores de derechos humanos durante los últimos años. La querella de HIJOS Jujuy insistió una y otra vez para que se resolviera la situación de Blaquier. La Secretaría de Derechos Humanos se sumó tan pronto como Alberto Fernández asumió y designó a Pietragalla Corti al frente del área. El ministro de Justicia, Martín Soria, en su visita reciente al máximo tribunal les enrostró a los supremos que habían dormido ésta y otras causas de lesa humanidad, lo que podría derivar en sanciones internacionales para la Argentina.
La situación entre el Ejecutivo nacional y la Corte es tensa hace tiempo, aunque esa tensión creció tras el fallo que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura. En octubre del año pasado, el entonces presidente del máximo tribunal, Rosenkrantz, reactivó temporariamente la comisión interpoderes --creada en 2008 para dinamizar el avance de los juicios de lesa humanidad--. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia junto con organismos de derechos humanos denunciaron que era una táctica oportunista porque Rosenkrantz quería evitar más cuestionamientos por su rol frente a las causas vinculadas a la dictadura. Pietragalla insiste en que Rosenkrantz debió haberse apartado de este expediente en particular porque su esposa integró la Fundación Cimientos ligada a los Blaquier.
Para que no quede impune
Aunque Blaquier logre esquivar el banquillo, los organismos reclaman que el año próximo se haga el juicio contra su consorte de causa, el exadministrador del Ingenio Ledesma Alberto Lemos, que ya ronda los 80 años. Tanto Blaquier como Lemos debieron haber estado sentados en el juicio de la megacausa que está en sus tramos finales en Jujuy.
"El juicio se tiene que hacer a la brevedad por más que Blaquier no pueda estar. Si llega a haber una condena, se va a entender socialmente que esta condena tendría que haber caído sobre él también", remarca el secretario de Derechos Humanos. "Era imposible que no supiera qué pasaba".
La Secretaría de Derechos Humanos remarcó en un comunicado que las causas por responsabilidad empresarial son las que mayores resistencias generan al interior del Poder Judicial. Pese a todo, en los últimos tiempos la Cámara Federal de Casación confirmó la condena de dos ejecutivos de la Ford, lo que marcó un hito en el proceso de verdad y justicia, y se elevó a juicio en los últimos días la causa Acindar, emblema de la puerta giratoria entre el empresariado y la dictadura (ya que José Martínez de Hoz abandonó su directorio para hacerse cargo del Ministerio de Economía del llamado "Proceso"). Aún así, con Blaquier, la Justicia dejó su mancha de impunidad.
