Piden que Esteban organice los servicios de salud para el acceso a la IVE e ILE

Ayer se conmemoró un año desde que Argentina aprobó la Interrupción Voluntaria del Embararzo (IVE). Y a pesar de que varias provincias suspendieron el pañuelazo propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, debido a la situación sanitaria, en Salta se levantaron los pañuelos verdes en Capital, Tartagal, Orán, Metán, Salvador Mazza y Apolinario Saravia. 

También se pidió al ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, que organice los servicios de salud para que se garantice el acceso a la interrupción legal y voluntaria en toda la provincia. Incluso que genere la articulación necesaria con las obras sociales, según expresaron a través de un comunicado.

La referente regional de la Campaña por Salta, Sofía Fernández, destacó a Salta/12 que desde la aprobación de la Ley N° 27.610, muchas mujeres y personas con capacidad de gestar, "han podido acceder durante este año a abortos legales, seguros y gratuitos en el sistema de salud". Sin embargo, sostuvo que aún existe una desigualdad en el acceso en los diferentes puntos de la provincia. 

Algunas de las razones son las obstaculizaciones y dilatación que se presentan desde que ingresa el pedido al sistema público, dado que la mayoría de los profesionales se declaran objetores de consciencia. Por eso insistieron en que Esteban, organice los servicios de salud de acuerdo a ley porque de no hacerlo se trata de "una discriminación más de género". Desde el momento en que la persona pide la interrupción voluntaria o legal del embarazo, existe un plazo de 10 días para efectivizar la práctica. 

No obstante, este medio dio a conocer en agosto de este año, que la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, le advirtió a las autoridades sanitarias de Salta que hay "problemas recurrentes" en el cumplimiento del acceso a la ILE y a la IVE. Pusieron de manifiesto que el 25% de los llamados que recibe la línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444), representa a usuarias que no han podido acceder a las prácticas en tiempo y forma, inclusive con algunas solicitudes que tuvieron demoras de hasta 4 semanas. 

Fernández también cuestionó que existe una falta de compromiso estatal para que se les exija a las obras sociales que cumplan con el derecho, dado que la 27.610, involucra tanto al sector público como privado. Las salteñas recordaron que "el aborto es una práctica sencilla, ambulatoria, generalmente de realización medicamentosa y autoadministrada, que no suele requerir internación ni demanda infraestructura, solo la voluntad política del Estado y de lxs profesionales intervinientes".

En este sentido, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de la provincia, dio a conocer un monitoreo en relación a las acciones implementadas para garantizar el acceso a las interrupciones. Allí señalaron que de enero a junio de 2021, a través de línea nacional de Salud Sexual, se asistieron 1948 solicitudes de personas requiriendo tanto IVE como ILE. ⁣

⁣De las 1948, 59 de ellas fueron resueltas pasando el plazo que estipula la normativa, es decir los 10 días, impidiendo acceder al derecho. Además, dijeron que de los 644 ⁣pedidos de interrupción voluntaria (IVE), el 57% de las prácticas corresponde a la franja de 21 a 30 años.⁣ 

También, indicaron que sólo 8 de los 64 centros de salud de primer nivel de atención (centros de salud), garantizan la IVE. Mientras que la cantidad de profesionales no objetores es sumamente escasa, ya que contabilizaron sólo 8 profesionales, que además no lo hacen de manera exclusiva sino que esta tarea se suma a las atenciones médicas regulares. ⁣

El escrito salteño destacó este aspecto y subrayó que "no sólo es escaso el número de profesionales garantes de derechos sino que se lxs persigue judicialmente y se lxs intenta disciplinar". Como lo demuestra el caso de la médica Miranda Ruiz, que ejerce la medicina en Tartagal, al norte de Salta, y que actualmente se encuentra imputada por garantizar el derecho a una ILE en agosto de este año. 

Fue a fines de noviembre que el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) Gonzalo Ariel Vega, amplió la imputación en su contra, acusándola de haber realizado el aborto sin consentimiento de la gestante. Por ello, a nivel nacional se exigió el sobreseimiento inmediato de Ruiz y "el cese de persecución a todxs lxs profesionales no objetorxs. Garantizar derechos no es delito, obstaculizarlos sí". 

En esa línea, reiteraron que "el derecho al Aborto es Ley y por lo tanto, su solicitud y práctica no deben ser judicializadas en ninguna instancia, ya que esto vulnera el derecho a la salud". También exigieron que "se deje de pretender judicializar a las personas con capacidad de gestar que quieran ejercer el derecho al aborto en esta provincia y en todo el territorio nacional".

De acuerdo a la información que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, brindó a Salta/12, se supo que desde el 2012 hasta el 31 de enero de 2021, existieron 151 denuncias en la provincia bajo dicha etiqueta. De ese número, y sin mayores detalles, se muestra que 3 mujeres fueron condenadas, sin precisar datos que permitan saber si mantienen una condena efectiva o de cuánto tiempo es la misma.

Más obstáculos

Desde el OVcM, señalaron que otro de los principales obstáculos que identificaron para garantizar el acceso a las prácticas, es la falta de presupuesto específico para capacitar y dar a conocer el Protocolo IVE 2021. Esto también fue tenido en cuenta por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que instó a que la provincia, diseñe e implemente nuevos circuitos de atención que permitan que se organicen de forma óptima los recursos materiales y humanos para una adecuada y oportuna atención.

En ese sentido, recordó que con este fin está el Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, aprobado por la resolución N° 1535/21 del Ministerio de Salud de la Nación. "Este protocolo desarrolla las pautas técnicas y legales para asegurar la provisión de IVE/ILE con los más altos estándares vigentes", subrayó la Dirección Nacional en ese momento.

El Observario, también dijo que existe un limitado stock en misoprostol, el método seguro que permite interrumpir el embarazo de manera ambulatoria en el domicilio. "Las compras son insuficientes en relación a la demanda y hay demoras en los plazos de entrega de la empresa proveedora al Ministerio de Salud", expresaron.

 A lo que sumaron que hay deficiencias en los registros, ya que el instrumento no capta la cantidad de personas que concurren a la consulta de control post IVE; tampoco, la cantidad de procedimientos que tienen lugar fuera del circuito del 0800. ⁣Precisamente ayer dieron a conocer, desde el Ministerio de Salud de la Nación, la Guía de recomendaciones para la calidad e integralidad de los cuidados durante el post aborto.

En el documento que se difundió en Salta, también se señaló que un gran obstáculo para el acceso a las prácticas legales, es la falta de información para el ejercicio del derecho. "No sólo en castellano, sino también para las personas que hablan otras lenguas", especificaron. En este sentido, destacaron que la provincia "es rica en su interculturalidad", pues de las 12 lenguas que hay en el país, 8 son habladas en Salta. Los idiomas que siguen vivos son el quechua, guaraní, wichí, aymara, chané, chorote, tapieté y chulupí. 

Un día antes del primer aniversario del aborto legal en el país, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, dio a conocer la campaña El Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo es Ley. En todas las lenguas: #DecidirEsTuDerecho, con el fin de difundir la información para el acceso en los idiomas tehuelche, wichí, qom y guaraní. 

Aún así, pidieron que se generen campañas comunicacionales "a través de todos los medios posibles: radios, televisión, folleteria, redes sociales y de comunicación popular".