La violencia institucional que sufren las mujeres que denuncian casos de violencia de género, y que es infringida desde los diferentes Poderes del Estado, fue evidenciada este año en Catamarca/12 desde las voces de quienes se animaron a contar. Hasta el momento, algunas causas fueron resueltas, sin embargo, la mayoría aún espera.

Romina Carrizo, con tres hijos y una historia de más de 20 años de violencia ejercida por su marido contra ella, contó cada una de las dificultades que debió atravesar para lograr ser la primera en Catamarca en tener una pulsera dual con geolocalizador. Lo que parece un premio a las más de 20 denuncias que radicó, fue sólo alivio tardío a la libertad que reclamó, pidió y rogó desde enero de 2019.

Su caso, pese a los años que pasaron no tiene aún una respuesta definitiva por parte de la Justicia. Su ex marido no puede ser imputado porque es beneficiario de la Ley de Salud Mental. Hoy su esperanza es la pulsera dual. Y la pregunta que se hace es si, al menos, el Estado la habilitará a llevarla hasta que su vida y la de sus hijos dejen de estar en peligro. “Rompan todo para que no me maten, porque yo no quiero ser una menos”, pidió en su momento.

Los abusos sexuales y los incumplimientos judiciales también fueron reflejados por las voces de las sobrevivientes. Más de 10 fueron quienes confiaron y dieron su testimonio. Muchas reclamaron las demoras y la violencia en las respuestas judiciales por carecer ellas mismas de abogados. En ninguno de esos casos, contados desgarradoramente y sin ningún tipo de apoyo del Ejecutivo, la Justicia imputó. Hoy todas esperan. Algunas militan, todas se sienten violentadas y se preguntan en qué las ayudó denunciar.

Un punto aparte, merecen las causas en donde los denunciados fueron funcionarios catamarqueños. Franco Carletta, presidente del Concejo Deliberante de la localidad de Icaño, Elpidio Guaraz, Intendente de la localidad de Bañado de Ovanta y Daniel Zelaya, Concejal de la comuna capitalina fueron acusados por violencia de género y abuso sexual. Los tres, aún permanecen en sus cargos.

“Muchas veces intenté separarme y él me volvía de la puerta con la pistola en la cara”, relató a Catamarca/12 Silvina, la ex esposa de Carletta, y contó que sus denuncias, aún sin resolver, fueron por abuso sexual y violencia a ella y sus hijas y que la Justicia no resuelve.

“Si no lo denunciaba, sé que hubiera terminado muerta o iba a mandar a matarme”, dijo Carolina. Ella tenía 14 años cuando Guaraz comenzó a seducirla. La joven, manifestó su miedo de lo que pueda pasarle y pidió ayuda. A seis meses de aquella denuncia, la justicia sigue sin resolver.

El Intendente, también fue denunciado por acoso sexual y coacción por otra joven, Shirli Cordero. La novedad sobre su imputación, al menos en esta causa, se conoció el miércoles, pero no fue por la violencia de género denunciada sino que la justicia entendió que sólo fue "abuso se autoridad".

“No quiero que exista ningún ser humano que lo vea sin recordar que leyó o escuchó que una niña de 8 años padeció entre sus manos”, manifestó Soledad Ledesma. La mujer, no pudo más con el trauma y denunció a Zelaya por haberla abusado carnalmente hace 20 años atrás. La justicia que ella espera se la tiene que dar la Corte de Justicia de Tucumán, que fue el lugar en donde sucedieron los hechos. Sin embargo, hasta el momento, los demás jueces se niegan a acusar porque dicen que el abuso sucedió hace muchos años.

Abuso Eclesiásticos

En Catamarca, hay tres sacerdotes de la Iglesia Católica imputados por abusos sexuales. Sólo uno obtuvo condena este año. En las otras causas, que llevan 8 y 3 años de iniciadas, contra Renato Rasgido y Moisés Pachado, no hubo novedades.

“Sentimos que fue una justicia a medias. Con esta demora se sigue violentando y vulnerando nuestros derechos”, dijo Alejandra Carrizo, madre de Agustina, la adolescente sobreviviente del sacerdote Juan de Dios Gutiérrez, condenado en abril por el delito de abuso sexual agravado.

Por unanimidad, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación condenó a Gutiérrez a la pena de 12 años de prisión, por el delito de abuso sexual agravado por ser ministro de culto. Sin embargo, el fallo contempló que se haría efectiva cuando la sentencia quede firme y le impuso restricciones. Actualmente, sigue libre.

Las que no pudieron

Las voces de Débora Barros (29) y Eugenia Olivera (31)  no pudieron reproducirse. Sin embargo, hubo comunicación previa que fue desoída por la Justicia.

Javier Salcedo, el femicida de Débora, tenía denuncias por violencia de ex parejas e incluso una condena. Esas mujeres hablaron y contaron cómo las acosaba, celaba, golpeaba e incluso cómo las había privado de su libertad. Salcedo pudo ser condenado por intento de femicidio. Hasta había adquirido el arma para asesinar a su primera denunciante, pero la Justicia de 2013 no lo vio o no quiso verlo y sólo lo condenó por tener un revolver en su poder sin permiso.

A 8 meses de sucedido, Salcedo sólo fue imputado por el homicidio de Débora. La familia de la jóven sigue luchando  para que le sumen el agravante por femicidio.

En el caso de Eugenia, la mujer tenía 6 denuncias previas radicadas contra Eliseo Guerrero y formaba parte del Programa Acompañar, destinado a víctima de violencia de género. Guerrero, no tenía prisión preventiva y tuvo la inmunidad de dos meses completos, luego de matarla y enterrarla, porque para la Justicia no había peligro y nadie controló que ella esté bien y cuidada luego de las restricciones que ella denunciaba y él incumplía cada vez.

"La justicia de Catamarca está esperando que me muera para no dar respuestas", dice Lola Carrizo la mamá de Liliana Garabedian. El de ella es un caso testigo de cómo actúa éste Poder en la provincia. Su hija, fue víctima de femicidio en el año 2010 y aún la carátula del caso es “Desaparición con sospecha de criminalidad”. La causa tuvo decenas de apelaciones y cinco fiscales instructores. Este año les comunicaron nuevamente que desestimaban el archivo del expediente e intervendría un sexto fiscal.

Lola le dijo a Catamarca/12 en ese momento: “Ya no creo en la justicia de Catamarca que siempre se burló. ¿Qué van a hacer, volver todo para atrás? ¿Dársela a otro fiscal?.Ya no deben quedar fiscales, ya pasó por todos lados y lo que se hizo fue porque yo lo pedí. Ellos actúan tapándose entre ellos, se cuidan las espaldas y ninguno va a salir a decir que el otro actuó mal o no hizo que debería haber hecho. Son corporativos”.

Sólo la condena a prisión perpetua a Naim Vera Menem, por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo (23), fue un atenuante para la sensación de injusticia. Vera Menen fue el más joven encarcelado con el agravante de violencia de género en la provincia. El homicidio fue aberrante. Sin embargo, la madre de Brenda, María Espeche aún camina por los pasillos de la Corte de Justicia para lograr que la condena quede firme y su hija pueda descansar en paz.

Trata de personas

J.R. fue captada y explotada sexualmente por una red que también se dedica al narcotráfico cuando tenía sólo 13 años. A sus 21 años pudo denunciar lo que le sucedía, pero la justicia ordinaria y la Federal de aquel momento no actuaron más que para perder aquel expediente e imputarla por transporte de estupefacientes.

Su historia pudo conocerse este año luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca la sobreseyera de la causa por drogas y reconociera, luego de 7 años, que no era delincuente sino una víctima de trata de personas.

"Perdí la mitad de mi vida", le dijo a este diario en junio y aún hoy no puede estar tranquila porque sus captores no fueron juzgados.