Todo comienzo de año invita a reflexionar sobre el futuro, para lo cual es necesario ordenar algunas ideas, especialmente cuando –como decía Galeano- todo parece estar patas arriba.

Hablar de derecha e izquierda creo que es simplista y se complica cuando se discute soberanía o colonialismo, pero por concesión a la tradición, digamos que las derechas siempre fueron las que reclamaron orden. Desconcierta que aquí y ahora sean las promotoras, no ya del desorden, sino directamente del caos.

El invento de cerrar la grieta no engaña a nadie. Lo que quieren desde hace 200 años es eliminar al movimiento popular. Antes de irse la última vez -quizá porque pensaron que ya volvían- se olvidaron de destruir la filmación del acuerdo criminal para aniquilar al movimiento obrero, previamente registrado para que nadie saque los pies del plato, al mejor estilo de la Ndrangheta o mafia calabresa. Es obvio que se suprime toda grieta si se aniquila al opositor con una policía secreta del Estado (Gestapo), sólo que eso no es democracia sino crimen.

El entramado de la Ngdrangheta opositora con el monopolio de medios y la Corte Suprema y su justicia federal porteña no es una anécdota, sino la programación de un caos institucional destituyente que avanza por goteo. Esa silla de tres patas convoca espectros del pasado y es difícil decir cuál de ellas aporta más al caos.

Pero por criticable y deplorable que sea, no sorprende demasiado un juego político opositor nada limpio ni que los medios monopólicos respondan a los intereses financieros de que son parte. Lo más sorprendente es la contribución al caos de la Corte Suprema y de la minoría de jueces del lawfare, que alcanza niveles de escándalo institucional sin precedentes

A lo largo de los 160 años de historia judicial federal, nunca pasó algo semejante. Hubo cúpulas reaccionarias, algunas de facto realmente lamentables y otras más o menos de jure no menos deplorables, pero siempre se movieron por razones ideológicas y no se les podía negar coherencia en ese sentido; pensemos en la Corte removida en 1947 o en la de la mayoría automática de los '90.

Pero ahora no sabemos por qué se pelean, por qué se eligen entre tres sin convocar a los otros dos, por qué hacen saltar denuncias penales entre ellos, porque no hay claras cuestiones ideológicas que muevan esos conflictos, sino más bien disputas por espacios de poder.

Pero de todas formas, su contribución al caos es considerable: deciden cuestiones de epidemiología sin consultar peritos, reponen la vigencia de leyes derogadas por el Congreso, legitiman jueces trasladados por el ejecutivo, acuerdan el beneficio del doble cómputo a quienes no estuvieron procesados, aplican leyes más gravosas retroactivamente con el pretexto de que son interpretativas, se niegan a revisar condenas cuando hay instrumentos públicos que prueban que mediaron testigos sobornados, manejan la falta de términos del tribunal a su arbitrio para permitir que sobrevengan muertes o incapacidades y para no decidir en causas con detenidos cuando median artificiales clonaciones de procesos, nada hacen frente a la minoría judicial que se presta a la persecución política de unos y al encubrimiento de otros, ni tampoco ante el agujero negro de engulle causas hacia el fuero federal porteño y, para colmo, ahora, demoraron 15 años para descubrir el desequilibrio y lanzarse a resolver cuestiones no judiciables para apoderarse del Consejo de la Magistratura y del nombramiento de los jueces.

Esto dista mucho de ser el orden de las llamadas derechas, para pasar a ser el caos institucional más completo. Quienes con la mejor buena voluntad pretendiesen descubrir en este abuso del poder un sentido ideológico, no harían más que proyectar su racionalidad crítica dándole sentido al sinsentido. Lo máximo que puede descubrirse es una decisión por el caos destituyente, pero eso no alcanza el nivel de mínima coherencia que exige una ideología.

Esa no-ideología del sinsentido tiene una raíz más profunda, que arranca cuando se pierde de vista que el orden institucional exige programar la distribución del poder para que nadie abuse de él. Esa es la principal función de una Constitución y de una legislación ordenadora del poder. Y eso es lo que ha fallado y dio lugar al espacio del sinsentido de luchas de poder personal, en las que cada cual juega la suya y todo acaba en el caos.

En ningún país de América y Europa se concentra poder en cinco personas, encargadas de emitir 15 mil resoluciones anuales, de firmar una cada 20 minutos sin dormir, de resolver en todas las materias jurídicas, de suponerlas sabias en toda la ciencia jurídica, de reunir en ellas funciones de última instancia y de control de constitucionalidad y de convencionalidad (siempre quieran hacerlo) y también de gobierno del Judicial. Y no en cinco, sino en tres personas, que bastan para hacer mayoría.

De la ficción y de la concentración de poder no puede salir nada bueno, porque es el verdadero espacio para el caos. Si bien el caos no siempre se produce en forma automática, pues si bien pueden ocupar el espacio personas no caóticas, cuando no se lo cierra, tarde o temprano llegan los caóticos que juegan la suya y con ellos el caos.

Por ende, esto no se resuelve con la pura crítica a los caóticos pues, aunque ellos se marchasen, vendrán otros. De una buena vez, es cuestión de cerrar el espacio para el caos, pensando racionalmente las instituciones.