Producción: Javier Lewkowicz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provincias fortalecidas

Por Lorena Giorgio (*)

Las cuentas fiscales consolidadas de las 24 provincias están saliendo fortalecidas de la pandemia y registraron en 2021 el primer superávit financiero -incluyendo el pago de intereses- desde 2010. Las claves detrás de esta fuerte mejora son cuatro: i) las transferencias del Gobierno Nacional sumaron 377.000 millones de pesos (el equivalente al 1,4 por ciento del PBI) y contribuyeron a apuntalar los ingresos provinciales (en 2020 cayeron sólo 1,5 por ciento en términos reales respecto a 2019); ii) los salarios públicos perdieron por lejos contra la inflación en la mayoría de las jurisdicciones; iii) los procesos de renegociación de la deuda pública en varias provincias permitieron aliviar y postergar el pago de intereses; y, iv) la suspensión del (viejo) Consenso Fiscal permitió incrementar y ampliar las bases impositivas de los principales impuestos sub-nacionales.

Como consecuencia del reordenamiento de las cuentas fiscales provinciales, el consolidado de las 24 provincias habría terminado 2021 con un superávit primario en torno al 0,9 por ciento del producto, tras haber registrado un superávit de sólo 0,2 por ciento del PBI en 2020. Asimismo, el superávit financiero rondará el 0,4 por ciento del PBI, revirtiendo la tendencia de resultados deficitarios observada en la última década.

La contracara de este fenómeno fue el gran costo fiscal que absorbió el Gobierno Nacional (financiado en gran medida con asistencia del Banco Central, que no puede asistir directamente a las provincias), tanto por el lado del paquete de ayuda económica a las familias y empresas en la pandemia (4 por ciento del PBI en 2020 y 2 por ciento en 2021), como por el lado de las transferencias a provincias (1,4 por ciento del PBI entre transferencias corrientes y de capital) para paliar la merma en sus recursos. El Sector Público Nacional cerró 2020 con un déficit primario devengado de 7,7 por ciento del PBI y un déficit financiero de 9,6 por ciento del PBI, deteriorándose con fuerza respecto a los resultados de 2019 (déficit primario de 1 por ciento y financiero de 4,6 por ciento del PBI). En 2021, el rojo primario devengado osciló el 3 por ciento del PBI y el financiero el 4,5 por ciento.

En este escenario, el presidente y los gobernadores firmaron la semana pasada un nuevo Consenso Fiscal, que habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y a incrementar alícuotas de tributos ya existentes. Es que, a pesar de la buena salud fiscal de las provincias, la reapertura de paritarias (las pautas salariales en torno al 30 por ciento en promedio definidas en el verano pasaron a ubicarse por encima del 45 por ciento, concentrándose en el último trimestre) alcanzaron una variación promedio por encima al 45 por ciento) y la desaceleración de la recaudación provincial en los últimos meses de 2021 había empezado a sembrar dudas acerca de la profundización de la mejora fiscal de las provincias hacia adelante. Los ingresos tributarios reales de origen provincial crecieron 28 por ciento en el primer semestre del año con respecto a igual período del 2022, pero en el tercer trimestre registraron una suba interanual del 15 por ciento, y en septiembre y octubre del 12 por ciento (últimos datos disponibles). La estructura tributaria de las provincias tiene una elevada dependencia de los tributos vinculados a la actividad económica (esto es, Ingresos Brutos y Sellos), cuyo comportamiento es sumamente procíclico y, como consecuencia, una desaceleración económica más marcada podría tener un impacto importante en la pérdida de dinamismo en la recaudación.

El nuevo consenso fiscal contribuiría a amortiguar el impacto de la actividad sobre la recaudación provincial. Se espera que, al menos, se recauden 80.000 millones de pesos adicionales al año, equivalentes a medio mes de ingresos tributarios de origen provincial. Si bien este monto no luce demasiado abultado, el incremento en la presión tributaria provincial se daría en un contexto en el que el ratio Ingresos de Origen Provincial sobre PBI ya había pasado desde 1,1 por ciento en la pre-pandemia hasta 1,3 por ciento en el primer semestre de 2021.

Habrá que monitorear cómo responden los ingresos a la evolución de la actividad económica y a la mayor presión impositiva, especialmente porque ésta podría impactar negativamente sobre la actividad productiva), y la magnitud de la presión que las paritarias más altas ejercerán sobre el gasto en personal.

(*) Economista Jefe de Equilibra.

------------------------------------------------------------------------------------------------

La ayuda nacional fue clave

Por Lucía Sánchez Barbieri (**)

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales firmaron en la última semana del año el consenso fiscal para el 2022, declarando que éste permitirá aumentar la autonomía de las provincias y equilibrar el sistema fiscal en el territorio argentino.

El “nuevo” Consenso Fiscal interrumpe el requisito de disminuir la carga tributaria firmado en 2018 y habilita las Provincias a subir y crear nuevos impuestos. Por ejemplo, posibilita la reimplantación de algunos impuestos locales tal como el impuesto a la herencia. Este es un punto destacable hacia una mayor equidad tributaria, dado el bajo peso que tienen los impuestos a la riqueza en la argentina. También prevé la promoción en el intercambio de información, un programa integral de simplificación y de coordinación tributaria federal, el fortalecimiento del Registro Único Tributario (RUT), un máximo en las alícuotas del Impuesto sobre Ingresos Brutos y sobre el Impuesto de Sellos.

Durante el gobierno anterior, todas las provincias, a excepción de San Luis y La Pampa, se comprometieron a bajar gradualmente la presión impositiva hasta el 2022. Sin embargo, en 2018, con la crisis económica y la devaluación se fue postergando la aplicación. Asimismo, a finales del 2019 y principios del 2020, Argentina se encontraba en un panorama fiscal sensible y en una difícil situación de negociación de la deuda pública en moneda extranjera.

A ello se suma que, en el 2020, la pandemia de la Covid-19 impactó fuertemente en las finanzas públicas de Nación y de las Provincias impidiendo que los acuerdos del 2017 entraran plenamente en vigencia. A nivel nacional, en un contexto de emergencia sanitaria y crisis económica, el resultado del ejercicio del Sector Público Nacional para el 2020 fue un déficit primario de 1.749.957 millones de pesos (6,5 por ciento del PBI) y un déficit financiero de 2.292.830 millones de pesos (8,5 por ciento del PBI). Esta dinámica de profundización del déficit público se debió tanto al deterioro de los ingresos como al aumento del gasto.

Al analizar las finanzas públicas Provinciales, paradójicamente, la pandemia tuvo un efecto favorable sobre el equilibrio presupuestario. En 2020, 17 de las 24 provincias argentinas registraron superávit fiscal y de manera agregada cerraron con un resultado fiscal superavitario de 62.843 millones de pesos (0,2 por ciento del PIB), indicando una mejora respecto al 2019. Esto no es algo bueno ex ante: durante una crisis lo deseable sería que la política fiscal adopte un sesgo expansionista para compensar la caída en la demanda. Sin embargo, a nivel subnacional las herramientas para financiar el déficit público son más limitadas.

La explicación de la mejora del resultado fiscal se debe a que, si bien es cierto que la recaudación en todos los niveles de gobierno se vio afectada por las cuarentenas durante la etapa inicial de la pandemia de la Covid-19, las Provincias pudieron compensar la caída en la recaudación provincial a través de la ayuda del gobierno nacional. Además, la actividad económica en el NOA y otras regiones registró caídas promedio menores y una recuperación adelantada que la del promedio nacional.

De esta manera y de cara al año entrante, sumado a la mejora que experimentaron el total de las Provincias en el 2021 en relación a los ingresos y gastos, se espera que el Consenso Fiscal para el 2022 permita asegurar estabilidad y previsibilidad de las finanzas públicas.

(**) Economista. Fundación de Investigaciones Económicas para el Desarrollo (FIDE).