El dirigente Juan Grabois presentó una denuncia penal por tareas de inteligencia ilegal realizadas en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde diciembre de 2020 en adelante y pidió el juicio político de la fiscala porteña Celsa Ramírez, que intentó vincular a la organización sindical con una supuesta asociación ilícita ligada a la venta callejera para facilitar esos seguimientos. Hay fotografías de quienes acuden al edificio de la UTEP en la calle Pedro Echagüe 1265 donde, entre otras cosas, no sólo hay oficinas sino que también funciona un comedor comunitario que recibe a 3500 personas y la obra social Mutual Sentimiento. También se incluyen informes que contienen conclusiones disparatadas, como que existen razones para sospechar de esa organización porque reparte “elementos de higiene” (en plena pandemia) entre las/los vendedoras/as ambulantes, además de acompañarlos en manifestaciones. El caso quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Hace tiempo que ciertas fiscalías de la Ciudad de Buenos Aires escrutan con obsesión la venta callejera en algunos barrios y en particular a la comunidad senegalesa que, además, suele ser blanco de feroces despliegues de violencia institucional. Para hacerlo, y satisfacer una persecución funcional al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y al macrismo, se esfuerzan en usar o distorsionar figuras penales. Eso les permite retener las causas judiciales que, en realidad, están destinadas a tramitar en la Justicia Federal, ya sea en Comodoro Py o en el fuero penal económico. El hecho es que en una de esas investigaciones, en la puerta de un depósito de mercadería, fue fotografiado un hombre con una campera que tenía la inscripción “MTE-UTEP” (Movimiento de Trabajadores Excluidos y Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y se convirtió en el puntapié para que la fiscala Ramírez ordenara seguimientos y tareas de inteligencia sobre la organización sindical, cuyo nombre original es Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La denuncia de Grabois dice que mandó agentes encubiertos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la CABA.

“Dichas acciones fueron realizadas con el único fin de amedrentar a La UTEP como así también a vendedoras y vendedores ambulantes”, dice la denuncia. Ramírez, precisa, “se valió de las facultades que su calidad de fiscal le proveen para hacer un uso arbitrario del poder que le fuera conferido y perseguir penalmente a este sindicato que nuclea al sector poblacional de mayor vulnerabilidad, aquel que trabaja en el sector de la economía informal”. Además de señalar una violación a la ley de inteligencia y abuso de autoridad, la denuncia de Grabois advierte sobre actos discriminatorios, “a partir de la racialización” de las personas que pone bajo sospecha, a las que la fiscalía se refiere como de “rasgos africanos”, como si las características físicas y el color de piel --además-- fueran un factor de relación con el delito.

El caso

El comienzo de la causa a cargo de Ramírez fue una denuncia de una apoderada de la empresa Nike, por falsificación de la marca. La fiscala invocó el artículo 289 inciso 1 del Código Penal que no es exactamente lo mismo, sino una figura que se usa para falsificación de sellos y patentes. Lo hizo para retener el expediente, porque la violación a la ley de marcas es un delito federal que ella desde los tribunales porteños no puede investigar. También le puso asociación ilícita, un comodín que se usa con frecuencia ante la falta de precisiones y para agravar el escenario penal. Además, en el fuero federal la jurisprudencia indica que estos casos son desestimados, no se considera que haya delito. La base es un dictamen de la exprocuradora Alejandra Gis Carbó que señala que en la actividad de venta callejera no puede haber engaño porque es ostensible que las características de la mercadería no se corresponden con las etiquetas.

Este diario accedió a parte del expediente donde figura la imputación:

* Un párrafo general dice que se investiga “una organización que desde al menos el 12 de febrero de 2021 de manera coordinada en forma permanente e ininterrumpida se dedica a gestionar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público…” y que se apunta a la “responsabilidad” de “un grupo de personas cuya identidad hasta el momento se desconoce, quienes, previo acuerdo de voluntades y distribución de roles, de forma coordinada e ininterrumpida, dispusieron lo necesario para gestionar el ingreso al país de forma irregular, tanto de personas provenientes en su mayoría de Senegal, como así también de distintos productos de indumentaria y accesorios presumiblemente apócrifos”.

* Un tramo específico sobre la UTEP detalla textualmente: “Se investiga el vínculo existente entre los miembros de la organización delictiva aquí investigada con el personal de la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), sita en la calle Pedro Echagüe 1265, quienes en el mes de diciembre de 2020 les proporcionaron múltiples elementos, como ser de higiene, a los vendedores ambulantes de la zona de Once y Avellaneda, a quienes, además, acompañaron en sus manifestaciones”. Agrega que en la puerta del predio “se ha comprobado la presencia de personal policial” “manteniendo un comportamiento no acorde a la función”. Quienes conocen la actividad de la UTEP y del comedor, saben que se entregan viandas para los detenidos de la Comisaría 1ª, en San Juan y Entre Ríos.

Con todo eso, Ramírez dispuso hacer inteligencia y también un allanamiento en la UTEP. Las fotos en el expediente muestran, entre otras cosas, las colas de la gente que va al comedor comunitario. La denuncia de Grabois señala la preocupación por la información recabada mediante personal encubierto del Cuerpo de Investigaciones que habría seguido las actividades de la organización desde diciembre de 2020. “Las acciones atribuidas a este sindicato en modo alguno podrían ser indicativas de ninguna acción criminal. Nuestra labor diaria consiste en asistir y articular con trabajadoras/es de la economía popular en general, proveyendo alimentos, vestimenta, elementos de higiene y realizando múltiples acciones a los fines de garantizar derechos laborales, económicos, sociales, culturales, entre otros, y no por ello es parte de acciones delictivas que eventualmente pueda cometer cualquier persona”, advierte.

Criminalización

En los últimos años varios organismos dieron cuenta del hostigamiento y la persecución selectiva de la Policía de la Ciudad respecto de los migrantes senegaleses que se dedican a la venta ambulante. El Ministerio Público de la Defensa porteño señaló la multiplicación creciente de operativos y la acción desproporcionada, que termina en detenciones. La mayor parte de las denuncias por violencia policial tiene como víctima a ese colectivo. Lo mismo fue denunciado por la Defensoría del Pueblo (incluso en casos donde intervino la misma fiscala y con el criterio de asociar a la comunidad senegalesa con el delito) y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay, evidentemente, una política que aplican en forma complementaria el gobierno porteño, su policía y el sistema judicial. La UTEP enumera otros antecedentes de la fiscala Ramírez. 

En todo esto, el papel de la UTEP no es para nada menor, porque precisamente encabeza la representación de quienes subsisten mediante la venta ambulante entre otras modalidades del mercado informal de trabajo. “La criminalización de la organización sindical tiene como efecto inmediato infligir temor entre quienes buscan, por su intermedio, que el Estado dé respuestas a sus necesidades como trabajadoras/es”, sostiene la denuncia. En la pandemia, agrega la organización, se han duplicado esfuerzos en la “tarea humanitaria” para “dar respuesta a necesidades básicas de alimentación, vestimenta, educación, inclusión de liberadas/os, asistencia a víctimas de violencia institucional, de violencia de género, atención psicológica y de la salud integral”. Por eso, sostienen, su labor está protegida por los estándares internacionales de protección de defensores/as de derechos humanos.

Espionaje

“Las tareas investigativas que mandó a hacer Ramírez en UTEP no tienen ningún fundamento. Las filas que se ven en algunas fotos en la puerta de la sede es la gente que va a buscar viandas. Mandar a espiar por haber visto a una persona con un campera con una inscripción de un gremio en la entrada de un depósito es inteligencia ilegal. Pero se deduce de las afirmaciones de la fiscal que hubo inteligencia previa incluso a la ocasión en que se les entregaron elementos de higiene a las y los vendedores ambulantes", dice el abogado Nicolás Rechanik, quien hizo la denuncia.

Luego, el escrito indica dos cuestiones elementales: la ley 25.520 exige que para disponer tareas de inteligencia se debe haber detectado una actividad criminal. “Las acciones realizadas por UTEP no constituyen ilícito alguno”, afirma. La norma requiere que se trate de actividades criminales que afecten la libertad, la vida, el patrimonio, derechos garantías o instituciones de gobierno, de lo contrario se trata --como argumenta la denuncia en este caso-- de una violación a la privacidad y la intimidad. Como queda a la vista, las formas de espiar no sólo aparecen vinculadas a una política de Juntos por el Cambio sino que toman todas las formas posibles. Eso sí, las trabajadoras y trabajadores, así como la estructuras que los amparan, son un blanco predilecto.