"Gestapo" macrista: Las pruebas que incriminan a la mesa judicial de María Eugenia Vidal

El exjefe de Gabinete bonaerense Alberto Pérez se presentará este martes o a más tardar el miércoles en el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, a fin de sumar pruebas sobre el papel de la ahora llamada GestaPRO, dedicada a perseguir dirigentes gremiales, sociales y políticos. El exfuncionario entregará copias de los dos audios atribuidos al subcomisario Hernán Cassasa --adelantados por Página/12--, en los que se revela que funcionaba una mesa judicial clandestina integrada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el jefe de Gabinete, Federico Salvai y el procurador bonaerense Julio Conte Grand, que se reunían en La Plata, en CABA --en la misma sala captada en el video de añoranza de la Gestapo-- y en la propia Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada. “Vidal debería renunciar a su banca si se confirman todas estas pruebas”, redondeó el exfuncionario del gobernador Daniel Scioli.

Los dos audios, a los que Página/12 accedió por fuentes vinculadas a los imputados, tienen la voz que sería del subcomisario Casassa, un contador que encabezó más de cien allanamientos a Pérez, Scioli, empresas, cooperativas y hasta el club en que el exgobernador jugaba futsal. El hombre de la Policía bonaerense deja en claro que, sin orden judicial, se hacía inteligencia ilegal sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales, con la participación de la AFI, la Unidad de Información Financiera, la AFIP y otros organismos del Estado, y luego el material se le hacía llegar “milagrosamente” --así dice Casassa-- a la exdiputada Elisa Carrió. La legisladora lo presentaba en la Justicia como si fuera una investigación propia o datos recibidos de forma anónima.

El juez habilitó la feria judicial

A partir de que el juez Kreplak habilitó la feria judicial para continuar con la investigación, Pérez trabajaba en la tarde del lunes en el escrito de presentación de todas las evidencias. En paralelo, el silencio de la exgobernadora y de sus funcionarios siguió siendo casi total. El único que salió a la cancha fue Ritondo anunciando que denunciará a Casassa por haberlo involucrado.

Alberto Pérez insistió en Radio 10, en que la exgobernadora no podía desconocer todo lo que se reveló en la última semana. “Están saliendo las cosas a la luz. En el video del exministro de Trabajo (Marcelo Villegas) y este domingo con el audio de una de las personas que operativamente actuaba e instruía las causas en contra nuestro (el subcomisario Casassa), produciéndonos un tremendo daño político y personal. A nosotros jamás nos hubiera molestado que nos investiguen, pero una investigación judicial, con todas las garantías, no una persecución en la que se juntaban el procurador (Conte Grand), que era del Poder Judicial, con ministros (Ritondo, Salvai, Villegas) que eran del Poder Ejecutivo, policías, jefes de inteligencia, medios de comunicación y un montón de organismos del Estado. Era terrible para nuestras familias. Uno se defendía y se desataba una tormenta para desprestigiarnos. Y por detrás, la tormenta estaba encabezada clandestinamente por esa mesa judicial”.

"En la provincia de Buenos Aires, Vidal tuvo exactamente las mismas estrategias que (Mauricio) Macri: a nivel nacional, contra Cristina Kirchner; en el territorio bonaerense, arrancando con desprestigiar al anterior gobierno, a su gobernador Scioli y a la gente que lo rodeaba, especialmente a mí como jefe de Gabinete. Eso fue en 2016. Poco después fueron contra Roberto Baradel, a raíz del conflicto docente. En 2017, contra Fernando Espinoza que estaba en las listas electorales y, además querían dividir La Matanza. Y para eso armaron una mesa judicial donde se pergeñaba la persecución. Vidal, más que decir algo, debería dejar la banca porque es imposible que desconozca lo que estaba pasando".

El silencio de Juntos por el Cambio

Todo indica que los líderes de Juntos tratarán de no hablar casi nada de los audios y del video. Esperan amortiguar el escándalo con la protección judicial y mediática que tienen. Pero los armados fueron tan grotescos, que los audios, videos y arrepentidos se van sucediendo. Pocas veces en la historia argentina se pudieron certificar tantas operaciones ilegales como las que surgieron en el último año y medio:

• Un falso abogado, Marcelo D’Alessio, vinculado a la AFI, extorsionando empresarios y trabajando junto a un fiscal, Carlos Stornelli, en el armado de causas truchas.
  
• Dos altos jefes de la AFI visitando a un juez, Luis Carzoglio, para meter presos a Hugo y Pablo Moyano. La visita fue reconocida por Gustavo Arribas, el titular de la central de espías.
• Un grupo de policías de la Ciudad, traspasados a la exSIDE, haciéndole espionaje al Instituto Patria y a la expresidenta Cristina Kirchner. Desde el Patria los descubrieron y los hechos también fueron reconocidos por Arribas.
  
• Ese mismo grupo de policías siguiendo a opositores y a figuras del PRO que barajaban la idea de que Macri no fuera el candidato presidencial de 2019. Además, espiaron al obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, porque tenía diálogo con el Papa Francisco, y a una hermana del propio Macri.
• Se descubrió espionaje ilegal a los presos de Ezeiza, en diálogo con sus abogados, sus parejas, hijos y socios de empresas. La AFI distribuía las desgrabaciones.
• Tres altísimos directores de la AFI filmados por la propia AFI en una reunión con empresarios de La Plata para armar causas contra un dirigente sindical, Pablo "el Pata" Medina.
• Un subcomisario, contador, especialista en análisis de bienes y finanzas, que encabezó cien allanamientos, contando que la gobernadora, dos ministros y el procurador armaban causas contra opositores, le pasaban los materiales a Elisa Carrió, para que ella hiciera las denuncias.  
  

Toda esta secuencia y muchísimos otros hechos exhiben que no hubo cuentapropistas de inteligencia ilegal sino una política originada en la Casa Rosada y ejecutada con niveles de torpeza nunca vistos. Eso hace pensar que, en el terreno judicial, el macrismo centrará su batalla en llevar todo a Comodoro Py, donde juega de local y espera garantizar que las causas se diluyan. Sin embargo, las evidencias se suman y no parece tan fácil frenar la tormenta.