Un operativo policial en la Zona Roja de La Plata, en la madrugada helada del 14 de julio de 2018, resultó con la detención de Rubí Mirasso (32). Tenían filmaciones, pruebas de que realizaba “pasamanos”. Le encontraron bolsas con una sustancia blanca similar a la cocaína y cayó presa con otra compañera. Pero solo ella quedó acusada por el Ministerio Público Fiscal del delito que lleva al 69 pot ciento de las mujeres trans y travestis bonaerenses a la cárcel (en un 80 por ciento con prisión preventiva): tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Pasó dos meses presa en la comisaría N° 11 de Ringuelet, sin ventanas ni cielo que ver y donde, cuenta, solo la dejaban recibir visitas de personas con “lazo de sangre”. Después, un mes en la alcaidía Pettinato y once en el penal de Florencio Varela. Hasta que le dieron la domiciliaria, por la ausencia de la pericia determinante y el hecho de que no tenía antecedentes, sumado a un episodio de violencia física que sufrió por parte del SPB. El test orientativo había dado, en varias oportunidades del proceso, “celeste pálido”, cuando en cocaína suele dar azul brillante. Rubí siempre supo que la sustancia era paracetamol. Lo dijo desde el primer momento, en una declaración ampliatoria en Fiscalía. Ella denuncia que ni el MPF ni la Defensa oficial la escuchó. Como mínimo, los casi tres años que esperó presa los resultados de una pericia que parecía utópica son la prueba irrefutable de una indiferencia (¿social? ¿judicial?) estructural.
“La defensa nunca me creyó. Me llamaban y me advertían ‘tu causa está complicada’; decían que iban a ofrecerme el juicio abreviado ‘cada tanto’ porque por ahí cambiaba de opinión”, asegura a SOY Rubí, que lleva pocos días absuelta, desde el departamento que alquila con una amiga. “Sabía por gente conocida que firmar eso era hacerme cargo del delito, darle la razón a la policía. Y no quería, porque yo estaba segura de cómo había sido todo. Hasta 15 días antes del juicio me ofrecían abreviados, me mortificaban con que podía ir más tiempo presa. Y podía pasar, porque las pruebas de la droga podían no estar antes del juicio”, explica. El defensor oficial Claudio Ritter asegura que solo se le ofreció la opción en dos oportunidades, explicándole los pros y contras y que, de haber llegado a juicio sin la pericia, habrían pedido la absolución por falta de pruebas. “Pero se adelantó todo y llegó antes, por eso la fiscal levantó los cargos en contra mío. Un loco, ¿o no?”, se pregunta Rubí con una naturalidad que asusta. Un loco: tres años detenida por un delito que nunca existió como tal.
La deriva trans en las causas por narcomenudeo
La inocencia de Rubí (el sobreseimiento pedido por la fiscal de juicio Graciela Rivero el 16 de diciembre) se determinó con solo un ítem de la pericia del Cromatógrafo -el único en la PBA- realizada por la Policía Científica, que reza: “No se han detectado sustancias comprendidas dentro de la ley 23.737”. Las organizaciones que la acompañaron durante el proceso (RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS) advierten sobre los peligros que implica detener a alguien solo por un test orientativo.
“La demora de las pericias ocurre por la inmensa cantidad de investigaciones que se abren por infracción a la Ley de Drogas en general, donde no conviven criterios de prioridad. Y muchas veces las personas son condenadas sin la pericia química, solo con el test orientativo, como hubiese pasado con Rubí si cerraba un juicio abreviado”, explica Aramis Lascano, abogadx y activista de RESET. Ritter plantea que a pesar de haber jurisprudencia en Casación que indica que el test inicial es insuficiente; no existe una normativa o doctrina general que lo ratifique, y por ende de cara al juicio había un riesgo.
Otro era que se hallase al menos una parte de cocaína entre la sustancia secuestrada. Esa incertidumbre habría motivado el ofrecimiento del abreviado, que de haberse firmado habría traído a Rubí el peso de tener antecedentes penales. Mientras se dirimía el caso, el CELS cuestionó los mecanismos por los cuales los delitos menores de drogas funcionan como “herramientas para perseguir a colectivos vulnerables”, como el de las travestis/trans (recordemos las cifras del primer párrafo). En ese marco no está de más preguntarse qué habría pasado si en efecto la sustancia era cocaína: ¿Habrían sido los 3 años de privación de libertad suficientes como para equiparar el daño cometido contra la salud pública? ¿La sentenciarían a más? ¿Perseguirían penalmente a los posibles proveedores?
Vivir en suspenso
Antes del resultado favorable el 16 de diciembre, Rubí tuvo momentos críticos. No solo la difícil convivencia con su mamá, con la que tuvo que vivir obligatoriamente tras salir de la cárcel. Cuando consiguió alquilar con una amiga seguía sin poder salir, y la pandemia hizo trizas sus intenciones de volver al trabajo sexual. “Mis amigas me ayudaron mucho y también las organizaciones como Furia Travesti. Me traían mercadería o me donaban plata, yo realmente necesitaba el acompañamiento porque con la pandemia todo fue peor: nadie quería venir, estaban traumados. Era muy difícil, la pasamos bastante mal, no nos morimos de hambre pero sí pasamos hambre”, cuenta Rubí, que aún así agradece no haber ido presa por infringir la cuarentena del Covid-19, como muchas de sus compañeras que trabajan en la zona roja platense.
Si bien la Justicia había fijado el juicio oral para noviembre de 2021, el turno para la pericia cromatográfica (pedida en 2019) estaba previsto para 2022. La tardanza en ese peritaje y la decisión de encarcelar a Rubí con los resultados del test de orientación son dos cuestiones que parecen ir por cauces distintos, pero terminan fluyendo en el mismo río.
Los días previos a su absolución, Rubí estuvo al límite: “Tenía nervios, vómitos, dolor en el pecho y en la panza, no dormía, estaba flaquísima… Y pensar que lo viví varias veces, porque me lo suspendieron”, cuenta. Efectivamente, el 11 de noviembre a las 9 de la mañana, la fiscal pidió carpeta médica y la audiencia prevista para las 10 no se celebró. Luego el cumpleaños de la ciudad de La Plata impidió la realización de otra audiencia. Recién a mediados de diciembre, con la certeza de que esos 2,3 gramos eran 100 por ciento de parecetamol, Rubí logró la absolución. Pero más allá de las formalidades no hubo nada, ni una sola palabra en esa sala que hiciera mención a que pasó presa tres años injustamente. Ante una pregunta casi obligada de SOY, sobre si le haría o no un juicio al Estado para pedir reparación, ella duda y tiene buenos motivos: aún tiene que tramitar la eliminación de posibles antecedentes; aún tiene que conseguir un trabajo (de ser posible formal); aún quiere terminar la secundaria. “La idea está, pero me estoy asesorando”, dice con cuidado. Es demasiado lo que urge a su alrededor como para enfrentar otro proceso de años.
