El diputado radical en Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro sostiene en agenda la acusación de haber sido objeto de espionaje por parte de la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad, hasta octubre pasado. Se valió de un artículo periodístico para volver a la carga y exigir información al Ministerio Público Fiscal sobre estas supuestas actividades que son motivo de investigación por parte de la Fiscalía regional Santa Fe.
En el inicio de la feria judicial, Pullaro presentó ante la fiscal Mariel Jiménez un pedido de acceso al expediente. Lo hizo junto con su asesor y ex funcionario en el Servicio Penitenciario, Pablo Cococcioni. Se vieron aludidos por una nota del portal Rosario 3 que reedita el tema y los menciona entre supuestas víctimas de espionaje ilegal.
“Aparezco mencionado como una de las personas sobre las cuales la gestión institucional del Ministerio de Seguridad de Santa Fe habría ordenado tareas de investigación, inteligencia o perfilamiento, por fuera de los carriles formales impuestos por la normativa procesal”, indicó Cococcioni. De allí planteó la ilegalidad de esa actividad de "recopilación de información pública y no pública sobre distintas personas, presumiblemente con finalidades espurias como el chantaje, el despliegue de presión sobre posibles rivales políticos y hasta la obtención de lucro ilícito”, escribió.
Pullaro y su colaborador exigieron respuesta del Ejecutivo y dijeron que se constituirán como querellantes en la causa que sigue Jiménez y su par, Ezequiel Hernández, si al acceder al expediente confirman sus conjeturas. Sain, en tanto, ayer contestó por Twitter que todo esto es "un brutal lawfare montado sobre mentiras".
