Unas ocho comunidades de los parajes que se encuentran en la jurisdicción de General Ballivián, en el departamento San Martín, se unieron ayer a la protesta que realizan otras comunidades de esa zona sobre la ruta 34, entre el municipio mencionado y Embarcación, comuna que pertenece al mismo departamento.

Si bien la protesta principal de las comunidades que se encuentran en el corte es para poder acceder al programa Potenciar Trabajo, el de las comunidades de distintos parajes de Ballivián es por el cumplimiento de un convenio que firmaron en septiembre el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a través de la Secretaria de Asuntos Indígenas, y el municipio ballivianense, para que puedan acceder a viviendas de emergencia. Esto implica que se levanten casas de madera con chapas. En total se acordaron unas 32 viviendas, a ser divididas en cuatro para cada una de las comunidades.

Así lo manifestó Hugo Díaz, representante de la comunidad El Quebrachal, una de las 8 poblaciones que reclaman al gobierno estas viviendas. El referente contó a Salta/12 que en la actualidad cuentan con residencias que se construyen con silos de los granos o bolsas de nylon que consiguen en las fincas cercanas, en donde el desmonte extendió la frontera agropecuaria para cosecha de granos que salen a exportación. 

Esas son las coberturas que se disponen sobre algunos postes de madera que servirán de soporte para las familias de entre 4 y 6 personas que habitan en cada uno de los lugares. Añadió que en la zona hay disputa por el territorio con algunos titulares registrales que tienen a su cargo diversas producciones agrícolas.

En varias de estas comunidades, ubicadas por lo menos a 30 kilómetros de Ballivián, no hay pozo de agua, y la que pueden consumir es la que dejan en unos tinacos cada dos semanas, como dijo Díaz sucede en Chaguaral. Cuando el agua se acaba, “tenemos que caminar 12 kilómetros a Corralito y llevar los bidones”, dijo Díaz al confirmar que estos recipientes son los que albergaron en algún momento “veneno”, refiriéndose a los herbicidas utilizados en esas fincas.

El agua que recogen es la de una laguna que se forma por las aguas que caen de las serranías. Como ya explicaron en otras comunidades originarias, el procedimiento para “potabilizar”, el agua, o en todo caso hacerla más segura, consta en poner un trapo limpio en un recipiente que será a su vez el que recibirá el agua de los bidones, filtradas por la tela utilizada.

Afirmó que los bolsones con mercadería suelen llegar cada tres o cuatro meses, y que unos 8 niños y niñas de la comunidad están sin escolarizar dado que las distancias son demasiado largas para que vayan todos los días a Corralito, lo que implica recorrer esos 12 kilómetros entre la comunidad y el establecimiento escolar más cercano.

Chapas por enviar

El convenio firmado por la provincia y la Municipalidad no establece con claridad la fecha de inicio de las obras. “Era que se iniciaban esta semana y entre hoy y mañana (por ayer y hoy), llegan las chapas”, dijo el subsecretario del Registro de las Comunidades y Regularización Territorial de la provincia, Ariel Sánchez a Salta/12. 

El funcionario sostuvo que finalmente se decidió construir 40 viviendas en estas comunidades, y que el convenio indica que el Ministerio de Desarrollo Social se encarga de enviar los insumos, mientras que la Municipalidad se debe hacer cargo del resto.

Aclaró que las chapas se dsitribuirán en tres estapas, dado que son para 14 viviendas en una primera tanda, y similar número para las dos posteriores. Se prevé enviar unas 200 chapas de zinc en esta primera etapa dado que cada vivienda necesitará entre 4 y 5 chapas.

Al igual que Díaz, afirmó que el trabajo lo harán personas de las comunidades que fueron relevadas junto con los referentes originarios para que puedan poner su fuerza de trabajo en estas construcciones.

Pedidos para el Potenciar Trabajo

Ya se cumplirá un mes de las protestas que se iniciaron con un corte en la ruta 34 entre Ballivián y Embarcación para poder ser beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Según Sánchez, el conocimiento que llegaron a tener desde la provincia de boca de los mismos manifestantes, es que algunos criollos les ofrecen tramitarles la posibilidad de ingreso, pero a cambio de que “paguen” una parte a quienes los ayudaron a ingresar al programa. Ello en tanto, hay algunas dificultades para los originarios de poder contar con las herramientas necesarias para poder realizar el trámite. 

Ante esta situación, detalló el funcionario, la ex ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, había logrado acordar con las dependencias a cargo de Emilio Pérsico un programa especial para pueblos originarios. Si bien hubo respuestas abiertas a solucionar el conflicto, indicaron que desde Nación solicitaron un tiempo prudencial para poder sortear algunas cuestiones administrativas a fin de poner en marcha la solución. Según medios de difusión de la zona, las comunidades piden el ingreso de unos mil beneficiarios a este Programa nacional.