¿Qué o cuánto tienen en común el fiscal federal Carlos Stornelli y la "Gestapo" antisindical? A juzgar por una denuncia que presentó el dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina, la respuesta podría ser: muchas cosas. El escrito del sindicalista revela que ya el 26 de noviembre de 2019 él mismo había iniciado una causa donde pedía que se investigara un armado judicial en su contra para meterlo preso, e involucraba a la exgobernadora María Eugenia Vidal, al exministro de Trabajo Marcelo Villegas, a empresarios de la construcción, a miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al expresidente Mauricio Macri. Aludía a la misma reunión en el Banco Provincia que salió a la luz en el video hallado por la actual gestión de la AFI, por el que se abrió la reciente investigación en la Justicia Federal de La Plata. Aquel expediente le había tocado a Stornelli pero fue demorando el dictamen para impulsar la pesquisa y no avanzó en nada. Por eso, Medina lo acusa de encubrimiento y le pide al juez Ernesto Kreplak que incorpore la investigación como conexa.

El video de la mesa judicial bonaerense hace tambalear la teoría de que el espionaje en la era macrista fue una cuestión de agentes cuentapropistas. Pero también viene a dejar al desnudo cómo desde los propios tribunales se apostó a la "cronoterapia" respecto de las denuncias específicas sobre el armado de acusaciones, con apoyo de actividades de inteligencia ilegal. En ese cajoneo para que actúe el tiempo (y no pase nada), algunos de los grandes invictos por ahora no sólo fueron Macri y los funcionarios políticos del gobierno de Vidal sino el procurador bonaerense Julio Conte Grand, cuyo juicio político ahora promueve el Frente de Todos en la Cámara de Diputados bonaerense. 

La denuncia original de Medina conecta directo con las imágenes tomadas por el propio aparato macrista y halladas ahora. Si alguien quería investigar hace más de dos años, algo podía llegar a encontrar. Es similar lo sucedido con las denuncias que presentó a mediados de 2020 ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, ante la Justicia y la Corte Suprema bonaerense el fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari.  

Ferrari denunció, por un lado, que la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen organizado, que lideraba el fiscal Sebastián Scalera --y que él ordenó disolver-- no podía explicar su actividad y le adjudicaba un despliegue de investigaciones preparatorias "con el fin de perseguir políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, entre otros, donde han participado funcionarios de la AFI, de manera cuanto menos irregular". Entre algunos de los ejemplos citaba el caso del juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien denunció la visita de dos hombres de la AFI, el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pasquale, extitular de Finanzas, quienes le llevaron escrita la orden con la que tenía que meter presos a Hugo y Pablo Moyano. Carzoglio se negó. Hoy está suspendido. Ferrari había hecho planteos ante el procurador Conte Grand, pero ante la falta de respuestas, lo denunció también. La Corte bonaerense mandó las actuaciones a la propia Procuración. Sólo el juez Eduardo Lázzari, quien falleció, advirtió sobre "causas armadas artificialmente". La causa penal la tuvo primero en Lomas de Zamora el juez Federico Villena, porque se consideró el tema conexo con la megacausa sobre el espionaje macrista. No tuvo movimientos y finalmente fue a parar en abril del 2021 a Comodoro Py. Ahora está a cargo Marcelo Martínez de Giorgi. 

-- ¿Qué se investigó en todo este tiempo sobre el espionaje y armado de causas con los que se vincula a Conte Grand y otros funcionarios? --preguntó Página/12 a una persona con acceso al expediente. 

-- Nada --fue la respuesta. 

Lo que es seguro, sugiere la misma fuente, es que este remanente de denuncias propicie la clásica disputa para que todo se mude a Comodoro Py.

El abogado de Medina, César Albarracín, considera que la causa madre sobre la Gestapo antisindical que tramita Kreplak, y que por ahora está enfocada en la planificación de una provocación y persecución judicial sobre el dirigente de la Uocra, "está evidentemente más avanzada, el video es una prueba contundente, y hay medidas en curso". La actuación (o no actuación) de Stornelli, dice, se debe investigar como una cuestión conexa. Además, se plantea una pregunta inquietante: ¿si la causa fuera a Comodoro Py, la tendría entonces el fiscal Stornelli? 

La denuncia original del Pata Medina describía, por ejemplo, que tres de las causas se habían iniciado con denuncias anónimas prácticamente iguales. Una de ellas incluía datos que no son de acceso público. Pedía citar al periodista Hugo Alconada Mon, quien había descripto la reunión en el Banco Provincia ya entonces, y a Marcelo Balcedo, de SOMU, quien le había advertido que el exministro Villegas le había dicho que "le bajaron la orden" de que "debía generarse el contexto para que yo fuera a prisión". Pedía investigar entonces, concretamente a Vidal, Macri, Villegas, Bullrich y agentes de la AFI. Con posterioridad señalaría a Conte Grand. "Resulta claro y evidente", dice la nueva denuncia, que Stornelli habría actuado "con el propósito deliberado de encubrir los delitos denunciados, al omitir toda actividad procesal mínimamente conducente". Habrá que ver qué hace Kreplak con ese planteo y con todo el intríngulis que se está generando alrededor de la causa. 

Allanamiento fallido

Los agentes de Gendarmería enviados por el juez Kreplak no pudieron allanar el despacho del senador Juan Pablo Allan, uno de los presentes en la mesa judicial bonaerense filmada en el Banco Provincia e imputado en la causa de la Gestapo antisindical. Allan había dado su consentimiento para que entraran a su oficina, pero la titular del Senado de la provincia lo impidió, porque los fueros no son renunciables ni personales, por lo que es una decisión del cuerpo habilitar o no el procedimiento. En rigor, hay una reunión de los jefes de bloque convocada para el 11 de enero a las 14 para discutir este asunto puntual. Para una orden de allanamiento, está claro que es una eternidad. También con demora, el juzgado finalmente accedió por exhorto, a través de un juzgado de Campana, al celular y otros dispositivos de Darío Biorci, exjefe de gabinete de la AFI, y otro de los investigados.

El bloque de senadores del Frente de Todos informó que se "autoconvocó" para el martes que viene para tratar el pedido de acceso al despacho de Allan y que "en todo momento cumplió con los requerimientos del magistrado".

Además, el juez decidió rechazar el pedido para ser querellante del titular de Suteba, Roberto Baradel, quien hizo una presentación describiendo los ataques contra los docentes y las amenazas que sufrieron él y su familia. Lo que sucede es que por el momento el objeto de la investigación está centrado en la seccional La Plata de la Uocra y lo que le sucedió al dirigente Juan Pablo "Pata" Medina, denunciado 15 días después de la reunión en el Bapro, donde el exministro Marcelo Villegas, junto con los hombres de la AFI y otros exfuncionarios, explicó cómo harían para generar acusaciones. Incluso repartió un instructivo a los empresarios de la construcción presentes para que supieran cómo generar planteos ante el Ministerio de Trabajo y luego propiciar denuncias penales por extorsión o coacción. Medina fue detenido tres meses después de aquel 15 de junio de 2017.

Otra presentación que analiza Kreplak, para lo cual aguarda el dictamen de la fiscal Ana Russo, es la de Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli, quien entregó los audios atribuidos al subcomisario Hernán Casassa, que participó en allanamientos a ambos y otros dirigentes. En la grabación se describe con lujo de detalles la mesa judicial, y se menciona específicamente al Area de Asuntos internos de la policía bonaerense, al exministro Cristian Ritondo, a María Eugenia Vidal y al procurador Julio Conte Grand. Kreplak, hasta ahora, abrió un expediente aparte con esta denuncia, que de todos modos podría ser conexa. También hay un planteo pendiente de un dirigente de la Uocra de Bahía Blanca.

Esta misma semana el juzgado podría resolver el planteo de recusación que hizo el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stefano que anunció que intentará llevar la causa a Comodoro Py.